Francia: incendios y saqueos en una crisis que mezcla educación, deuda y ajuste

Las protestas estudiantiles confluyeron con el malestar por el costo de vida y derivaron en graves disturbios. Detrás aparecen servicios educativos con fallas, un reparto universitario cuestionado por los organismos de control y una deuda pública equivalente al 119% del PIB. Los reclamos merecen respuestas; destruir edificios y comercios no constituye una defensa de lo público.

Francia llegó al fin de semana del 17 y 18 de octubre atravesada por una crisis que combina educación, bolsillo y cuentas públicas. Según el balance del ministro del Interior, Laurent Nuñez, recogido por Reuters el domingo, hubo 2.400 detenciones y cerca de 1.000 policías heridos. El incendio del ayuntamiento de Limoges se convirtió en una de las imágenes de la destrucción. Emmanuel Macron pidió calma y distinguió a quienes protestaron pacíficamente de quienes participaron de los ataques.

La distinción importa para establecer responsabilidades. También para señalar una contradicción elemental: ninguna defensa de los servicios públicos justifica destruirlos. Incendiar instalaciones, saquear un comercio o impedir que otros estudien no mejora una escuela. Agrega daños y obliga a destinar recursos a reparar lo que antes funcionaba.

El conflicto comenzó en establecimientos secundarios de la región parisina y se extendió durante septiembre y octubre. Los estudiantes denunciaron falta de recursos, jornadas agotadoras y problemas en el acceso a la universidad. A comienzos de octubre, el primer ministro Sébastien Lecornu convocó una reunión de crisis y pidió a sus ministros cancelar desplazamientos para concentrarse en la situación. Los bloqueos y enfrentamientos ya habían dejado heridos y detenciones.

Las demandas educativas tienen antecedentes verificables. Un informe de la Cour des comptes, el organismo francés de control del gasto público, constató que el 9% de las horas obligatorias de enseñanza no se impartió en los colegios secundarios públicos de primer ciclo durante 2023-2024. El problema, por lo tanto, no nació con las últimas manifestaciones ni puede explicarse únicamente por el presupuesto que ahora se discute.

El Gobierno respondió en octubre con un plan para movilizar unos 3.000 docentes disponibles hacia los establecimientos con mayores necesidades. El 9 de octubre, Reuters informó que todavía permanecían cerradas 141 escuelas. Las organizaciones estudiantiles consideraron la medida una primera conquista y anunciaron que continuarían protestando.

La movilización también alcanzó a instituciones superiores de élite. Alumnos de CentraleSupélec, Sciences Po, ENS y otras escuelas se sumaron con bloqueos y actividades de apoyo. Entre sus motivos aparecieron la solidaridad con los secundarios, el rechazo a la actuación policial y la preocupación por el financiamiento y las perspectivas laborales. No todos los participantes denunciaban las mismas carencias ni tenían idénticas condiciones de estudio.

El 13 de octubre hubo una nueva jornada nacional. El Ministerio del Interior calculó 161.500 manifestantes, mientras los organizadores hablaron de 480.000. Las demandas incluían aulas masificadas, profesores ausentes, horarios y edificios deteriorados. Para entonces, los estudiantes ya convocaban a confluir con los chalecos amarillos en la movilización del sábado siguiente.

El 17 de octubre, esa confluencia amplió el conflicto. Según Associated Press, Interior contabilizó unas 550.000 personas en 110 marchas; los organizadores, alrededor de 800.000. Participaron estudiantes, sindicatos y ciudadanos movilizados por el costo de vida. Hubo saqueos y ataques en distintas ciudades. La actuación policial también quedó bajo investigación después de que un joven perdiera una mano en Saint-Étienne; el ministro no confirmó inicialmente que la lesión hubiera sido causada por una granada policial.

Investigar posibles abusos policiales y exigir responsabilidades por los saqueos son obligaciones compatibles. Ninguna habilita a omitir la otra.

Detrás de la disputa aparece una restricción que las consignas no eliminan: Francia necesita ordenar sus cuentas públicas. Según el INSEE, al cierre del segundo trimestre de 2026 la deuda alcanzó los 3,5955 billones de euros, equivalentes al 119% del producto interno bruto. Ese porcentaje compara la deuda acumulada con el valor de lo que produce la economía durante un año; no significa que toda esa deuda venza de inmediato.

El proyecto presupuestario para 2027 contempla unos 54.000 millones de euros entre ahorros de gasto e ingresos adicionales. Su objetivo es llevar el déficit al 5% del PIB, frente al 5,4% previsto para 2026. Incluso si cumple esa meta, el sector público seguiría gastando más de lo que recauda.

En ese contexto aparece la palabra default, que significa incumplir obligaciones de deuda. Pero anunciar que Francia ya está en cesación de pagos, o que inevitablemente caerá en ella, excede la evidencia disponible. El 15 de octubre, la Agencia France Trésor adjudicó 12.000 millones de euros en bonos de mediano plazo. El país conserva acceso al financiamiento.

El riesgo consiste en que déficits persistentes y mayores costos financieros vuelvan cada vez más difícil sostener la deuda. Conseguir préstamos permite cubrir necesidades actuales y refinanciar vencimientos, pero no resuelve por sí solo el desequilibrio. Cuanto más presupuesto exige el servicio de la deuda, menor es el margen para otras prioridades, salvo que aumenten los ingresos o se reduzcan otros gastos.

La educación forma parte de esa discusión, aunque su financiamiento no funciona como una única transferencia que cada escuela administra libremente. En el sistema público, el Estado nacional se ocupa principalmente de la enseñanza y del personal docente. Los municipios tienen responsabilidades sobre edificios y funcionamiento material de las escuelas iniciales y primarias; los departamentos, sobre los *collèges*, y las regiones, sobre los *lycées*, las dos etapas de la secundaria francesa. Esa distribución obliga a identificar quién es responsable de cada falla.

Las universidades tienen otro esquema. Su principal ingreso es la subvención estatal para prestar el servicio público. Según una inspección oficial publicada en 2026, esa transferencia representaba el 76% de sus recursos en 2023. Los aranceles de inscripción aportaban el 2,7%. El financiamiento universitario, además, sostiene actividades de investigación: no todo su presupuesto corresponde a clases o ayudas estudiantiles.

Hay recursos que benefician efectivamente a los estudiantes. Financiar docentes, instalaciones y servicios es una forma de hacerlo. También existen becas que se depositan directamente en la cuenta del alumno, además de residencias, comedores y asistencia gestionados por los Crous. Confundir el presupuesto institucional con una ayuda que debería entregarse íntegramente en efectivo llevaría a una conclusión equivocada.

Eso no vuelve intocable la administración del dinero. En febrero de 2026, la Cour des comptes cuestionó el sistema tradicional de reparto universitario: subvenciones construidas sobre bases históricas, escasa vinculación con objetivos y resultados, y falta de claridad y transparencia en la determinación de los recursos. Es una crítica concreta al mecanismo de asignación. No demuestra, por sí misma, que exista un desvío generalizado de fondos.

El Gobierno está introduciendo contratos de objetivos, medios y desempeño para modificar esa relación. El ministerio anunció un nuevo marco con indicadores nacionales y locales, cuya aplicación se extenderá al conjunto de los establecimientos desde 2027. El resultado deberá medirse: anunciar una reforma administrativa no prueba que el problema haya quedado resuelto.

La exigencia de control también alcanza al sector privado financiado con recursos públicos. En un informe de 2023, la Cour des comptes advirtió que los controles previstos sobre establecimientos privados bajo contrato con el Estado se ejercían poco o directamente no se realizaban. El criterio debe ser el mismo para todos: quien recibe dinero público tiene que responder por su uso.

Tampoco corresponde atribuir cualquier dificultad financiera a corrupción o despilfarro. La auditoría de la Universidad de Évry documentó que, entre 2019 y 2024, sus gastos de personal crecieron más que la subvención estatal. También identificó medidas salariales nacionales compensadas parcialmente. Una institución puede recibir más euros y disponer de menos margen después de cubrir sus obligaciones.

Francia destinó 199.200 millones de euros al conjunto de su sistema educativo en 2025, incluyendo aportes públicos y privados. Descontado el efecto de los precios, el aumento frente a 2024 fue apenas del 0,1%. El volumen global no permite concluir que cada escuela esté suficientemente financiada, pero tampoco reemplaza la evaluación de cómo se distribuye y qué servicio produce.

Ahí está el conflicto de fondo: alumnos que necesitan clases, instituciones con problemas de gestión y financiamiento, contribuyentes que sostienen el sistema y un Estado con escaso margen presupuestario. Resolverlo exige discutir prioridades, revisar gastos, corregir asignaciones y explicar cómo se pagará cada compromiso.

La política del “más flan” ofrece una salida mucho más cómoda: prometer prestaciones, eludir sus costos y convertir cualquier límite en una agresión. Pero una promesa no paga un salario, una consigna no reemplaza a un profesor y un incendio no mejora un servicio.

Defender lo público exige cuidar lo que se financia entre todos y exigir resultados a quienes lo administran. Quienes destruyen edificios y saquean comercios deben responder por sus actos. Ninguna bandera educativa convierte esa destrucción en un derecho.