Escándalo en la UBA: una auditoría reveló graves fallas en el uso de fondos públicos

La AGN detectó deficiencias estructurales en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. El informe expuso problemas de planificación, control interno, contrataciones y trazabilidad en el manejo de recursos estatales.

La Auditoría General de la Nación volvió a poner bajo la lupa el manejo de fondos públicos en el sistema universitario. Un informe correspondiente al período 2024 detectó serias deficiencias administrativas, financieras y organizativas en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, una de las unidades académicas más relevantes del país.

El trabajo de control externo analizó la formulación y ejecución presupuestaria, el uso de fondos provenientes del Tesoro Nacional y los recursos obtenidos a través de convenios con terceros. El resultado fue contundente: la auditoría encontró problemas de planificación, falta de documentación suficiente, debilidades en los procesos de compras y contrataciones, y dificultades para garantizar una rendición de cuentas clara.

Al momento del período auditado, la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA estaba bajo la conducción del decano Ricardo J. M. Pahlen Acuña. Según la propia institución, Pahlen Acuña asumió originalmente como decano en 2018 y fue reelegido para un nuevo mandato correspondiente al período 2022-2026, lo que ubica a su gestión dentro del período alcanzado por las observaciones de la AGN.

Uno de los puntos más sensibles del informe es la ausencia de una estructura organizativa aprobada mediante un acto administrativo único e integral. En términos concretos, esto implica desorden institucional, superposición de funciones y falta de claridad sobre quién toma decisiones y quién debe responder por ellas.

La AGN también señaló que no todos los funcionarios del período auditado fueron designados formalmente. Este dato no es menor: sin responsables claramente identificados, la rendición de cuentas se vuelve débil, difusa y difícil de controlar. En cualquier institución que administra dinero público, esa falta de trazabilidad es una señal de alarma.

Por eso, las observaciones de la AGN no quedan flotando en una abstracción burocrática. Apuntan a una facultad concreta, con autoridades concretas y con una conducción institucional vigente durante el período auditado. La rendición de cuentas no puede diluirse en el nombre genérico de “la universidad”: cuando se administran fondos públicos, debe quedar claro quién decide, quién controla y quién responde.

El informe también marcó problemas en materia de planificación estratégica. La facultad no habría contado con metodologías claras para definir objetivos, medir resultados y evaluar el uso de los recursos. Dicho de otra manera: se ejecutan fondos, pero no siempre queda claro bajo qué criterios, con qué metas y con qué mecanismos de evaluación.

Otro foco de preocupación aparece en los recursos provenientes de convenios de asistencia técnica. Según la auditoría, se detectaron inconsistencias en la programación y ejecución de esos fondos, además de documentación insuficiente para verificar con precisión su utilización. En un contexto donde las universidades reclaman más presupuesto, este tipo de observaciones obliga a discutir no solo cuánto dinero reciben, sino también cómo lo administran.

Las compras y contrataciones fueron otro capítulo crítico. La AGN detectó falta de manuales de procedimientos adecuados, expedientes incompletos, ausencia de información sobre tipo de cambio en operaciones en moneda extranjera y diferencias entre gastos planificados y gastos finalmente ejecutados. También advirtió procesos poco transparentes que dificultan la competencia entre oferentes.

El problema de fondo no es menor. La universidad pública se financia con recursos de los contribuyentes. Por eso, defender la educación no puede significar blindar a las instituciones frente al control. Al contrario: cuanto más importante es una institución pública, más altos deben ser sus estándares de transparencia, eficiencia y responsabilidad.

Durante años, buena parte del debate universitario se redujo a una consigna: más presupuesto. Pero una auditoría de este tipo muestra que esa discusión está incompleta. El Estado puede asignar más fondos, pero si no existen controles internos sólidos, planificación seria y procedimientos transparentes, el problema no se resuelve: se agranda.

La autonomía universitaria no puede ser confundida con ausencia de control. Las universidades nacionales deben tener libertad académica, pero también deben rendir cuentas por cada peso que reciben del Estado. La plata pública no pertenece a las autoridades universitarias, ni a los centros de estudiantes, ni a las estructuras políticas que orbitan alrededor del sistema. Pertenece a los argentinos que la financian con impuestos.

La AGN recomendó ordenar la estructura organizativa, implementar sistemas de planificación estratégica, regularizar los procesos de compras y contrataciones, y mejorar la publicación de información institucional. Son medidas básicas para cualquier organismo que maneja recursos públicos. Que una facultad de la UBA necesite recibir estas observaciones expone la magnitud del problema.

El caso reabre una discusión incómoda pero necesaria: la universidad pública no puede exigir confianza ciega. Tiene que demostrar gestión, transparencia y resultados. La educación es valiosa, pero precisamente por eso no debe estar capturada por la opacidad administrativa ni por estructuras que rechazan el control cada vez que alguien les pide explicaciones.

En tiempos de ajuste, déficit fiscal y presión tributaria sobre el sector privado, cada peso del Estado debe ser justificado. La discusión no es universidad sí o universidad no. La discusión real es si la Argentina está dispuesta a seguir financiando instituciones públicas sin exigirles estándares mínimos de administración.

La auditoría sobre la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA deja una conclusión clara: no hay educación pública seria sin control público serio. Y quienes se oponen a rendir cuentas no están defendiendo la universidad. Están defendiendo privilegios dentro de ella.