El Gobierno intimó a la AFA a explicar gastos millonarios bajo sospecha por más de USD 450 millones
El Gobierno nacional intimó formalmente a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a la Liga Profesional de Fútbol para que presenten explicaciones detalladas y documentación respaldatoria sobre sus balances contables y financieros, que incluyen gastos e inversiones por montos millonarios que despertaron serias dudas. El requerimiento alcanza cifras que superan los USD 111 millones en el caso de la AFA y USD 340 millones en la Liga Profesional, totalizando más de USD 450 millones bajo revisión.
La medida fue dispuesta por el Ministerio de Justicia a través de la Inspección General de Justicia (IGJ) y se enmarca, según fuentes oficiales, en un procedimiento regular de control administrativo. Desde el Ejecutivo subrayaron que no se trata de una persecución política ni de una acción excepcional, sino de la aplicación de las mismas reglas que rigen para todas las personas jurídicas privadas inscriptas en el organismo, sin privilegios ni excepciones.
En el comunicado oficial, la IGJ exigió a ambas entidades responder cada una de las observaciones realizadas sobre sus estados contables y presentar la documentación que respalde gastos e inversiones que, en varios casos, no estarían contemplados en sus estatutos sociales. El punto central del planteo es jurídico y no menor: la AFA es una asociación civil sin fines de lucro, condición que impone límites claros sobre el destino de los fondos y la naturaleza de las actividades que puede financiar.
Desde el Gobierno advirtieron que el incumplimiento de los requerimientos o la falta de respuestas dentro de los plazos establecidos podría derivar en sanciones económicas severas, tanto para las entidades como para sus directivos. El mensaje fue explícito: ninguna institución, por más poder simbólico o influencia social que tenga, está por encima de la ley.
La intimación se produce en un contexto de creciente presión judicial y administrativa sobre la conducción del fútbol argentino. Días atrás, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó una denuncia ante el Tribunal de Ética de la CONMEBOL contra autoridades de la AFA por presuntas violaciones al Código de Ética y a las políticas anticorrupción del organismo sudamericano.
En paralelo, el Juzgado Penal Económico N.º 10, a cargo del juez Marcelo Aguinsky, investiga la posible existencia de una red de testaferros vinculados a altos dirigentes de la AFA. La causa incluye el análisis de operaciones realizadas a través de la firma Real Central SRL y de personas físicas con perfiles económicos que no se condicen con los bienes registrados a su nombre. Entre los activos bajo la lupa figura una propiedad de más de diez hectáreas en Villa Rosa, partido de Pilar, con helipuerto, instalaciones deportivas y vehículos de alta gama.
Otra de las líneas de investigación apunta a contrataciones directas entre la AFA y empresas proveedoras. Un caso señalado es el de la firma Malte SRL, contratada por unos USD 550.000 para el sistema VAR, pese a presuntos vínculos con ex directivos del organismo, lo que vuelve a encender alarmas sobre conflictos de interés y falta de transparencia.
Frente a estos avances, la AFA reaccionó denunciando una supuesta persecución política y rechazando cualquier intento de control estatal, además de cuestionar el impulso oficial a las Sociedades Anónimas Deportivas. Sin embargo, desde el Gobierno insistieron en que la discusión no es ideológica ni deportiva, sino institucional: se trata de cumplir la ley y transparentar el manejo de recursos, especialmente cuando se administran montos millonarios bajo un régimen de asociación civil.
El caso AFA se convirtió así en un test clave del nuevo clima institucional que busca imponer el Gobierno. Control, reglas claras y rendición de cuentas, incluso —y sobre todo— en ámbitos históricamente acostumbrados a operar con autonomía total y escasa supervisión. En definitiva, el mensaje es claro: el fútbol podrá ser pasión de multitudes, pero las cuentas también deben cerrar y explicarse.