Control a medias: Ziliotto responde por el bebé de Rancul y le pone límites a Diputados

El Poder Ejecutivo provincial contestó el pedido de informes que la Legislatura había hecho por el caso de adopción del bebé de Rancul. Pero junto con las respuestas, le dejó a la Cámara de Diputados un manual de instrucciones sobre qué puede preguntar y qué no. En Pampa Liberal creemos que el control legislativo no se negocia: se ejerce.

Cuando un gobernador le contesta a la Legislatura, lo lógico sería pensar que ahí termina el asunto. En La Pampa no fue tan simple.

El caso del bebé de Rancul, una adopción que despertó consultas en la Cámara de Diputados, tuvo esta semana respuesta oficial. El Poder Ejecutivo provincial envió el informe solicitado, según publicó La Arena el 29 de septiembre. Pero junto con las respuestas, mandó también una advertencia.

El recorrido fue así: Diputados pidió informes → el Ejecutivo contestó → y de paso le dictó a Diputados cómo tiene que pedir la próxima vez.

En otras palabras: Ziliotto respondió, pero al mismo tiempo le dibujó el perímetro a quien tiene la obligación constitucional de controlarlo.

La respuesta se formalizó por nota del gobernador Sergio Ziliotto a la presidenta de la Cámara, Alicia Mayoral. Incluyó un informe anexo elaborado por tres ministerios: Desarrollo Social y DDHH, Seguridad y Justicia, y Salud. Hasta ahí, cumplimiento.

El problema aparece en la letra chica.

El Ejecutivo le pide a la Cámara que, de ahora en más, precise e individualice las actuaciones administrativas y las piezas concretas que quiere consultar, relacionadas punto por punto con cada requerimiento. El argumento: esa precisión evita pedidos “genéricos o indeterminados”.

Además, le pide a Diputados que se abstenga de reclamar documentación cuyo contenido implique revisar el mérito, acierto o conveniencia de decisiones judiciales. Todo lo que sea de naturaleza judicial, dice la nota, hay que pedírselo al Poder Judicial, dentro de los límites que marca el artículo 5° de la resolución que regula el tema.

Para sostener el planteo, el Ejecutivo invoca el interés superior del niño y el deber de reserva sobre la familia adoptante. Nadie discute esos principios acá. El problema es que sirven, de paso, para achicar el margen de maniobra de quien tiene que fiscalizarlo.

Que quede claro: el Ejecutivo no se negó a responder. Mandó un informe con la firma de tres ministerios. Pero una cosa es contestar y otra es aceptar el control sin condiciones. Ziliotto hizo las dos cosas al mismo tiempo.

Esto no pasa en el vacío partidario. El PJ pampeano atraviesa meses de interna dura entre el vernismo y el ziliotismo por el manejo del aparato, con cruces públicos como el de Verna acusando a Ferrán de responder más al kirchnerismo que a La Pampa. La nota no aclara a qué sector responde Alicia Mayoral ni cómo se reparten hoy las bancas. Pero en un peronismo que se pelea puertas adentro, cada gesto de fuerza del gobernador hacia la Legislatura también es un mensaje para los propios.

¿Qué debería pasar ahora? Lo mínimo:

• Que la Cámara diga públicamente si el informe le alcanza o no.
• Que se conozca, al menos en sus líneas generales, qué contestaron los tres ministerios.
• Que Diputados explique si va a aceptar el límite que le puso el Ejecutivo o si lo va a discutir.

Vale la pena recordar algo que en Pampa Liberal venimos marcando: cada diputado pampeano le cuesta a la Provincia $752 millones al año. Si los pagamos para que controlen, que controlen.

El control legislativo no es un favor que el gobernador reparte cuando le conviene. Es una obligación que pagamos todos los meses con nuestros impuestos. ¿Va a aceptar Diputados que le digan cómo preguntar?