Procesan a Alberto Fernández por favorecer negocios privados desde la Casa Rosada
El mandatario quedó procesado sin prisión preventiva pero con un embargo de 14.634.220.283 de pesos, por favorecer a Nación Seguros y designar a allegados en cargos clave durante su gestión.
El procesamiento de Alberto Fernández por el delito de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública” marca un punto de inflexión en la política argentina. El juez federal Sebastián Casanello dictó la medida sin prisión preventiva, pero con un embargo multimillonario de $14.634.220.283, en el marco de la causa conocida como “Seguros”.
La acusación se centra en el decreto 823/2021, que obligó a todos los organismos del Estado a contratar exclusivamente con Nación Seguros, y en la designación de María Cantero, esposa del empresario Héctor Martínez Sosa, como secretaria privada del entonces presidente.
Según el fallo judicial, Fernández habría creado un entorno propicio para beneficiar a su círculo íntimo. La evidencia incluye chats, registros telefónicos, visitas privadas a Olivos, entrega de obsequios y flujos de dinero, que revelan una relación que excedía lo laboral.
Martínez Sosa, junto a sus “satélites”, cobró $2.297.820.134 en comisiones entre 2019 y 2023, lo que representa casi el 60% del total abonado por Nación Seguros. Su empresa acumuló contratos con 19 organismos públicos, incluyendo ministerios, Vialidad Nacional, Casa de la Moneda y la Corte Suprema.
El informe de PROCELAC, de 662 páginas, fue clave para el avance de la causa. Reveló que Fernández facturó $4.257.000 a la empresa de Martínez Sosa entre 2010 y 2019, por supuestos informes políticos y económicos. La última factura fue emitida cuatro días antes de asumir la presidencia. Aunque Fernández alegó que se trataba de una relación profesional legítima, el juez consideró que existía una “comunidad de intereses económicos” que nunca fue cortada al asumir el cargo público.
El decreto 823, lejos de racionalizar el gasto estatal, centralizó el negocio de los seguros en una empresa estatal y habilitó un sistema de intermediación que favoreció a brókers privados con vínculos directos con el entorno presidencial. La resolución judicial describe una “estructura criminal” orientada al direccionamiento de contratos, con reparto de pólizas, uso de cooperativas como pantalla financiera y participación de empresas coaseguradoras seleccionadas a dedo.
Fernández, en su defensa, denunció persecución política y afirmó que el decreto buscaba “evitar la cartelización” del sector. Sin embargo, los hechos revelan que la concentración del poder sin controles efectivos derivó en beneficios privados a costa del Estado. La designación de Cantero, en un cargo de extrema sensibilidad, generó un “riesgo objetivo” que nunca fue mitigado. Su rol como secretaria presidencial y contratista del Estado la colocó “de ambos lados del mostrador”.