Mientras la Justicia investiga a Tapia, Kicillof le entrega una caja millonaria del Estado

Mientras la Justicia federal avanza sobre el entramado financiero que rodea a Claudio “Chiqui” Tapia por presunto lavado de dinero y uso de testaferros, el gobierno de Axel Kicillof decidió entregarle a la AFA el control de uno de los activos más importantes del Estado bonaerense: el Estadio Único de La Plata. La decisión no es menor ni neutra. Implica ceder administración, manejo y caja en un momento en el que el presidente del fútbol argentino está bajo la lupa judicial más intensa de los últimos años.

El acuerdo firmado establece que la Asociación del Fútbol Argentino se hará cargo de la gestión integral del estadio, desplazando por completo a la Provincia y disolviendo la Fundación Estadio Único, un organismo que cumplía funciones de control y que se financiaba con recursos del bingo platense destinados a obras y mantenimiento. Desde ahora, todo el flujo operativo y económico quedará concentrado en manos de la AFA.

Formalmente, la Provincia percibiría un canon anual de 1.000 millones de pesos y el 30% de la recaudación neta de eventos no deportivos. Sin embargo, el propio convenio habilita que esos pagos sean “compensados” con obras de infraestructura incluidas en un masterplan presentado por la AFA. En los hechos, esto convierte al canon en una cifra virtual, sujeta a interpretaciones, certificaciones internas y compensaciones que diluyen el ingreso efectivo al Estado.

El trasfondo judicial vuelve el gesto político aún más grave. En simultáneo con la firma del acuerdo, el juez federal Daniel Rafecas ordenó allanamientos y la tasación de una mansión de alto valor en Pilar, señalada como presunta propiedad de testaferros vinculados a Tapia y a su principal operador, Pablo Toviggino. En el predio se encontraron más de 50 vehículos de alta gama, instalaciones de lujo, haras, pista para equinos y bienes suntuarios difíciles de explicar para sociedades registradas a nombre de monotributistas y jubilados.

La causa, impulsada por la Coalición Cívica, investiga una compleja red societaria que incluiría empresas pantalla, transferencias cruzadas y ocultamiento patrimonial. La Justicia ya dispuso inhibiciones de bienes, levantamiento del secreto fiscal y prohibiciones de salida del país. Lejos de tratarse de rumores, se trata de medidas judiciales concretas, en curso y documentadas.

En ese contexto, la decisión del gobernador de Buenos Aires no puede leerse como un acto administrativo aislado. Kicillof no sólo evita cualquier señal de prudencia institucional, sino que opta por fortalecer políticamente a Tapia, entregándole una estructura estatal con enorme potencial económico y simbólico. El mensaje es claro: mientras los jueces investigan, el poder político acompaña.

El Estadio Único no es solo un espacio deportivo. Es una plataforma de negocios, espectáculos, contratos, sponsors y manejo de fondos. Ceder su control absoluto a una dirigencia bajo sospecha equivale a retirar al Estado del rol de contralor y dejar la caja en manos de quienes hoy deberían estar rindiendo explicaciones.

Así, la provincia de Buenos Aires vuelve a exhibir una lógica conocida: el Estado como botín, la política como escudo y la impunidad como sistema. Mientras la Justicia intenta reconstruir la ruta del dinero, Kicillof parece haber elegido otro camino: garantizar poder, recursos y protección a uno de los hombres más cuestionados del fútbol argentino.