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Martín Balsa, diputado provincial que impulsa el plan de viviendas para alquiler
La Pampa · 3 min

¿Solidaridad o populismo? El plan de Balsa para ALQUILAR viviendas que se financia con el IVA de tu comida

Por Redacción Pampa Liberal

El legislador del Frejupa plantea usar el 2% del presupuesto municipal de General Pico para construir viviendas de alquiler estatal, una medida financiada con impuestos como el IVA.

El diputado provincial Martín Balsa, representante del Frente Justicialista Pampeano (Frejupa), presentó una propuesta que busca destinar el 2% del presupuesto anual del municipio de General Pico a la construcción de viviendas para alquiler. Según sus declaraciones, el objetivo es “dar respuesta a la creciente demanda habitacional de sectores que no pueden acceder a créditos ni a la compra de terrenos”. La iniciativa se enmarca en una lógica de intervención estatal directa, con fondos públicos como motor de solución estructural.

Pero detrás de la aparente sensibilidad social, la propuesta de Balsa revela una contradicción profunda: ¿por qué debe el Estado municipal asumir el rol de constructor y arrendador, en lugar de facilitar que el mercado lo haga? ¿Por qué no se promueven incentivos a desarrolladores privados, reducción de trabas burocráticas o exenciones fiscales que permitan dinamizar el sector inmobiliario sin cargar al contribuyente? El 2% del presupuesto municipal no es una cifra menor, y menos aún en un contexto de alta presión fiscal y caída del poder adquisitivo. Lo que Balsa no dice es que ese dinero proviene, en gran parte, de impuestos regresivos como el IVA, que castigan especialmente a los sectores más vulnerables cada vez que compran alimentos o productos básicos.

La propuesta tampoco detalla cuántas viviendas se construirían, qué tipo de gestión se aplicaría ni cómo se garantizaría la transparencia del proceso. En General Pico, el presupuesto municipal ronda los 12.000 millones de pesos anuales, lo que implicaría una asignación de unos 240 millones para este plan. Si se estima un costo promedio de 15 millones por vivienda construida y equipada, el resultado sería apenas 11 o 12 unidades por año. ¿Es esa una solución estructural o apenas un gesto simbólico que refuerza la dependencia estatal? En otras provincias, planes similares han terminado en obras inconclusas, clientelismo político o alquileres que no cubren ni el mantenimiento. Mientras tanto, el mercado sigue atado por regulaciones que desalientan la inversión y encarecen los costos.

La vivienda es un derecho, sí. Pero también es una oportunidad para repensar el rol del Estado. En lugar de construir con plata ajena, ¿por qué no liberar el suelo fiscal, facilitar créditos privados, permitir el desarrollo de cooperativas autogestionadas o fomentar el alquiler con opción a compra desde el sector privado? El liberalismo no propone abandonar a los más vulnerables, sino empoderarlos: menos impuestos, más oportunidades, menos burocracia, más libertad. La propuesta de Balsa, aunque bien intencionada, perpetúa un modelo agotado, donde el Estado se convierte en dueño, juez y parte, y el ciudadano queda atrapado en la espera eterna de soluciones que nunca llegan.

Es hora de cambiar el enfoque. De dejar de financiar paternalismo con el IVA de la leche y el pan. De apostar por un país donde el Estado no construya viviendas, sino condiciones para que cada persona pueda elegir, crecer y prosperar. Porque la verdadera justicia social no se impone desde arriba: se construye desde la libertad.

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