Comunidad Organizada exige que Pampetrol acredite su situación ambiental antes de entrar a El Medanito

Sandra Fonseca y Maximiliano Aliaga Souto anunciaron un proyecto que condiciona la participación del 20% reservada a la petrolera provincial. También reclaman revisar la licitación antes del cierre de ofertas previsto para el 30 de octubre.

Los diputados provinciales Sandra Fonseca y Maximiliano Aliaga Souto, del bloque Comunidad Organizada, anunciaron un proyecto de ley para impedir que Pampetrol integre la futura adjudicataria de El Medanito mientras no acredite su situación ambiental. La iniciativa apunta a la participación del 20% prevista para la empresa estatal en la nueva concesión del área petrolera.

La presentación fue informada este miércoles 28 de octubre y, según el comunicado del bloque, ingresará en la sesión del jueves de la Cámara de Diputados de La Pampa. Hasta el momento de esta nota, el texto oficial del proyecto no estaba disponible en los registros públicos consultados de la Legislatura. Por eso, su alcance se conoce a través de lo informado por sus autores.

Fonseca y Aliaga Souto sostienen que Pampetrol deberá acreditar el Libre Deuda Ambiental antes de incorporarse a la empresa adjudicataria. Para fundamentar esa exigencia invocan el artículo 16 de la Ley provincial 2675, la norma de hidrocarburos sancionada en 2012. El condicionamiento concreto a la participación de Pampetrol, sin embargo, forma parte de la propuesta anunciada y no debe confundirse con un incumplimiento ya comprobado.

El proyecto también alcanzaría a otras oferentes que no cumplan con los requisitos ambientales. Además, pediría al Poder Ejecutivo que verifique posibles vínculos societarios o estructuras empresariales que, a juicio de los legisladores, pudieran utilizarse para eludir esas condiciones.

El planteo llega sobre el cierre del proceso para recibir ofertas, que el bloque ubicó el 30 de octubre. Los diputados solicitaron que el Ejecutivo revise las actuaciones de la licitación y se abstenga de adjudicar si detecta contradicciones con la normativa vigente. También reclamaron un informe sobre la situación ambiental de Pampetrol, los pasivos pendientes de remediación y las actuaciones administrativas realizadas.

En su comunicado, Fonseca y Aliaga Souto advirtieron que avanzar sin verificar los requisitos de admisibilidad podría afectar la validez del procedimiento y trasladar al Estado provincial costos de remediación. Esa es una advertencia política y jurídica de los autores del proyecto: la información disponible no acredita que Pampetrol mantenga una deuda ambiental ni permite establecer responsabilidades concretas por los pasivos de El Medanito.

La nueva concesión tendría una duración de 25 años, de acuerdo con la presentación. Comunidad Organizada afirmó que el proceso debe garantizar inversiones, empleo y continuidad productiva, pero también el cumplimiento de la legislación ambiental.

La discusión incorpora así una condición verificable a un proceso que ya había generado reclamos por el acceso a la información. En julio de 2025, distintos bloques opositores habían cuestionado la reserva de documentación sobre El Medanito y pedido mayor control legislativo. La exigencia actual vuelve sobre el mismo punto: antes de comprometer al Estado durante 25 años, la Provincia debe mostrar qué controles hizo y cuál es la situación ambiental de quienes participarán.

Pedir esa acreditación no equivale a condenar de antemano a la petrolera provincial. Equivale a exigir que una empresa estatal, que administra recursos de todos los pampeanos, cumpla y demuestre de manera pública los requisitos ambientales aplicables. La respuesta de fondo deberá surgir de los documentos que entregue el Ejecutivo y del expediente que finalmente trate la Legislatura.