Perón, la universidad y el control ideológico que el kirchnerismo oculta

Hay una frase que el kirchnerismo repite cada vez que se discute el sistema universitario argentino: “defender la universidad pública”. La usan como escudo, como consigna moral y como certificado automático de superioridad política. Pero el problema empieza cuando uno abre el archivo.

Porque el mismo movimiento que hoy se envuelve en la bandera de la autonomía universitaria tiene un antecedente histórico bastante incómodo: durante el primer peronismo, el poder político avanzó sobre las universidades, modificó su régimen institucional, condicionó su gobierno interno y redujo la autonomía a una fórmula formal, cuidadosamente controlada desde arriba.

No lo dice un editorial liberal. Lo dicen las leyes.

La Ley 13.031, conocida como Ley Guardo, fue sancionada el 26 de septiembre de 1947 y publicada en el Boletín Oficial el 4 de noviembre de 1947. Su resumen oficial la presenta como un “nuevo régimen universitario” y figura vinculada al marco de la reforma universitaria y el Plan Quinquenal. Esa norma fue luego derogada por la Ley 14.297 de 1954.

El dato central es el siguiente: bajo ese régimen, el rector de la universidad no surgía libremente de la comunidad universitaria, sino que era designado por el Poder Ejecutivo. La compilación de legislación universitaria publicada por CONEAU cita el artículo correspondiente de la Ley 13.031: “El rector será designado por el Poder Ejecutivo y durará tres años en funciones”.

Ahí se termina buena parte del verso.

Porque autonomía universitaria no significa simplemente que una universidad tenga edificios, profesores, carreras y presupuesto. Autonomía significa que la universidad pueda gobernarse a sí misma, definir sus autoridades, ordenar su vida académica y preservar la libertad intelectual frente al poder de turno. Cuando el Presidente designa rectores, la autonomía deja de ser autonomía y pasa a ser administración delegada.

El kirchnerismo quiere vender la historia como si el peronismo hubiera sido siempre el guardián natural de la universidad pública. Pero el archivo muestra otra cosa: el peronismo entendió muy rápido que la universidad era un territorio de poder. Y cuando un movimiento político cree que todo territorio social debe ser ocupado, alineado o domesticado, la universidad deja de ser un espacio de pensamiento libre y se convierte en un aparato más de la construcción política.

La trampa es conocida: primero se invoca “el pueblo”, después se acusa a la institución de estar alejada del pueblo, luego se interviene en nombre del pueblo, y finalmente el partido queda hablando por el pueblo.

Eso no es democratizar. Es colonizar.

La autonomía de papel

La Ley Guardo no eliminaba la palabra autonomía del discurso. Ese detalle es importante. El peronismo rara vez destruye una institución diciendo “vamos a destruirla”. Lo hace de una manera más inteligente: conserva los nombres, cambia los mecanismos y captura el funcionamiento real.

La universidad podía conservar una autonomía “técnica”, “docente” o “científica”, pero el corazón político del gobierno universitario quedaba sometido a la decisión del Ejecutivo. Y cuando el Ejecutivo decide quién conduce, también decide el clima interno, la línea de mando y los márgenes permitidos de disidencia.

Un trabajo académico publicado por CONEAU sobre los cien años de la Reforma Universitaria resume el punto sin demasiado maquillaje: la Ley 13.031 limitaba la autonomía frente al Poder Ejecutivo, eliminaba el cogobierno y restringía la participación estudiantil en los órganos de gobierno universitario.

Esto es clave para entender la hipocresía contemporánea.

Hoy, cuando el gobierno de Javier Milei plantea auditorías, control del gasto o discusión presupuestaria, el kirchnerismo grita “ataque a la universidad”. Pero cuando Perón puso el dedo del Ejecutivo sobre el gobierno universitario, eso fue presentado como “orden”, “función social”, “nación”, “pueblo” o “justicia social”.

El doble estándar es brutal.

Si un liberal pide saber cómo se gastan los fondos públicos, es “autoritarismo”.
Si Perón nombraba rectores desde el poder político, era “proyecto nacional”.
Si Milei pide eficiencia, es “odio a la educación”.
Si el peronismo disciplinaba universidades, era “democratización”.

La palabra cambia según quién manda. Esa es la estafa intelectual.

La universidad como territorio político

Para el peronismo, la universidad no podía ser un espacio autónomo porque ningún espacio debía quedar verdaderamente fuera del proyecto. La lógica era orgánica, vertical, estatal. La Nación tenía una doctrina, el Estado debía expresarla y las instituciones debían acompañar.

Ese es el punto que el kirchnerismo evita discutir.

La discusión no es si Perón hizo cosas populares en educación. Las hizo. La gratuidad universitaria, por ejemplo, fue establecida mediante el Decreto 29.337 de 1949, publicado en el Boletín Oficial el 1 de diciembre de 1949, con la suspensión del cobro de aranceles universitarios.

Eso debe reconocerse.

Pero reconocer la gratuidad no obliga a comprar el paquete completo del relato peronista. Una cosa es abrir el acceso económico a la universidad. Otra muy distinta es subordinar institucionalmente la universidad al poder político.

Y ahí está la operación histórica: el peronismo muestra la gratuidad como si eso borrara todo lo demás. Como si una buena medida alcanzara para tapar el disciplinamiento. Como si ampliar el acceso justificara controlar la conducción. Como si llenar las aulas permitiera domesticar las cátedras.

No. No funciona así.

Una universidad puede ser gratuita y al mismo tiempo estar políticamente condicionada. Puede tener más alumnos y menos libertad. Puede hablar de pueblo y funcionar como aparato. Puede declararse nacional y terminar siendo partidaria.

Esa es la parte que el kirchnerismo oculta.

La Ley Guardo: el mecanismo detrás del relato

El nombre técnico es Ley 13.031. El nombre político es Ley Guardo. El efecto concreto fue poner a las universidades bajo un régimen mucho más dependiente del poder central.

La norma fue el primer gran marco universitario del peronismo. Reemplazó el esquema anterior y redefinió el gobierno universitario en clave estatal. Y el punto más sensible fue la conducción: rector designado por el Poder Ejecutivo, participación estudiantil reducida y autonomía acotada.

No hacía falta cerrar universidades para controlarlas. Bastaba con rediseñar sus reglas internas.

Ese es el método más sofisticado del poder: no destruir el edificio, sino capturar la llave.

La universidad podía seguir funcionando, dando clases, formando profesionales y produciendo investigaciones. Pero el mensaje político era claro: el poder nacional no iba a tolerar una universidad reformista, liberal, socialista, radical o simplemente independiente que funcionara como foco de resistencia cultural.

Para el primer peronismo, la universidad era sospechosa porque no había nacido peronista. Era un espacio con tradición reformista, con vida estudiantil intensa, con profesores opositores y con una cultura política que no encajaba fácilmente en la verticalidad del movimiento.

Entonces había que “reencauzarla”.

Esa palabra, en política argentina, suele ser peligrosa. Casi siempre significa que alguien desde arriba decide cuál es el cauce correcto y quién debe ser removido para que el agua corra en la dirección deseada.

La persecución no siempre necesita uniforme

La Derecha Diario señala que durante las primeras presidencias de Perón hubo persecución, cesantías y desplazamiento de docentes opositores, en el marco de una política orientada a consolidar control político sobre universidades y escuelas. También sostiene que numerosos maestros y profesores fueron denunciados, sumariados o despedidos por no alinearse con el peronismo o por sostener posiciones críticas.

Este punto exige precisión. No todo conflicto universitario de la época puede explicarse como “persecución ideológica” en sentido simple. La Argentina venía de décadas de golpes, intervenciones, radicalización estudiantil, tensiones entre reformismo, nacionalismo católico, liberalismo, socialismo y peronismo. El sistema universitario no era un monasterio neutral.

Pero justamente por eso, el dato institucional importa más.

Cuando el poder político concentra la designación de autoridades, el riesgo de persecución deja de depender de la buena o mala voluntad individual. Queda escrito en el diseño. Si la carrera académica, la autoridad universitaria y el clima institucional dependen del Ejecutivo, la libertad intelectual se vuelve frágil.

El miedo no siempre entra pateando puertas. A veces entra por expediente.
No siempre censura con un decreto explícito. A veces alcanza con una designación.
No siempre expulsa a todos. A veces expulsa a algunos y disciplina al resto.

Ese es el tipo de control que los populismos entienden muy bien.

La Ley Perón de 1954: más centralización, no menos

En 1954, el propio peronismo reemplazó la Ley Guardo por la Ley 14.297, publicada en el Boletín Oficial el 18 de enero de 1954. El resumen oficial indica que aprobaba el régimen de las universidades, su misión, organización, gobierno, facultades, profesores, estudiantes, consejo y presupuesto, y que derogaba la Ley 13.031.

¿Y qué hizo esa nueva ley con la autonomía real? No la liberó. La mantuvo bajo control.

La Ley 14.297 establecía que el gobierno de cada universidad sería ejercido por un rector y un Consejo Universitario. Pero su artículo 9 volvía a dejar una marca clarísima: el rector sería designado por el Poder Ejecutivo y duraría tres años en funciones.

O sea: el peronismo cambió la ley, pero no cambió el nervio del sistema. El poder político seguía arriba.

Esto es fundamental porque rompe otra fantasía: la idea de que el primer régimen universitario peronista fue apenas una transición, una corrección inicial o un episodio aislado. No. En 1954, con Perón ya consolidado en el poder, el esquema de designación desde el Ejecutivo seguía presente.

La autonomía seguía siendo una autonomía vigilada.

Y una autonomía vigilada no es autonomía. Es permiso.

La contradicción actual: usan la Reforma Universitaria contra quienes no piensan como ellos

El kirchnerismo suele invocar la Reforma Universitaria de 1918 como si fuera parte natural de su árbol genealógico. Habla de autonomía, cogobierno, estudiantes, universidad pública y libertad académica. Pero históricamente, el primer peronismo tuvo una relación áspera con esa tradición reformista.

No por casualidad, la discusión universitaria siempre fue mucho más que administrativa. Era cultural. La Reforma del 18 había instalado una idea potente: la universidad no debía ser feudo clerical, oligárquico ni burocrático. Debía tener vida propia, participación estudiantil, renovación docente y libertad intelectual.

El peronismo, en cambio, miraba esa autonomía con desconfianza cuando no podía conducirla. Para un movimiento verticalista, una universidad autónoma es un problema: piensa sola, discute sola, se organiza sola y puede convertirse en oposición.

Por eso la domesticación de la universidad fue presentada como “nacionalización” de la cultura. Lo que en realidad significaba: menos independencia institucional y más alineamiento político.

Hoy el kirchnerismo hace algo parecido, pero desde otro lugar. Ya no necesita que el Presidente designe rectores. Le alcanza con una red de gremios, agrupaciones, cajas, cargos, centros estudiantiles, carreras colonizadas ideológicamente y una narrativa emocional que convierte cualquier pedido de rendición de cuentas en una agresión “neoliberal”.

El método cambió. La lógica de fondo no tanto.

Autonomía no es impunidad

Acá hay que marcar una línea porque el debate actual está lleno de trampas.

La autonomía universitaria es un principio valioso. De hecho, la Constitución Nacional reconoce que las leyes deben garantizar los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal, además de la autonomía y autarquía de las universidades nacionales.

Además, la Ley de Educación Superior 24.521 establece que las instituciones universitarias tendrán autonomía académica e institucional, incluyendo atribuciones como dictar y reformar estatutos, definir órganos de gobierno, establecer funciones y elegir autoridades según sus estatutos y la ley.

Pero autonomía no significa que nadie pueda preguntar nada. No significa caja negra. No significa que los recursos públicos entren sin control. No significa que una universidad pueda invocar su historia para quedar por encima de toda auditoría.

Este es el punto que el kirchnerismo manipula.

Autonomía académica: sí.
Libertad de cátedra: sí.
Autogobierno universitario: sí.
Independencia frente al poder político: sí.
Impunidad presupuestaria: no.
Partidización financiada con plata pública: no.
Uso de la universidad como escudo corporativo: no.

La universidad debe ser libre frente al gobierno. Pero también debe ser transparente frente a la sociedad que la financia.

Y esa distinción es la que la izquierda y el kirchnerismo borran a propósito. Porque si aceptan esa diferencia, se les cae el negocio discursivo.

El kirchnerismo no defiende la autonomía: defiende su influencia

La gran mentira actual es que el kirchnerismo defiende “la universidad” como institución universal. En realidad, defiende el control cultural y político que logró construir dentro de muchas estructuras universitarias.

No le molesta la intervención política en la universidad. Le molesta perder el monopolio de esa intervención.

No le molesta que haya militancia. Le molesta que aparezcan ideas liberales.
No le molesta que haya bajada de línea. Le molesta que alguien cuestione su bajada de línea.
No le molesta que el Estado financie. Le molesta que el Estado audite.
No le molesta que la universidad tenga poder. Le molesta que ese poder deje de responderle.

Por eso la apelación a la autonomía suele ser selectiva. Cuando la universidad funciona como base territorial de la izquierda o del peronismo, se la llama “comunidad organizada”. Cuando alguien pide revisar gastos, contratos, fondos, cargos o resultados, gritan “ataque a la educación”.

Es una defensa corporativa disfrazada de épica pública.

Y ahí vuelve Perón como espejo incómodo. Porque el origen del movimiento muestra una verdad que el kirchnerismo intenta esconder: para el peronismo, la universidad nunca fue sagrada por ser autónoma. Fue valiosa en la medida en que podía ser incorporada al proyecto político.

La gratuidad como coartada moral

El argumento peronista típico es rápido: “Perón hizo gratuita la universidad”. Correcto. Pero incompleto.

La gratuidad fue una medida importante. Sería intelectualmente deshonesto negarlo. Permitió ampliar el acceso y se convirtió en una bandera poderosa de movilidad social. Pero una medida de apertura económica no absuelve automáticamente una política de control institucional.

El peronismo quiere que la gratuidad funcione como estampita. La muestra y pretende cerrar toda discusión. Pero la historia no se analiza con estampitas. Se analiza con instituciones, incentivos y poder.

Y el poder, en el caso universitario, quedó demasiado cerca del Ejecutivo.

La pregunta honesta no es si Perón hizo algo valioso por el acceso universitario. La pregunta honesta es otra: ¿a cambio de qué modelo de universidad?

Porque una universidad gratuita puede ser libre o puede ser disciplinada. Puede formar ciudadanos críticos o cuadros dóciles. Puede abrir oportunidades o convertirse en usina de propaganda. La gratuidad define quién puede entrar. La autonomía define si adentro se puede pensar sin pedir permiso.

Perón amplió una puerta, sí. Pero también quiso controlar la casa.

El archivo mata el relato

El kirchnerismo construyó una versión infantil de la historia: ellos serían siempre los defensores del pueblo, de la educación, de la ciencia, de la universidad y de la democracia. Sus adversarios serían siempre enemigos de esos valores.

Pero el archivo es menos obediente que los militantes.

El archivo muestra que el peronismo sancionó un régimen universitario donde el Poder Ejecutivo designaba rectores. Muestra que la autonomía universitaria fue limitada. Muestra que la participación estudiantil fue restringida. Muestra que el Estado peronista buscó reordenar la universidad bajo una lógica política. Muestra que la gratuidad convivió con el control.

Ese es el punto que incomoda.

Porque no permite el relato limpio. No permite el cuento de buenos y malos. No permite que el kirchnerismo se presente como heredero natural de la Reforma Universitaria sin hacerse cargo de que el primer peronismo chocó con buena parte de esa tradición.

Y sobre todo, no permite que usen la autonomía universitaria como garrote contra Milei sin que alguien les recuerde la historia de su propio movimiento.

Milei, auditorías y el falso pánico universitario

El debate actual no es si el Presidente debe nombrar rectores. Nadie está planteando eso. El debate actual es si las universidades que reciben fondos públicos pueden ser auditadas, evaluadas y sometidas a criterios básicos de transparencia.

Y ahí aparece el teatro.

Cada vez que se plantea control del gasto, el aparato universitario politizado responde como si estuvieran entrando tanques a las facultades. Cada pedido de rendición de cuentas se transforma en “ataque a la educación pública”. Cada crítica al uso partidario de la universidad se presenta como “odio a los estudiantes”.

Es una sobreactuación calculada.

Porque si la discusión fuera realmente autonomía, tendrían que condenar con la misma energía el antecedente peronista. Tendrían que decir que la Ley Guardo fue un retroceso. Tendrían que admitir que la designación de rectores por el Ejecutivo es incompatible con una universidad libre. Tendrían que reconocer que Perón no fue simplemente el padre de la gratuidad, sino también el jefe político de un esquema universitario centralizado.

Pero no lo hacen.

Prefieren una historia recortada, cómoda, militante. Una historia donde solo aparece el Perón que les sirve y desaparece el Perón que los contradice.

La universidad que necesita una Argentina libre

Desde una mirada liberal, la universidad pública no debe ser destruida ni convertida en botín de ningún gobierno. Debe ser defendida de dos amenazas al mismo tiempo: del poder político que quiere manejarla desde afuera y de las corporaciones internas que quieren manejarla desde adentro sin rendir cuentas.

La autonomía universitaria es sana cuando protege la libertad académica. Se vuelve corrupta cuando se usa para blindar privilegios, cajas, cargos, militancia rentada o estructuras opacas.

El problema argentino no es solo que el Estado se meta donde no debe. También es que muchas corporaciones aprendieron a vivir del Estado mientras se declaran independientes del Estado. Quieren fondos públicos sin control público. Quieren presupuesto sin resultados. Quieren épica sin auditoría.

Eso no es autonomía. Es feudalismo subsidiado.

Una universidad seria debería poder responder preguntas simples:

¿Cuánto recibe?
¿En qué gasta?
¿Cuántos cargos tiene?
Qué resultados obtiene?
Cuánto cuesta cada estructura?
Qué porcentaje va a docencia, investigación, extensión, administración y política?
Qué mecanismos internos evitan el clientelismo académico?
Cómo se protege la libertad de cátedra frente a la presión ideológica?

Si esas preguntas molestan, el problema no es Milei. El problema es que alguien se acostumbró a no responder.

Conclusión: el peronismo no puede dar cátedra de autonomía

El kirchnerismo puede defender la universidad pública. Está en su derecho. Puede cuestionar al Gobierno, discutir presupuestos, marchar, militar y hacer oposición. Eso forma parte de la vida democrática.

Lo que no puede hacer, al menos no sin que se le recuerde el archivo, es presentarse como dueño moral de la autonomía universitaria.

Porque su propia tradición política tiene un antecedente pesado: Perón impulsó un régimen universitario donde el Poder Ejecutivo designaba rectores, la autonomía quedaba limitada y la universidad era pensada como parte de un proyecto político nacional, no como una comunidad libre frente al poder.

La gratuidad existió. El acceso se amplió. Eso es cierto. Pero también existió el control. También existió la subordinación. También existió la voluntad de alinear la universidad con una doctrina oficial.

La historia completa es más incómoda que la consigna.

Y por eso hay que contarla.

Porque cuando el kirchnerismo grita “autonomía universitaria” contra Milei, no está defendiendo una pureza histórica. Está usando una bandera que su propio movimiento pisó cuando tuvo poder suficiente para hacerlo.

El archivo mata relato.
La Ley Guardo mata relato.
La designación de rectores por el Ejecutivo mata relato.
La memoria completa mata relato.

Y tal vez por eso la ocultan tanto.