Milei activa la motosierra: los 21 organismos que el kirchnerismo infló sin control

El Gobierno nacional oficializó, a través del Boletín Oficial N° 35.702, la disolución, transformación y fusión de 21 organismos estatales, dando continuidad al ambicioso proceso de reestructuración administrativa que impulsa el presidente Javier Milei. Con el objetivo declarado de reducir el déficit fiscal y modernizar el aparato estatal, esta medida impacta en múltiples áreas clave: salud, transporte, agroindustria, industria y seguridad vial.

Los organismos disueltos incluyen:

• La Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial,
• La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV),
• La Dirección Nacional de Vialidad,
• El Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional,
• El Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP),
• Las Delegaciones Sanitarias Federales,
• La Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y Cannabis Medicinal (ARICCAME),
• El Instituto Nacional de la Agricultura Familiar,
• Campesina e Indígena (INAFCI),
• El Instituto Nacional de Semillas (INASE),
• La Comisión Nacional de Semillas,
• El Instituto Nacional de Medicina Tropical,
• El Instituto Nacional de Prevención de Enfermedades Cardiovasculares y
• Los hospitales que operaban bajo la figura SAMIC.

Otros entes experimentarán transformaciones funcionales. Por ejemplo:

• La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) se convertirá en la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte;
• La Junta de Seguridad en el Transporte se enfocará exclusivamente en la investigación de accidentes aéreos; y
• Los Hospitales Nacionales, junto al INAREPS, serán integrados bajo la nueva Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES).

Asimismo, organismos como el INV, INTI, INTA e INPI pasarán a depender directamente de las Secretarías de Agricultura e Industria como unidades desconcentradas.

Detrás de este recorte no sólo hay un ajuste técnico, sino un diagnóstico estructural que revela décadas de expansión descontrolada del Estado. De 35.481 agentes en 2010 se pasó a 88.095 en 2024: un crecimiento que, lejos de reflejar mayor eficiencia, encubría superposición de tareas, duplicación de funciones, creación de entes sin rigor técnico y opacidad presupuestaria.

En muchos casos, los organismos operaban con escaso impacto en la vida cotidiana de los ciudadanos, pero con presupuestos significativos, bienes inmuebles sin uso, flotas vehiculares paralizadas y fondos que no se reintegraban al Tesoro.

La reforma impulsada por Milei toma como eje criterios de eficiencia, simplificación operativa y reasignación funcional. Las tareas esenciales pasarán a ministerios existentes o agencias con capacidad instalada, como ANMAT, Economía o Salud. Aquellos recursos líquidos que mantenían algunos entes sin uso operativo serán transferidos directamente al Tesoro Nacional. Los inmuebles o vehículos estatales serán gestionados por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

Este proceso, más allá de sus implicancias administrativas, representa una señal clara: el Estado ya no será un espacio de reproducción burocrática, sino un instrumento con funciones concretas y delimitadas. No se trata de eliminar por eliminar, sino de reordenar con propósito, priorizando la transparencia, la racionalidad presupuestaria y la calidad institucional.