El IPAV debería ser el corazón de la política habitacional de La Pampa.
Debería ser el organismo que convierte recursos públicos en viviendas reales, con eficiencia, transparencia y planificación.
Pero el Presupuesto 2026 revela algo muy distinto: una estructura gigantesca en dinero, mínima en resultados y completamente opaca ante la ciudadanía.
Durante 2025, el Gobierno provincial entregó cerca de 350 viviendas, un número que puede parecer aceptable… hasta que se cruza con los datos presupuestarios reales del IPAV. Porque según el análisis consolidado del proyecto 2026, el organismo administra —entre fondos provinciales, recupero FONAVI, programas nacionales, obras por terceros e infraestructura— entre 45.000 y 50.000 millones de pesos.
Con ese nivel de recursos, y tomando como referencia los costos actualizados de viviendas sociales (entre 35 y 50 millones por unidad), surge una pregunta inevitable:
¿Por qué un presupuesto capaz de financiar entre 900 y 1.500 viviendas produce apenas 350?
El Gobierno no ofrece respuestas.
El IPAV no ofrece respuestas.
El presupuesto tampoco.
Lo que sí muestra el presupuesto es un organismo convertido en una caja multimillonaria sin metas, sin indicadores y sin rendición pública.
No existe un solo cuadro que diga cuántas viviendas se construyeron en 2024 o 2025, cuántas están en ejecución, cuántas se proyectan para el año que viene o cuál es el costo unitario promedio por casa.
Nada.
Cero.
Un agujero negro administrativo financiado por el bolsillo de los pampeanos.
Tampoco hay detalle de adjudicaciones, licitaciones, empresas, costos por obra o resultados de los programas nacionales como “Casa Propia”, ENHOSA o “Mejor Barrio”, que suman más de 15.000 millones.
Ni siquiera hay trazabilidad sobre los casi 16.400 millones de recupero FONAVI: un flujo gigantesco que debería ser el motor principal de nuevas viviendas, pero cuya ejecución real el Estado provincial decide ocultar.
Mientras tanto, aparecen rubros extremadamente riesgosos como “Obras por terceros”, con más de 2.000 millones sin desagregar ni justificar.
No es una exageración:
el IPAV se ha transformado en la mayor caja opaca del Estado provincial.
Porque si un organismo que maneja 50.000 millones no publica:
- cuántas casas construye,
- a qué costo,
- en qué localidades,
- con qué empresas,
- bajo qué contratos,
- con qué criterios,
entonces no estamos ante un problema de gestión.
Estamos ante un problema de transparencia estructural, el tipo de oscuridad donde históricamente germinan el clientelismo, el amiguismo, los sobreprecios y la discrecionalidad política.
La Pampa merece algo mejor que un organismo que funciona como caja de obra pública sin control ciudadano.
Y las familias que esperan su casa propia —durante años, en algunos casos décadas— merecen que cada peso invertido tenga un destino verificable, no que se pierda en una maraña de partidas nebulosas y obras sin nombre.
El IPAV podría construir muchas más viviendas de las que entrega.
Podría mostrar sus números.
Podría transparentar su gestión.
Pero no lo hace.
Y ese silencio, en un organismo que administra niveles millonarios de fondos públicos, no es casualidad: es un síntoma.
El misterio del IPAV no es técnico.
Es político.
Y mientras ese misterio siga sin explicarse, las familias pampeanas seguirán recibiendo migajas de un presupuesto gigante que debería estar al servicio de todos, no de unos pocos.
