Construir en La Pampa: cada vez más caro, cada vez más trabado, cada vez más Estado

Mientras Córdoba empieza a mostrar señales de eficiencia en el costo de la construcción, La Pampa vuelve a quedar frente a una discusión incómoda: construir es cada vez más difícil para el ciudadano común y la respuesta de la política parece ser, una vez más, crear una nueva estructura estatal para “ordenar” el problema.

En Córdoba, el Índice del Costo de la Construcción registró en mayo una suba mensual de apenas 1,3%, casi la mitad del aumento informado para el Gran Buenos Aires, que fue del 2,7%. Además, el valor del metro cuadrado para una vivienda tipo alcanzó los $930.533,4, con una suba interanual del 28,1%.

El dato cordobés marca un contraste fuerte: cuando los costos se contienen, la construcción gana previsibilidad. Y cuando hay previsibilidad, una familia puede proyectar, un inversor puede planificar y el sector privado puede moverse sin depender de la discrecionalidad política.

En La Pampa, en cambio, el panorama es bastante menos alentador. En febrero de 2026, el Colegio de Arquitectos de La Pampa fijó el valor referencial del metro cuadrado en $1.735.000, según la Resolución N° 02/2026. Ese número no solo impacta en obras nuevas, sino también en ampliaciones, refacciones, honorarios profesionales, aportes y trámites de regularización de planos municipales.

La comparación con Córdoba debe hacerse con prudencia, porque no todos los índices provinciales miden exactamente lo mismo. Cada jurisdicción puede tomar modelos de vivienda, superficies, calidades y componentes distintos. Incluso medios provinciales reconocieron que La Pampa aparece entre los valores referenciales más altos del país, aunque aclarando que las diferencias metodológicas pueden distorsionar la comparación directa.

Pero más allá de la discusión técnica, hay una realidad que no se puede esconder: para el pampeano de a pie, construir, ampliar o regularizar una vivienda se está volviendo una carrera cada vez más cara, más lenta y más cargada de intermediaciones.

El problema no es solamente el precio del cemento, del hierro o de la mano de obra. El problema es el ecosistema completo que rodea a la construcción: trámites, permisos, tasas, visados, honorarios, regulaciones, exigencias municipales y estructuras que terminan encareciendo cada metro cuadrado antes de que se levante una sola pared.

Y frente a ese escenario, el Gobierno provincial anunció la creación de la Mesa Provincial de la Construcción, formalizada mediante un decreto firmado por Sergio Ziliotto. Según se informó, el objetivo será avanzar en un sistema referencial para definir el valor del metro cuadrado en La Pampa, con participación del Colegio de Arquitectos, la Cámara Argentina de la Construcción, el Consejo Profesional de Ingenieros y la Dirección General de Estadística y Censos, entre otros actores.

Dicho de otra manera: mientras construir se vuelve más caro, la política responde creando otra mesa.

El ministro de Obras Públicas, Alfredo Intronati, fue incluso más claro al marcar una diferencia con la desregulación impulsada a nivel nacional. Defendió el trabajo conjunto entre el Estado y los colegios profesionales y sostuvo que, para la gestión pampeana, esas instituciones no son una traba burocrática, sino una herramienta indispensable.

Ahí está el punto de fondo. Para el Gobierno provincial, la solución vuelve a pasar por más Estado, más institucionalidad administrada desde arriba y más estructuras de intervención. Para una mirada liberal, el camino debería ser exactamente el contrario: simplificar, desregular, bajar costos administrativos, acelerar permisos y dejar que construir sea una oportunidad, no una odisea.

Porque la vivienda no se encarece solamente por la inflación. También se encarece cuando cada paso necesita validación, cuando cada trámite suma costos, cuando cada organismo agrega una capa más y cuando el ciudadano termina pagando el precio de una burocracia que siempre se presenta como “orden”, pero pocas veces como lo que realmente es: un obstáculo.

La construcción es uno de los motores más importantes de cualquier economía provincial. Mueve corralones, albañiles, arquitectos, ingenieros, electricistas, carpinteros, transportistas, comercios y empleo local. Cuando construir se frena, no pierde solamente el propietario que soñaba con su casa: pierde toda la cadena productiva.

Por eso el contraste con Córdoba incomoda. Allí el debate aparece asociado a costos contenidos, previsibilidad e inversión. En La Pampa, en cambio, la discusión vuelve a quedar atrapada en el reflejo estatista: crear una mesa, fijar una referencia, sumar actores, formalizar otro espacio y poner al poder político en el centro de una actividad que debería necesitar menos permisos y más libertad.

Nadie discute la importancia de contar con información técnica confiable. El dato sirve. La estadística sirve. La transparencia sirve. Pero una cosa es medir el costo de construir y otra muy distinta es convertir cada problema económico en una nueva estructura de control político.

El riesgo es evidente: que la Mesa Provincial de la Construcción termine siendo otra herramienta donde el Estado define, condiciona y administra desde arriba una actividad que necesita dinamismo privado, competencia y reglas simples.

La Pampa no necesita más escritorios entre el ciudadano y su casa. Necesita menos trabas, menos costos artificiales y más libertad para invertir.

Porque el sueño de la vivienda propia no se construye con decretos, discursos ni mesas provinciales.

Se construye con trabajo, ahorro, inversión y un Estado que deje de meterse en el medio.