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Baterías de almacenamiento de energía para evitar cortes de luz en el AMBA
La Pampa · 3 min

USD 540 millones para baterías: El plan del Gobierno para frenar cortes de luz en verano

Por Redacción Pampa Liberal

El Gobierno anunció una inversión superior a los USD 540 millones para instalar baterías de almacenamiento en el AMBA, zona que consume casi el 40% de la energía del país, con un plazo de ejecución de hasta 18 meses.

540 millones de dólares para baterías: ¿por qué el Estado llega tan tarde para garantizar la luz en verano?

El Gobierno anunció una inversión millonaria, superior a los 540 millones de dólares, para instalar baterías de almacenamiento de energía eléctrica en el Área Metropolitana de Buenos Aires, una zona que consume casi el 40% del total nacional. La iniciativa busca reducir los recurrentes cortes de luz en los meses estivales inyectando energía almacenada en momentos críticos, con un plazo de ejecución de hasta 18 meses. Sin embargo, esta medida llega tarde y evidencia los graves errores y la ineficiencia crónica del intervencionismo estatal en materia de infraestructura energética.

Por décadas, la escasez y fragilidad del sistema eléctrico argentino ha sido un problema conocido, pero nunca atendido con la diligencia que la sociedad merece. En lugar de promover un mercado competitivo y eficiente que incentive la inversión privada en generación y distribución, el Estado optó por controles, subsidios distorsivos y burocracia sin resultados palpables. Ahora, en lugar de planificar con anticipación un modelo sostenible y descentralizado, se recurre a un costoso parche: instalar tecnologías nuevas con contratos renovados en búsqueda de paliativos inmediatos.

El programa “Alma-GBA”, primera experiencia grande de almacenamiento con baterías de última generación, representa un avance tecnológico, pero no una solución estructural que debería haberse concretado hace años. La sobrecarga de una red centralizada, manejada y regulada de forma intervencionista, genera un cuello de botella incapaz de responder a la demanda creciente sin apagones. La licitación adjudicada a 15 empresas con gran interés comercial es un reflejo de la potencialidad del sector privado cuando se le permite competir; pero también una crítica implícita a la inacción estatal previa, que postergó esa confianza y oportunidad.

Peor aún, esta inversión millonaria no llega sin costos: al mismo tiempo que se anuncian los contratos, se aplican aumentos tarifarios de hasta casi el 3% para las principales distribuidoras, trasladando el costo de la ineficiencia estatal a los usuarios. El intervencionismo termina transformándose en un círculo vicioso: regula, subsidia y demora; acumula deuda, postergación e indefiniciones; luego, financia proyectos caros para intentar remediar problemas estructurales. Mientras tanto, el ciudadano común paga más y recibe menos.

Es momento de una autocrítica honesta: el problema de fondo no son las baterías, sino la falta de institucionalidad para permitir que el libre mercado despliegue soluciones innovadoras y eficientes con anticipación, garantizando la responsabilidad individual y la propiedad privada. La infraestructura energética, clave para el desarrollo y bienestar, no puede depender eternamente de planes estatales que llegan tarde, mal y caro. Se requieren marcos regulatorios estables, incentivos reales a la inversión privada y reducción del peso burocrático.

En definitiva, este anuncio millonario debería ser una señal clara para que Argentina se replantee su enfoque intervencionista crónico y abrace principios liberales. Más libertad económica, menos Estado agobiante, mayor competencia y propiedad privada responsable son el camino para asegurar un suministro eléctrico confiable y sostenible, sin pagar un precio alto en corte de luz ni en tarifas. La generación de riqueza no se logra con parches estatales, sino con mercados libres que respeten la libertad individual y la eficiencia. Solo así, el verano no será sinónimo de cortes, sino de progreso real para todos los argentinos.

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