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Oficinas de la Defensa Pública en La Pampa
La Pampa · 4 min

Colapso en la Defensa Pública: La Pampa abre oficinas nuevas sin plata para sostenerlas

Por Redacción Pampa Liberal

Los propios defensores oficiales de La Pampa salieron a respaldar por escrito el reclamo de un gremio judicial: dicen que trabajan en “colapso operativo y desgaste extremo”. La denuncia expone un patrón que en Pampa Liberal venimos marcando: el Estado provincial inaugura dependencias, corta la cinta, y después no manda la plata para que funcionen.

Si alguna vez necesitaste un defensor oficial porque no podías pagar un abogado particular, esto te importa directamente.

La Asociación de Defensores, Defensoras y Asesoras y Asesores Públicos de La Pampa acaba de respaldar, con nombre y firma, el reclamo que el Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJ) viene haciendo hace tiempo. Lo hizo a través de un comunicado firmado por su presidente, Walter Vaccaro, según reprodujo infopico.com.

El diagnóstico, sin vueltas: las dependencias civiles y penales de la Defensa Pública funcionan, palabras textuales, en “colapso operativo y desgaste extremo”.

El mecanismo que denuncian es conocido en la política pampeana: se anuncia una oficina nueva, se corta la cinta, y la plata para que funcione nunca llega completa.

En otras palabras: más juzgados y defensorías → mismo personal y mismos recursos → causas que se acumulan sin control.

La asociación lo pone en blanco sobre negro: “La creación de nuevas dependencias sin la correspondiente asignación presupuestaria no hace más que profundizar la precarización. Esta práctica desprotege tanto a los usuarios del servicio como a los equipos de trabajo, que deben absorber un volumen creciente de causas y de demandas humanas complejas sin los recursos humanos mínimos indispensables”.

Se multiplican las oficinas en el papel. No los abogados, los peritos ni los administrativos que las hacen funcionar.

El comunicado no habla de una circunscripción aislada. Menciona directamente a General Pico, Santa Rosa y General Acha como los puntos donde esa sobrecarga golpea con más fuerza.

¿Y quién paga esa cuenta? Doble.

La paga el trabajador judicial, que según describe la propia asociación ve afectada su salud psicofísica por una exigencia diaria sostenida en el tiempo.

Hace poco, en Pampa Liberal contamos el acuerdo que prometía transformar las condiciones laborales del sector judicial en la provincia. Este comunicado muestra que la letra chica no alcanzó.

Y la paga, sobre todo, la familia pampeana que no tiene otra opción que la Defensa Pública: la que no puede afrontar un abogado privado y depende de que ese sistema funcione para acceder a la justicia.

Ahí está el punto central del reclamo: “Garantizar la salud y las condiciones de trabajo dignas para quienes integramos la Defensa Pública es condición indispensable para garantizar el derecho humano fundamental de acceso a la justicia de toda la ciudadanía pampeana”, cierra el comunicado.

Una aclaración necesaria: esto no es una auditoría ni un informe con cifras de causas o vacantes. Es un comunicado institucional que respalda un reclamo sindical. No hay, hasta acá, denuncia de fondos desviados ni de manejo irregular del presupuesto judicial. El problema que describen los propios defensores es otro, y no es menor: la falta de planificación entre abrir oficinas y financiarlas.

Tampoco es un problema nuevo ni exclusivo de esta gestión. En Pampa Liberal ya encontramos ese mismo patrón en otras áreas del Estado pampeano: anunciar sin financiar. Pasó con las cooperativas eléctricas que acumulan deudas millonarias con APE, aunque ahí la escala y el problema de fondo son distintos.

¿Quién debería responder esto? En la estructura del Poder Judicial pampeano, es el Superior Tribunal de Justicia quien administra el presupuesto, y la Legislatura provincial la que aprueba esas partidas cada año. Ninguno de los dos salió, hasta el momento, a explicar cómo piensa resolver el desfase entre las oficinas que se abren y los recursos que se giran.

Lo mínimo que correspondería ahora: que el Superior Tribunal publique cuántas dependencias se crearon en los últimos años y con qué presupuesto real las acompañó. Que la Legislatura explique por qué aprueba estructuras nuevas sin la partida que las sostenga.

Y ahí queda la pregunta que en Pampa Liberal no vamos a dejar de hacer: ¿de qué sirve inaugurar una defensoría si no le ponés la plata para que atienda a la gente que la necesita?

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