El Gobierno analiza eliminar regímenes previsionales especiales: foco en las cajas profesionales

El Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, está evaluando una reforma previsional que podría modificar profundamente el sistema jubilatorio argentino. Entre las medidas en estudio se encuentra la eliminación de regímenes especiales, provinciales, cajas profesionales y pensiones no contributivas. Esta iniciativa forma parte de un proyecto elaborado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), una organización apartidaria que se financia con aportes de empresas y gobiernos.

Según el informe de CIPPEC, el sistema previsional argentino es “caro, injusto e ineficiente”. Actualmente, el 40,3% de los beneficiarios pertenece a regímenes de excepción, pero estos consumen el 55% del gasto total en jubilaciones. En cambio, el régimen general cubre al 59,7% de los beneficiarios y representa solo el 45% del gasto. Esta desproporción revela una estructura que favorece a sectores específicos, como las cajas profesionales, que funcionan como sistemas cerrados con reglas propias y financiamiento público indirecto.

Entre las propuestas concretas se incluye eliminar la duplicación de beneficios por viudez, revisar las pensiones no contributivas por invalidez, y establecer un componente universal similar a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). También se plantea eliminar el requisito de 30 años de aportes, premiar todos los aportes realizados sin depender del promedio salarial de los últimos años, y habilitar el ahorro previsional voluntario.

En cuanto a la edad jubilatoria, el informe sugiere una suba gradual, respetando los derechos adquiridos y considerando la mejora en la salud poblacional. Además, se propone una nueva fórmula de movilidad que asegure el poder adquisitivo con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), incorpore ajustes por salarios reales y elimine rezagos procíclicos.

El impacto fiscal de la reforma sería neutro en el corto plazo, pero implicaría un ahorro significativo en el largo plazo. De hecho, el informe señala que si se pagara $700.000 mensuales a cada persona mayor de 65 años, el gasto previsional sería un 30% menor que el actual. El objetivo es reducir el gasto previsional del 8,8% del PBI al 4,8%, ordenando un sistema que durante años se sostuvo con privilegios y duplicaciones de beneficios.

Los principales beneficiarios de esta reforma serían los trabajadores activos con carreras laborales normales, monotributistas y quienes postergan el retiro. En cambio, los más afectados serían los asalariados con 30 años de aportes que se retiran a la edad mínima, empleados públicos provinciales, docentes, magistrados y quienes pertenecen a regímenes diferenciales. No obstante, se aclara que los derechos adquiridos serán respetados.

La propuesta de CIPPEC busca construir consensos políticos para un sistema previsional equitativo, sostenible y transparente. En este contexto, el Gobierno de Javier Milei se muestra dispuesto a avanzar en una reforma que otros evitaron por años. Al poner sobre la mesa el debate sobre las cajas profesionales y los regímenes de privilegio, se abre una oportunidad para redefinir el sistema bajo el principio de igualdad ante la ley.