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Denuncia por la muerte de una afiliada de IOMA tras demoras en la atención médica
Nacionales · 5 min

Mar del Plata: una afiliada de IOMA muere tras demoras; denuncian al gobierno de Kicillof

Por Redacción Pampa Liberal

Una afiliada de IOMA murió en Mar del Plata tras presuntas demoras y fallas en su atención, y su familia denunció a la obra social y al gobierno provincial de Axel Kicillof porque sostienen que la burocracia y la falta de respuesta efectiva incidieron en el desenlace. El caso, divulgado por el portal Derecha Diario y ya presentado ante la Justicia según los denunciantes, se enfoca en obstáculos para autorizar prácticas y concretar derivaciones a tiempo. La identidad de la paciente y los datos clínicos precisos no fueron difundidos oficialmente.

De acuerdo con la presentación, el itinerario incluyó tiempos de espera para autorizaciones, dificultades para conseguir cama y dudas sobre la disponibilidad de guardias, lo que habría forzado traslados tardíos y un circuito de ventanillas que nunca cerró. No hay peritaje independiente publicado ni cronología oficial de los hechos, por lo que los señalamientos, por ahora, describen responsabilidad política y administrativa más que una imputación penal concreta. La fiscalía de turno deberá asegurar historias clínicas, registros de ambulancias, comunicaciones, turneras y constancias de guardias para reconstruir cada minuto crítico.

IOMA es la obra social de la Provincia de Buenos Aires, depende del Poder Ejecutivo bonaerense y administra la cobertura de salud de más de dos millones de afiliados, en su mayoría trabajadores estatales y sus familias. Su obligación es garantizar una red de prestadores, protocolos de derivación y mecanismos de autorización que no conviertan la cobertura en una carrera de obstáculos. Cuando esa red se tensa, el tiempo se vuelve un insumo clínico: cada hora perdida empeora pronósticos y agrava responsabilidades.

Ese entramado arrastra un problema estructural que prestadores, cámaras y colegios profesionales repiten desde hace años: IOMA mantiene deudas millonarias por prácticas, internaciones y medicamentos de alto costo, y eso erosiona la disponibilidad, recorta guardias, alienta rescisión de convenios y deja a los pacientes atrapados entre la tarjeta y el mostrador. La provincia lo discute proveedor por proveedor, pero el efecto es sistémico porque impacta de inmediato en la puerta de clínicas y sanatorios. En Mar del Plata ya se registraron episodios de tensión con coberturas frenadas, demoras en pagos y prestaciones restringidas, un cóctel que cualquier saturación estacional empeora.

La familia de la paciente, acompañada por asesoramiento legal según se informó, pide investigación judicial, auditoría médica independiente y un paquete de medidas correctivas que ordene el circuito de autorizaciones y derivaciones con tiempos máximos verificables. Reclaman una auditoría externa sobre contratos, deudas y flujos de pago a prestadores, además de controles sobre el cumplimiento de guardias y planteles. Exigen, también, instancias de escalamiento obligatorias para traslados críticos, una central 24/7 de camas y una mesa local de crisis que involucre al hospital HIGA, clínicas privadas y el propio IOMA para decisiones en minutos y no en días.

Qué se sabe y qué no es el eje inmediato. Se sabe que hay una presentación, que la muerte ocurrió en Mar del Plata y que el foco está puesto en demoras y cobertura. Falta conocer el diagnóstico de ingreso, la indicación terapéutica, la necesidad de UTI o quirófano, la hora exacta de cada llamado, la disponibilidad real de camas y si existieron rechazos formales de prestadores. Con esos datos, los peritos podrán responder la pregunta que ordena todo: qué parte del daño es atribuible a la patología y qué parte es atribuible al tiempo perdido por el sistema.

Al cierre de esta nota no había un parte público detallado de IOMA ni del Ministerio de Salud bonaerense que aporte cronología, auditoría de actuación y medidas inmediatas. Una respuesta a la altura exige publicar la línea de tiempo con fuentes documentales, abrir un sumario administrativo, contactar a la familia para garantizar acceso al expediente y fijar un canal de seguimiento con plazos y responsables. El silencio, en cambio, convalida la sospecha de un Estado que llega tarde y paga después, cuando el resultado ya es irreversible.

El contexto marplatense suma presión porque la ciudad combina alta demanda, temporadas con picos de turismo, tensiones históricas en guardias y una fuga de especialistas hacia la atención privada. Prestadores locales sostienen que los aranceles reconocidos por IOMA no cubren costos actualizados, las autorizaciones digitales demoran y los pagos llegan fuera de término, y eso explica cupos acotados y rechazos de prácticas que después se traducen en peregrinajes familiares. El usuario oye que su cobertura está al día, pero en el mostrador le piden esperar la “validación”, y la validación tarda más que el paciente.

En términos de poder, el caso erosiona a la administración de Kicillof porque instala la idea de una cadena de responsabilidades que arranca en la burocracia y termina en la guardia. Ganan aire los críticos del esquema de cobertura, los que piden auditorías externas y protocolos con reloj en mano. El gobierno puede mitigar el costo si comunica con transparencia, ordena pagos, muestra controles independientes y despliega acciones concretas que mejoren la experiencia real del afiliado, no su folleto.

Hay medidas posibles y medibles: cronograma de cancelación de deuda con veeduría externa, garantía de tiempos máximos para autorizaciones críticas, tablero público de ocupación de camas y derivaciones, sanciones efectivas a prestadores que incumplan guardias y compromisos contractuales, y sanciones simétricas a IOMA por demoras de pago que provoquen cortes de servicio. Un convenio puente con redes privadas locales para emergencias de alta complejidad y una línea 24/7 única de derivaciones reducirían la improvisación. La Muerte de afiliada de IOMA en Mar del Plata exige esa seriedad: o se investiga con luz y taquígrafos y se corrige lo que se tenga que corregir, o se sumará a la lista de dolores que el Estado anota tarde y nunca explica.

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