AL FIN: Julio De Vido irá preso por la tragedia de Once, símbolo del saqueo kirchnerista
El Tribunal Oral Federal N°4 ordenó la detención de Julio De Vido, condenado a cuatro años de prisión por su responsabilidad en la tragedia de Once, que causó 51 muertes en 2012.
La justicia, aunque tarde, finalmente llegó. Después de más de una década de impunidad, el exministro de Planificación Federal del kirchnerismo, Julio De Vido, deberá ir preso por su responsabilidad en la tragedia ferroviaria de Once, ocurrida en 2012 y que se cobró la vida de 51 personas.
La Corte Suprema de Justicia dejó firme su condena a cuatro años de prisión y el Tribunal Oral Federal N°4 ordenó su detención inmediata. De Vido deberá presentarse este jueves a las 10 de la mañana en los tribunales de Comodoro Py. Su defensa ya anticipó que pedirá prisión domiciliaria por su edad y estado de salud.
Más allá de lo jurídico, el hecho tiene una enorme carga simbólica: uno de los hombres más poderosos del kirchnerismo, intocable durante años, finalmente enfrentará las consecuencias de su gestión. La tragedia de Once fue mucho más que un accidente: fue el resultado directo de un sistema estatal corroído por la corrupción, el despilfarro y la falta de incentivos reales.
Durante años, el Ministerio de Planificación que conducía De Vido manejó miles de millones en subsidios al transporte, mientras los trenes se caían a pedazos y los funcionarios se enriquecían. Los 51 muertos de Once no fueron víctimas del “ajuste”, sino del modelo estatista que priorizó la política sobre la eficiencia. Un modelo que creyó que todo podía resolverse con dinero público, aunque ese dinero jamás llegara a las vías ni a la seguridad de los pasajeros.
Durante más de una década, De Vido fue el rostro visible del poder kirchnerista, responsable de la obra pública, de los subsidios energéticos y del entramado de corrupción que luego explotaría con la Causa Cuadernos. Mientras el país se hundía en la inflación y la decadencia, él y su entorno construían fortunas personales, protegidos por un sistema judicial cómplice y un relato político que convirtió la impunidad en norma.
Hoy, su condena firme no solo marca un hito judicial: es una señal de que el país puede empezar a cerrar una era donde la corrupción se confundía con gestión. La libertad necesita justicia, y la justicia requiere que los poderosos también respondan. La tragedia de Once no puede repetirse, y eso solo será posible si el Estado deja de ser un botín y vuelve a ser un servicio mínimo, eficiente y controlado.
Porque un país donde el funcionario que roba termina preso es un país que empieza a sanar.
Y un pueblo que exige responsabilidad, no subsidios, es un pueblo que empieza a ser libre.