Rivas lleva a la FIA la obra de la Ruta 18, que se rompe antes de terminarse

La diputada provincial del PRO Celeste Rivas pidió a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas que investigue la planificación, ejecución, certificación y control de los tramos 1 y 2 de la Ruta 18, a cargo de Vial A S.A. La obra todavía no está terminada y ya necesitó reparaciones, mientras esa misma empresa sumó en noviembre otra licitación por casi $35.000 millones en la Ruta 1.

La diputada provincial del PRO Celeste Rivas presentó una denuncia ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) para que investigue cómo se planificó, ejecutó, certificó y controló la obra de reconstrucción de la Ruta Provincial N° 18, en los tramos 1 y 2, entre la Ruta Provincial N° 1 y el kilómetro 60,500.

La obra lleva años y todavía no está terminada. Y ya se rompió.

La Provincia repartió los trabajos entre dos empresas, en licitaciones adjudicadas entre 2021 y 2022. Vial A S.A. se quedó con los tramos 1 y 2. El tramo 3, que va del km 60,500 hasta la Ruta Nacional N° 35, quedó en manos de la firma Burgwardt.

Según información de la Dirección Provincial de Vialidad de noviembre de 2025, citada por Rivas, el tramo que construye Burgwardt alcanzaba un avance del 100 %. Los tramos a cargo de Vial A S.A., en cambio, llegaban al 85 % y al 86 %.

La diferencia no es solo de porcentajes. Entre 2025 y 2026, los tramos 1 y 2 necesitaron sucesivas reparaciones por roturas y deformaciones que aparecieron antes de que la obra estuviera terminada. Hoy hay nuevos deterioros, incluso en sectores que ya habían sido reparados.

Rivas remarca que las diferencias entre esos tramos y el tramo 3 son visibles a simple vista.

Ante las consultas de la legisladora, desde Vialidad Provincial habrían atribuido el deterioro al aumento del tránsito pesado con destino a Vaca Muerta. Rivas cuestiona esa explicación: los tres tramos reciben el mismo flujo vehicular, pero las fallas se concentran en los sectores que construye Vial A S.A.

“Estamos hablando de una obra pública financiada con recursos de todos los pampeanos. Si una ruta comienza a mostrar este nivel de deterioro antes de ser culminada, corresponde determinar qué ocurrió, si se ejecutó correctamente y si el Estado realizó los controles pertinentes”, planteó Rivas, según consignó El Diario de La Pampa.

El historial de la empresa no termina ahí. En noviembre de 2025, Vial A S.A. resultó adjudicataria de una nueva obra: trabajos de refuerzo y reparación en la Ruta Provincial N° 1, por $34.996.434.140. Antes de esa adjudicación, Rivas ya había presentado una nota ante Vialidad Provincial para pedir que la comisión de preadjudicación evaluara los antecedentes de desempeño de las empresas contratistas.

La secuencia es la que la diputada lleva ahora a la FIA: una empresa certifica avances en una ruta que se rompe antes de terminarse, y meses después esa misma empresa se gana otra licitación millonaria.

Rivas fue cuidadosa en los términos de su presentación. “Los argumentos que recibimos hasta ahora resultan insuficientes para justificar el estado de la Ruta N° 18. No estamos adelantando conclusiones ni imputando la comisión de delitos, sino solicitando que un organismo de control investigue, determine qué ocurrió y eventualmente deslinde responsabilidades. Los pampeanos tienen derecho a saber cómo se ejecutaron y controlaron obras de esta magnitud”, concluyó.

No hay, por ahora, una causa penal ni una sanción contra Vial A S.A. ni contra ningún funcionario de Vialidad Provincial. Lo que existe es un pedido formal para que la FIA revise el expediente completo: cómo se planificó la obra, cómo se certificaron los avances y qué controles se aplicaron antes de volver a contratar al mismo proveedor.

Tampoco hay, en el material disponible, una respuesta de Vialidad Provincial ni de Vial A S.A. a los cuestionamientos de Rivas más allá de la explicación sobre el tránsito pesado.

El caso vuelve a poner en discusión un problema conocido en la obra pública pampeana: la plata de los pampeanos se compromete en contratos millonarios, pero el control de lo que efectivamente se construye queda, muchas veces, librado a la palabra del propio Estado que adjudicó la obra. Ya aparecía con los consorcios camineros y con el traspaso de rutas tras el fin de Vialidad Nacional: cada vez que el Estado delega o terceriza el mantenimiento vial, la pregunta es la misma. ¿Quién controla al que construye, y qué pasa cuando los números de avance no se condicen con lo que se ve en el asfalto?

Por ahora, esa pregunta quedó en manos de la FIA.