Empleo público: La Pampa supera 58% el promedio y debe explicar el tamaño de su planta

Según un relevamiento de Ecosur basado en datos atribuidos a la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales, La Pampa registraba 79 agentes provinciales cada mil habitantes en diciembre de 2024, frente a un promedio ponderado de 50. La diferencia equivale al 58%, aunque el indicador aislado no mide eficiencia ni calidad de los servicios.

Un relevamiento de Ecosur, elaborado sobre datos atribuidos a la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP) correspondientes a diciembre de 2024, ubicó a La Pampa en 79 empleados públicos provinciales cada mil habitantes, frente a un promedio ponderado de 50 para las provincias. La diferencia de 29 agentes equivale a un 58%, según el cálculo propio realizado sobre esos dos valores.

El dato muestra que la planta provincial tenía un peso considerablemente mayor en relación con la población que el promedio informado. No alcanza, sin embargo, para concluir que exista exceso de personal, ineficiencia o clientelismo: abre una discusión sobre el tamaño del Estado y sobre los resultados que recibe el contribuyente a cambio.

Dentro de la Patagonia, el relevamiento ubica a La Pampa apenas por encima de Chubut, con 78 empleados públicos cada mil habitantes, y de Río Negro, con 74. Entre las jurisdicciones cercanas también aparecen Chaco, con 72, y San Luis, con 69.

La Pampa no encabeza la comparación. Los valores más altos informados corresponden a Tierra del Fuego, con 130 agentes cada mil habitantes; La Rioja, con 114; Catamarca, con 106; Neuquén, con 105; y Santa Cruz, con 104.

En el otro extremo aparecen Córdoba, con 33 empleados públicos cada mil habitantes; Buenos Aires, con 37; Santa Fe, con 42; y Mendoza, con 44. La amplitud de las diferencias obliga a considerar no sólo cuántas personas emplea cada Estado, sino también qué funciones concentra y qué resultados entrega.

La comparación se incorpora a un debate que Pampa Liberal ya abordó al informar sobre casi mil pases a planta permanente y sobre 47 cargos políticos previstos en la Secretaría General. Esos antecedentes no prueban por sí solos que la dotación total sea injustificada, pero refuerzan la necesidad de que el Gobierno explique sus decisiones de personal.

La cifra exige dos precauciones. La primera es temporal: corresponde a diciembre de 2024 y no describe por sí sola la situación actual. La segunda es metodológica: no fue posible acceder a la publicación primaria de Ecosur ni a la metodología completa para comprobar la definición exacta de empleado público provincial, el universo incluido y la cobertura de todas las jurisdicciones.

Esa limitación impide presentar el indicador como una medición integral del desempeño estatal. La cantidad de agentes por habitante permite comparar el peso relativo informado de las plantas provinciales, pero no mide costos, productividad, eficiencia ni calidad de los servicios.

También pueden influir la dispersión territorial, las funciones que cada provincia conserva bajo gestión directa y la organización de áreas como salud, educación y seguridad. Por eso, los 79 empleados cada mil habitantes no demuestran que todos esos puestos sean innecesarios ni que dos provincias con dotaciones diferentes presten exactamente los mismos servicios.

La cautela metodológica no elimina la pregunta política. Si el valor pampeano supera en 58% el promedio informado, corresponde que el Gobierno provincial explique qué funciones justifican esa diferencia, cuánto cuesta sostenerla y mediante qué indicadores demuestra sus resultados.

El relevamiento no permite dictar un veredicto sobre toda la administración pública, pero sí fija un punto de partida para exigir rendición de cuentas. Sin información accesible sobre funciones, costos y desempeño, el tamaño de la planta queda sin una justificación pública suficiente.