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Julio De Vido en su residencia tras obtener prisión domiciliaria; denuncias de encubrimiento y cuestionamientos a la Justicia
Nacionales · 9 min

De Vido deja Ezeiza y cumplirá la pena en su mansión de Zárate

Por Redacción Pampa Liberal

El exfuncionario del kirchnerismo fue beneficiado con el arresto domiciliario pese a su condena de 4 años de prisión por la tragedia de Tragedia de Once y causas por enriquecimiento ilícito vinculadas al período 2003-2015.

La Justicia le concedió la prisión domiciliaria al exministro kirchnerista Julio De Vido, condenado a cuatro años de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta en la causa Once. El exfuncionario dejó el penal de Ezeiza y continuará la condena en su propiedad de Zárate, con monitoreo electrónico.

Julio De Vido dejó el penal de Ezeiza y comenzó a cumplir su condena bajo prisión domiciliaria en su propiedad de Zárate. La decisión fue tomada por la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, que aceptó el planteo de la defensa por razones de edad y salud del exministro de Planificación Federal del kirchnerismo. De Vido tiene 76 años y, según los jueces, presenta patologías crónicas que no podrían ser atendidas adecuadamente dentro del establecimiento penitenciario.

La medida alcanza a uno de los símbolos más fuertes del poder kirchnerista. De Vido no fue un funcionario menor ni un empleado perdido en una estructura administrativa. Fue ministro de Planificación Federal durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, manejó áreas sensibles de obra pública, energía, transporte e infraestructura, y quedó condenado en una de las causas más dolorosas de la Argentina reciente: la tragedia ferroviaria de Once.

La condena que cumple es de cuatro años de prisión e inhabilitación especial perpetua por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La propia Casación estableció la pena y sostuvo que correspondía condenarlo como partícipe necesario del delito, con inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

El dato político es tan evidente como incómodo: un exministro condenado por corrupción vinculada a fondos públicos ya no continuará su pena en una cárcel común, sino en su casa. Los argumentos jurídicos existen. La prisión domiciliaria está prevista para determinados casos, entre ellos personas mayores de 70 años o internos enfermos cuando la cárcel impide tratar adecuadamente su dolencia.

Pero que algo sea legal no significa que deje de ser escandaloso para una sociedad cansada de ver cómo el castigo suele ser mucho más duro para el ciudadano común que para los poderosos.

De Vido fue trasladado durante la noche del lunes desde Ezeiza hacia su quinta en Zárate, provincia de Buenos Aires, donde comenzó a cumplir el régimen de prisión domiciliaria. La resolución fue firmada por los jueces Mariano Borinsky, Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci, quienes consideraron que el exfuncionario padecía enfermedades incompatibles con su alojamiento en el penal.

Según publicó Los Andes, el exministro cumple la domiciliaria en una mansión dentro del country Puerto Panal, en Zárate, con tobillera electrónica y restricciones impuestas por el tribunal. El medio también indicó que De Vido había permanecido detenido en Ezeiza desde noviembre del año pasado.

La explicación médica fue central para la decisión judicial. En el fallo se tuvo en cuenta que De Vido necesita controles clínicos especializados, medicación permanente, condiciones sanitarias específicas y una alimentación adecuada. También se mencionó un episodio cardíaco reciente y un cuadro de alto riesgo cardiovascular.

Infobae detalló que las autoridades judiciales remarcaron que la unidad penitenciaria no contaba con los medios suficientes para cumplir con todas las condiciones recomendadas por el Cuerpo Médico Forense. Según esa lectura, mantenerlo en prisión podía incrementar el riesgo de descompensaciones y daños irreparables para su salud.

Hasta ahí, el argumento legal.

Ahora viene el problema político y moral.

De Vido no cumple una pena por un accidente doméstico ni por una infracción menor. Fue condenado por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en el contexto de la causa Once. El Tribunal Oral Federal 4 consideró que no cumplió con su deber de controlar el uso de los fondos públicos asignados a Trenes de Buenos Aires, aunque lo absolvió del delito de estrago culposo por las muertes y lesiones del choque ferroviario.

La tragedia de Once ocurrió en febrero de 2012 y dejó 52 muertos y más de 700 heridos. Ese número no debería desaparecer debajo de tecnicismos, expedientes ni beneficios judiciales. Porque detrás de cada resolución hay una memoria social concreta: familias destruidas, víctimas, usuarios abandonados y un sistema ferroviario que había sido castigado por años de desidia, negocios y falta de control.

La Justicia determinó que De Vido no fue penalmente responsable por las muertes en términos de estrago culposo. Esa precisión importa. Pero también determinó que fue responsable por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Y eso también importa. Porque en la Argentina de la obra pública, los subsidios, las concesiones y los controles que no controlan, la corrupción no es un detalle administrativo: puede ser parte del camino que termina en tragedias.

La Cámara Federal de Casación Penal, al fijar la pena, sostuvo que la escala penal debía considerar la gravedad de los hechos, la naturaleza de la acción y los medios empleados. También remarcó que, en el caso de funcionarios públicos, la sanción debía ser mayor que la de empresarios por la posición institucional que ocupaban.

Ese punto es clave. Un ministro no es un espectador. Un ministro tiene poder, presupuesto, estructura, responsabilidad y capacidad de decisión. Cuando el Estado falla desde arriba, no estamos ante una simple negligencia burocrática. Estamos ante una cadena de poder que dejó de cumplir su función.

La propia resolución de Casación habló de una “inacción organizada y sistemática” con intervención de privados y funcionarios públicos. Esa frase debería estar enmarcada en cualquier discusión seria sobre el kirchnerismo y el Estado. Porque define mucho más que una causa judicial: define una forma de gobernar donde el control formal existía, pero el control real fallaba justo donde no debía fallar.

Y ahora, el símbolo de esa estructura deja la cárcel.

No para quedar libre, es cierto. La prisión domiciliaria sigue siendo una forma de cumplimiento de pena. Hay tobillera, restricciones y control judicial. Pero el impacto público es inevitable: para buena parte de la sociedad, ver a un exministro condenado salir de Ezeiza y cumplir la condena en una propiedad privada suena menos a justicia y más a privilegio.

Ahí está el punto que incomoda.

La discusión no es si una persona enferma debe recibir atención médica. Por supuesto que sí. El Estado no debería convertir ninguna cárcel en un lugar de abandono sanitario. Tampoco corresponde pedir crueldad judicial como respuesta al hartazgo social. Un país serio no castiga violando derechos.

Pero un país serio tampoco puede acostumbrarse a que los condenados del poder siempre encuentren una salida más cómoda que el resto.

Porque el ciudadano común mira esto y entiende el mensaje, aunque nadie se lo explique: si sos un jubilado sin contactos, peleás por un turno médico; si sos un comerciante fundido por impuestos, la AFIP te cae encima; si sos un trabajador que se equivoca, pagás; si sos parte de la casta que manejó miles de millones, siempre aparece un régimen, un recurso, una excepción, una domiciliaria, una tobillera y una quinta.

Ese es el veneno institucional de la Argentina.

No es solo De Vido. Es la sensación repetida de que el sistema penal llega tarde, castiga poco y ejecuta peor cuando el condenado viene del poder político. Los expedientes duran años, las condenas se confirman cuando los protagonistas ya envejecieron, los beneficios llegan por edad o salud y la sociedad se queda mirando una película conocida: el castigo existe en el papel, pero pierde fuerza en la práctica.

De Vido fue detenido después de que la Corte Suprema dejara firme la condena. La pena pudo ejecutarse recién cuando el máximo tribunal confirmó el fallo y rechazó los planteos que impedían cerrar la discusión judicial.

Ese dato también habla de la lentitud del sistema. La tragedia ocurrió en 2012. La prisión efectiva llegó muchos años después. Y ahora, a los pocos meses de estar alojado en Ezeiza, el exministro continuará su pena en Zárate.

El kirchnerismo construyó durante años un relato de sensibilidad social, defensa del Estado y preocupación por los humildes. Pero cuando uno mira causas como Once, aparece la otra cara del modelo: un Estado enorme, caro, politizado y lleno de recursos, pero incapaz de garantizar controles básicos allí donde había vidas en juego.

Ese es el fracaso profundo.

No falló “el mercado”. No falló “el neoliberalismo”. No falló una entelequia abstracta. Falló un sistema de concesiones, subsidios, controles estatales y responsabilidades políticas administrado durante años por funcionarios que se presentaban como defensores del pueblo.

Y cuando finalmente la Justicia llegó, llegó tarde.

Ahora De Vido cumplirá la condena lejos del penal. Legalmente, puede tener fundamentos. Políticamente, deja una imagen devastadora: el exministro condenado por administración fraudulenta en la causa Once no seguirá su pena en una celda común, sino en su casa de Zárate.

La Argentina necesita una discusión más adulta sobre esto. No alcanza con pedir mano dura selectiva cuando el condenado es del adversario. Tampoco alcanza con refugiarse en tecnicismos para negar la indignación social. Hay que mirar el problema completo: cárceles que no pueden atender cuadros médicos complejos, Justicia que tarda una eternidad, poderosos que litigan durante años y condenas que, cuando llegan, muchas veces ya se cumplen en condiciones atenuadas.

La prisión domiciliaria de De Vido no borra la condena. Pero sí golpea la confianza pública.

Y ese golpe no es menor.

Porque una sociedad puede tolerar muchas cosas, pero no puede sostener indefinidamente la idea de que hay dos sistemas: uno para los ciudadanos comunes y otro para quienes manejaron el Estado. Uno rápido, duro y burocrático para los de abajo; otro lento, flexible y lleno de beneficios para los de arriba.

De Vido deja Ezeiza.
Once sigue en la memoria.
Y la Argentina vuelve a preguntarse si la Justicia castiga de verdad al poder o simplemente administra su retirada con mejores condiciones.

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