La Matanza, 8,02 homicidios cada 100.000 habitantes: LLA pide patrullaje federal

El bloque de diputados bonaerenses de La Libertad Avanza pidió formalmente que el gobierno de Axel Kicillof le solicite a la Nación el despliegue de fuerzas federales en los distritos más golpeados por el delito. Se apoyan en dos artículos de la Ley de Seguridad Interior y en estadísticas del Ministerio Público bonaerense. Es un reclamo de legisladores: no hay operativo resuelto ni respuesta conocida del gobernador.

Los diputados bonaerenses de La Libertad Avanza le pusieron nombre y número a su reclamo de seguridad: quieren fuerzas federales patrullando las zonas de la provincia de Buenos Aires donde el delito está peor. El pedido es formal y está dirigido al Poder Ejecutivo que encabeza Axel Kicillof, según publicó El Día de La Plata.

El mecanismo no es una ocurrencia. Los legisladores se amparan en los artículos 23 y 24 de la Ley Nacional de Seguridad Interior, la 24.059, que contemplan el envío de efectivos federales cuando circunstancias extraordinarias o de extrema gravedad ponen en riesgo bienes esenciales de la población.

Ahí está la clave institucional del planteo: la ley ya prevé el auxilio, pero quien tiene que pedirlo es la provincia. Por eso el bloque exhorta al Ejecutivo bonaerense a requerirlo de manera urgente al Ministerio de Seguridad de la Nación, hoy conducido por Alejandra Monteoliva.

El bloque tampoco corre a la Provincia de su responsabilidad. La subraya.

“La responsabilidad en materia de seguridad corresponde al Gobierno provincial; no puede relativizarse ni diluirse cuando amplias zonas atraviesan niveles críticos de violencia y criminalidad. El Poder Ejecutivo debe utilizar todas las herramientas disponibles para proteger la vida, la libertad y la propiedad de los ciudadanos”, argumentaron los legisladores en el texto que reprodujo El Día de La Plata.

Para sostener la urgencia, la bancada se apoyó en estadísticas oficiales del Ministerio Público bonaerense. El dato que ordena todo el planteo es el de La Matanza, el distrito que conduce el intendente Fernando Espinoza: una tasa de 8,02 homicidios dolosos cada 100.000 habitantes, la más alta de toda la provincia.

El contraste con el resto del mapa bonaerense, según esas mismas cifras citadas por el bloque:

• Conurbano, La Plata y Mar del Plata: 5,2 homicidios cada 100.000 habitantes en promedio.
• Interior bonaerense: 2,6 homicidios cada 100.000 habitantes en promedio.

La tasa “cada 100.000 habitantes” es la forma estándar de comparar distritos de distinto tamaño: no mide cuántos crímenes hubo en números absolutos, sino cuántos ocurrieron en proporción a la población. Por eso permite poner en la misma escala a La Matanza y a un partido chico del interior. Con esa vara, la tasa de La Matanza más que triplica el promedio del interior bonaerense.

Queda un dato sin precisar: a qué período corresponden esas estadísticas. La atribución, en cambio, está clara. Son números del Ministerio Público bonaerense citados por el bloque libertario, no una medición propia.

Sobre esa base, los diputados reclamaron que un eventual despliegue federal concentre los patrullajes en las zonas de mayor conflictividad, en lugar de repartirse de manera uniforme por el territorio. Y marcaron el límite político del planteo: “Cuando la inseguridad escala y la capacidad de respuesta provincial resulta insuficiente, corresponde coordinar esfuerzos con el Gobierno nacional. La seguridad no puede quedar subordinada a una discusión ideológica ni a la defensa corporativa de una gestión”.

El antecedente del cruce es de principios de 2025, cuando el presidente Javier Milei y Kicillof chocaron por el crimen de Kim Gómez, la nena de 7 años asesinada en La Plata durante un robo cometido por delincuentes menores de edad. En un mensaje titulado “Baño de sangre en la Provincia y la incompetencia de Kicillof”, el Presidente le exigió la renuncia y propuso intervenir la provincia: “Dado que está admitiendo su fracaso, y si realmente le interesa el bienestar de los bonaerenses, córrase del camino (esto es, renuncie), y déjenos intervenir la provincia de Buenos Aires”. Pampa Liberal informó sobre otros episodios que tensan a la gestión bonaerense, como el rechazo legislativo al pedido de endeudamiento de Kicillof y la denuncia por la muerte de una afiliada de IOMA en Mar del Plata tras demoras en la atención.

Conviene marcar qué es esto y qué no es. Es un pedido de un bloque de legisladores provinciales. No hay despliegue de fuerzas federales resuelto, no hay intervención de la provincia en marcha y no se conoce respuesta pública de Kicillof ni del Ministerio de Seguridad nacional a este reclamo puntual. Que la decisión todavía no esté tomada no equivale a una negativa.

La cooperación federal en seguridad no necesita una ley nueva ni un gesto de buena voluntad de la Casa Rosada: está escrita en la 24.059 y se activa cuando la provincia la pide. Para el lector pampeano eso ordena una discusión que vale en cualquier distrito. Cada provincia maneja su policía y define su política de seguridad, y el auxilio nacional aparece como una herramienta disponible, no como una invasión.

El bloque lo cerró así: “Los ciudadanos tienen derecho a vivir, trabajar, circular y ejercer su libertad sin estar permanentemente expuestos al delito. Recuperar el control territorial y garantizar condiciones básicas de seguridad debe ser la prioridad. La cooperación no implica resignar competencias: implica actuar con responsabilidad”.

La herramienta existe desde hace décadas y activarla es facultad del gobernador. Esa decisión todavía no está tomada.