Rumbo fiscal y reforma electoral: la doble orden de Milei para llegar a 2027
El Presidente ratificó ante el Gabinete que no alterará el programa económico para buscar votos y puso al titular de Diputados al frente de la agenda electoral. La eliminación de las PASO sigue pendiente del Congreso: sostener el rumbo es una decisión propia; convertir la reforma en ley exige acuerdos.
Javier Milei llevó dos órdenes a la reunión de Gabinete de este lunes: no habrá un giro en el programa económico para mejorar las chances electorales del oficialismo y Martín Menem deberá acelerar en la Cámara de Diputados la agenda de reforma electoral. La primera decisión depende del Poder Ejecutivo. La segunda exige algo que no se resuelve en la Casa Rosada: votos en el Congreso.
El Presidente descartó hacer concesiones de gasto o ensayar un «plan platita» con la mirada puesta en 2027. Según la información difundida después del encuentro, sostuvo que cambiar el rumbo para ganar una elección sería «inmoral», «injusto» y «un error técnico». La definición busca fijar un límite político antes de que el calendario electoral empiece a presionar sobre las cuentas públicas.
El contraste político que propone Milei se apoya en esa definición: en lugar de financiar competitividad electoral con recursos de todos, promete llegar a la elección defendiendo el mismo programa con el que gobierna. La consistencia de esa promesa solo podrá evaluarse cuando la proximidad de las urnas aumente los incentivos para gastar.
Ese compromiso no elimina los riesgos. Una desaceleración, una caída de ingresos o una demanda sectorial pueden elevar el costo político de mantener la disciplina fiscal. Pero el criterio liberal que el Presidente ratificó es claro: el equilibrio de las cuentas no debe quedar subordinado a la conveniencia de una campaña. Si esa regla se sostiene cuando aparezcan las tensiones, será una diferencia institucional y no apenas discursiva.
Milei también presentó la disputa hacia 2027 como una confrontación entre «el partido de la libertad y la prosperidad» y «el partido del Estado». La fórmula ordena el mensaje oficial, aunque no reemplaza la discusión concreta sobre resultados, reformas y capacidad de construir mayorías. Para que esa división tenga contenido, el Gobierno deberá demostrar que puede sostener la austeridad sin abandonar la gestión y transformar sus iniciativas en normas aplicables.
Ahí aparece la segunda orden. Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, participó del encuentro y quedó encargado de conducir en el recinto la agenda legislativa prioritaria. Entre esos objetivos aparece la reforma electoral y, dentro de ella, la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.
La precisión importa: las PASO no fueron eliminadas. El Gobierno presentó una iniciativa para modificar el sistema y el tema continúa pendiente de tratamiento parlamentario. Pampa Liberal informó a comienzos de octubre que la propuesta apunta a terminar con unas internas que, desde la Ley 26.571, son organizadas y financiadas por el Estado aun cuando sirven para ordenar candidaturas partidarias.
Desde una mirada liberal, discutir ese esquema es razonable: obliga a todos los contribuyentes a pagar el mecanismo mediante el cual los partidos resuelven sus disputas internas. Pero compartir el diagnóstico no equivale a dar por aprobada la solución. La Libertad Avanza necesita aliados para modificar la ley y todavía debe convertir la prioridad presidencial en una mayoría efectiva.
Ese movimiento ya produce efectos fuera del oficialismo. En sectores del peronismo calculan que el Gobierno podría reunir apoyos para suspender las primarias de 2027, aunque no necesariamente para eliminarlas de manera definitiva. Es una estimación política, no una votación consumada, y además expone una diferencia decisiva entre borrar el mecanismo y dejarlo sin efecto por una elección.
La doble orden de Milei reúne así dos planos de una misma estrategia. No gastar para comprar respaldo electoral supone confiar en que los resultados del programa alcancen para competir. Cambiar las reglas electorales exige persuadir a legisladores que no integran el oficialismo. El rumbo fiscal puede ratificarse desde el Ejecutivo; la reforma solo avanzará si Menem transforma una instrucción presidencial en acuerdos. De cara a 2027, la consistencia se medirá en ambas pruebas.
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