Otro golpe judicial al kirchnerismo bonaerense: elevan a juicio a Jorge D’Onofrio

El exministro de Transporte de Axel Kicillof deberá enfrentar un juicio oral por presunto lavado de activos agravado. La causa gira alrededor de la compra de un Audi Q8, declarado por $30 millones pero asegurado por $173,8 millones. También será juzgado Facundo Asensio, exfuncionario vinculado a la VTV bonaerense.

La Justicia federal volvió a poner bajo la lupa al armado bonaerense de Axel Kicillof. El Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, resolvió elevar a juicio oral la causa contra Jorge Alberto D’Onofrio, exministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, y Facundo Asensio, exdirector de Fiscalización y Control de la Verificación Técnica Vehicular, por el presunto delito de lavado de activos agravado.

El expediente investiga una operación que, cuanto menos, deja demasiadas preguntas abiertas: la compra de un Audi Q8 de alta gama, registrado el 19 de octubre de 2023 a nombre de Asensio por un valor declarado de $30.000.000. Sin embargo, el seguro contratado para el vehículo fijó una cobertura de $173.800.000, una diferencia enorme que, para los investigadores, reflejaría el verdadero valor de mercado del rodado.

La sospecha central no pasa únicamente por la compra del vehículo, sino por quién lo usaba realmente y de dónde habrían salido los fondos. Aunque el Audi figuraba formalmente a nombre de Asensio, la investigación sostiene que el uso efectivo, dominio y disposición del bien corresponderían a D’Onofrio. Entre los elementos incorporados al expediente aparecen una cédula azul que habilitaba al exministro a conducirlo desde el momento de la adquisición y el Telepase registrado a su nombre.

Para la fiscalía, D’Onofrio y Asensio habrían adquirido el vehículo con fondos presuntamente originados en delitos contra la administración pública provincial. La causa se conecta, además, con otras investigaciones en el Departamento Judicial de La Plata, donde se analizan posibles maniobras de fraude, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito vinculadas a la VTV y al sistema de fotomultas bonaerense.

El caso ya había avanzado meses atrás: D’Onofrio fue procesado y embargado por $350 millones, mientras que Asensio recibió un embargo de $300 millones. El juez Charvay calificó a ambos como coautores del presunto lavado de activos de origen ilegal, con el agravante para D’Onofrio de haber ocupado un cargo público.

La defensa de Asensio intentó justificar el origen del dinero mediante un contrato de mutuo firmado con la empresa Los Altos de Don Carlos Emprendimiento Inmobiliario S.A., integrada por sus padres. Según esa versión, los $30 millones provenían de la venta de un inmueble y debían ser devueltos antes del 31 de diciembre de 2023. Pero para la Justicia, esa explicación no alcanzó para cerrar las dudas sobre la operación ni sobre el presunto origen de los fondos.

Las defensas también habían pedido el sobreseimiento y el rechazo de la elevación a juicio. En el caso de D’Onofrio, argumentaron que no estaba probado el delito precedente y señalaron que una de las causas provinciales había sido archivada por falta de pruebas. Asensio, por su parte, sostuvo que la imputación se basaba principalmente en que el auto estaba registrado a su nombre y negó conocer un presunto origen ilícito del dinero.

El juzgado rechazó esos planteos y consideró que la instrucción estaba completa para avanzar hacia el debate oral. Ahora será un tribunal el que deberá determinar si los acusados son penalmente responsables o no. Hasta entonces, corresponde hablar de acusaciones y presuntos delitos, pero políticamente el golpe ya está dado: otro exfuncionario del esquema bonaerense kirchnerista termina sentado frente a la Justicia.

El caso vuelve a dejar expuesta una postal repetida de la política argentina: funcionarios que administran áreas sensibles, estructuras estatales opacas, negocios millonarios alrededor de sistemas obligatorios y bienes de lujo difíciles de explicar. Mientras al ciudadano común le exigen papeles, impuestos, multas, trámites y verificaciones para circular, en los escritorios del poder aparecen Audi Q8, embargos millonarios y expedientes por lavado.

La provincia de Buenos Aires necesita menos relato y más explicaciones. Porque cuando el Estado se mete en todo, regula todo, controla todo y factura por todo, también se vuelve más tentador para la política convertir cada obligación ciudadana en una caja. Y cuando esa caja termina judicializada, el discurso de la “gestión popular” empieza a sonar bastante distinto.

No hay condena todavía. Hay juicio oral. Pero el dato político es contundente: un exministro de Kicillof deberá dar explicaciones ante la Justicia por una causa de presunto lavado de activos agravado.