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fichas de dominó cayendo, como metáfora de la corrupción política
La Pampa · 3 min

Giudici va por todo: el plan para que ningún político corrupto vuelva a zafar

Por Redacción Pampa Liberal

El proyecto busca sumar los delitos contra la administración pública, como el cohecho y la malversación de fondos, a la lista de causas que ya impiden el indulto, junto a los crímenes de lesa humanidad.

En medio de un clima político cargado de tensiones y reclamos por mayor transparencia, la diputada nacional Silvana Giudici (UCR-PRO) presentó un proyecto de ley que busca cerrar una puerta que, hasta ahora, seguía abierta: la posibilidad de que el Presidente de la Nación indulte o reduzca las penas a funcionarios condenados por corrupción. En palabras simples, la iniciativa propone que quienes hayan sido encontrados culpables de robar, malversar fondos públicos o enriquecerse desde el Estado no puedan recibir perdón presidencial, sin importar el gobierno de turno.

Actualmente, la ley argentina ya impide el indulto para delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Lo que plantea Giudici es sumar a esa lista los delitos contra la administración pública, como el abuso de autoridad, el cohecho, la malversación de fondos y el enriquecimiento ilícito. El objetivo es claro: que ningún político condenado por corrupción pueda “zafar” con un indulto presidencial, ni ahora ni en el futuro.

“El objetivo es ratificar que en la Argentina nunca más los funcionarios podrán cometer actos de corrupción sin ser condenados y que la pena que reciban deberá ser totalmente cumplida”, afirmó Giudici al presentar el proyecto.

La diputada fundamentó su propuesta en el artículo 36 de la Constitución Nacional, que considera los atentados contra el orden democrático como delitos imprescriptibles y no indultables. Para Giudici, la corrupción estructural también es una forma de traición a la patria, porque destruye la confianza pública y debilita las bases de la democracia.

El proyecto fue presentado apenas horas después de que la Corte Suprema ratificara la condena a prisión domiciliaria de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por administración fraudulenta en la causa Vialidad. Aunque Giudici aclaró que su iniciativa no apunta a una persona en particular, el contexto político es ineludible. “Lo que pretendemos es evitar que, por decisiones políticas futuras, puedan resultar anulados fallos judiciales con condena firme contra quienes hayan cometido graves actos de corrupción contra el Estado”, explicó.

La propuesta cuenta con el respaldo de varios legisladores del PRO, entre ellos Sofía Brambilla, Sabrina Ajmechet, Martín Ardohain, María Eugenia Vidal, Florencia De Sensi, María Sotolano, Germana Figueroa Casas y Gerardo Milman. Todos coinciden en que es hora de cerrar definitivamente la puerta a la impunidad institucional. “No hay democracia fuerte con corrupción impune”, sentenció Giudici.

En su articulado, el proyecto modifica la Ley 27.156 para establecer que “no podrán ser objeto de amnistía, indulto o conmutación de pena, bajo sanción de nulidad absoluta e insanable del acto que lo disponga, las penas o procesos penales sobre los delitos cometidos contra la Administración Pública y aquellos relacionados con hechos de corrupción”. Es decir, si un presidente intentara indultar a un funcionario condenado por corrupción, ese acto sería automáticamente inválido.

“Este proyecto excluye del instituto del indulto presidencial a quienes hayan sido condenados por delitos graves contra la administración pública, como abuso de autoridad, malversación de fondos, enriquecimiento ilícito y otras formas de corrupción cometidas desde el Estado”, explicó Giudici. Y fue más allá: “Esos delitos fueron los responsables de haber sumido a la Argentina en la pobreza y la decadencia, por eso los consideramos tan graves para los derechos humanos como la traición a la patria”.

En un país donde la corrupción ha sido históricamente una herida abierta, esta iniciativa representa un paso firme hacia una justicia más equitativa y una política sin privilegios. Desde una mirada liberal, el mensaje es contundente: el poder no puede ser un escudo para la impunidad. La ley debe ser igual para todos, y quienes traicionan la confianza del pueblo deben rendir cuentas, sin atajos ni perdones.

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