¿Política de Estado o capricho personal? El gobernador pampeano relanza su plan deportivo millonario

Sergio Ziliotto lo vuelve a hacer. En pleno acto relanzado desde Anguil, el gobernador pampeano anunció una inversión proyectada de $5.000 millones de pesos para el desarrollo integral del deporte y el fortalecimiento de los clubes provinciales en 2026. Lo presentó como una “política de Estado”, mientras se rodeaba de más de 100 instituciones deportivas, acompañantes de trayectoria y funcionarios claves como la intendenta Daniela Fernández; el secretario de Deportes, Ceferino Almudevar; el titular de Obras Públicas, Matías Toso; y la secretaria de Energía, Verónica Campo.

Este plan no es nuevo. Ziliotto lo inició en 2020 con un presupuesto modesto de $73 millones, pero lo transformó en una maquinaria de subsidios progresivos que hoy se disparan casi 7.000% hacia adelante. Según sus propias palabras, ya se han invertido $2.100 millones en más de 122 clubes, 77 instalaciones iluminadas con energía eficiente en 36 localidades, y una “efectividad del 98%” en instituciones con documentación al día. Los cuatro ejes que vertebran el programa incluyen: infraestructura, iluminación LED, apoyo a competencias nacionales y subsidios en equipamiento técnico-deportivo.

Lo que no se dice en los discursos oficiales —pero sí en los murmullos ciudadanos— es que el dinero no cae del cielo. Cada peso invertido proviene de los bolsillos de los pampeanos, que enfrentan una carga tributaria asfixiante, mientras la provincia prioriza proyectos que no están exentos de tinte personal. ¿Qué rol cumplen realmente los clubes en la gestión provincial? ¿Están al servicio de la ciudadanía o de la narrativa política del gobernador?

La falta de debate público y la concentración de decisiones en torno al deporte invitan a repensar el enfoque. La inversión en clubes podría ser legítima si estuviera enmarcada en una estrategia de desarrollo integral, con indicadores reales de impacto social, económico y educativo. Pero cuando se convierte en una expansión presupuestaria constante, sin auditoría ciudadana ni criterios de eficiencia, deja de ser política pública y empieza a parecer un hobby costoso.

Esto evidencia el riesgo de asignar funciones paternalistas al Estado. La pasión deportiva, valiosa en sí misma, no debe convertirse en excusa para distribuir fondos sin racionalidad, ni para alimentar plataformas personales que compiten con las necesidades urgentes de salud, seguridad, infraestructura y empleo. El liberalismo, lejos de ser indiferente al tejido social, propone un marco de libertad responsable, donde los clubes puedan crecer con autonomía, con apoyo estratégico pero sin subsidio permanente.

Al final del día, gobernar no debería ser financiar pasatiempos con impuestos. Debería ser garantizar que cada ciudadano tenga margen para elegir, crear y prosperar sin depender de estructuras verticales que deciden qué proyecto merece financiación y cuál no.