Mientras aparecen mas carteles contra Milei en la UNLPam: las partidas del presupuesto 2026 siguen sin aparecer

Nuevos afiches muestran al Presidente con una correa. El enlace al presupuesto 2025 ofrece una resolución sin montos ni partidas.

En la entrada, los carteles están a la vista. En el portal de Transparencia Activa, conocer el presupuesto detallado requiere bastante más que seguir el enlace que promete mostrarlo. La UNLPam vuelve a quedar bajo la lupa tras una nueva fotografía de afiches contra Javier Milei en el acceso a su sede céntrica, frente a la plaza San Martín de Santa Rosa.

La imagen enviada muestra dos copias de un montaje que representa al Presidente en cuatro patas y sujeto con una correa. Los afiches están pegados sobre el revestimiento lateral de una escalera, debajo de la baranda, en un espacio de circulación.

Entre ambos aparece otro cartel que pregunta: “¿Cómo hacemos para estudiar con $30 mil al mes?”, acompañado por un pedido de recomposición de las becas Progresar. El reclamo económico comparte así el espacio con una imagen concebida para ridiculizar al mandatario.

Mientras esos mensajes se exhiben en el edificio, el apartado “Presupuesto vigente 2025” del portal universitario conduce únicamente a una resolución de prórroga. El documento enlazado no incluye planillas con montos ni asignaciones por área, programa o función.

Se trata de la Resolución de Rectorado 702/2024, fechada el 30 de diciembre de 2024. Allí se establece la continuidad del presupuesto aprobado por la Resolución 136/2023 del Consejo Superior, con sus modificaciones y normas complementarias, y se instruye a la Secretaría Económico Administrativa a realizar las adecuaciones correspondientes. Pero esas cifras y adecuaciones no están detalladas en el documento ofrecido como acceso al presupuesto 2025.

Una resolución que dispone una prórroga no reemplaza la publicación de las partidas presupuestarias. El ciudadano necesita conocer cuánto dinero se asignó, a qué áreas y con qué modificaciones. Remitirlo a otras normas, sin presentar allí ese detalle, deja sin resolver la consulta central.

La obligación está expresamente contemplada en el artículo 32, inciso e, de la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública. La norma exige publicar las asignaciones por área, programa o función, sus modificaciones durante el ejercicio y la ejecución actualizada trimestralmente, con el máximo detalle con que se procese. También establece que la información debe difundirse de forma completa, actualizada y en formatos abiertos.

El portal contiene documentos de años anteriores y dos enlaces a estados de ejecución, identificados como devengado al 30 de junio y al 31 de agosto, sin indicar el año en sus títulos. Al momento de esta revisión, tampoco presenta una sección identificada con el presupuesto y la ejecución trimestral de 2026. La existencia de archivos históricos no resuelve la necesidad de acceder a información actual y claramente organizada.

La nueva fotografía se suma a los carteles mostrados el 24 de octubre, cuando un estudiante cuestionó la presencia de afiches políticos en aulas de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas. En aquella oportunidad, las imágenes incluían las palabras “ESTAFA”, “CHOREO” y “HAMBRE”.

El material recibido ahora no identifica quién colocó los nuevos afiches, cuándo lo hizo ni si tuvo autorización. Por eso, no corresponde atribuir su autoría a las autoridades universitarias. La publicación clara y actualizada de las cuentas institucionales, en cambio, sí es una responsabilidad de gestión.

Sostenemos que una universidad pública debe garantizar la convivencia entre quienes tienen posiciones políticas diferentes y permitir que la sociedad examine cómo administra sus recursos. Criticar al Presidente forma parte de la libertad de expresión. Pedir cuentas a la universidad también.

El contraste resulta difícil de ignorar: una caricatura política puede verse al pasar por la escalera; las partidas del presupuesto anunciado en el portal no aparecen en el documento que debería permitir consultarlas.

La universidad pública pertenece a todos. Sus cuentas también tienen que estar a la vista.