Tras la captura de Maduro, el chavismo ordenó detenciones masivas y militarizó Venezuela

El régimen chavista dio un nuevo paso en su deriva autoritaria tras la captura de Nicolás Maduro. Este lunes, el oficialismo venezolano activó formalmente el Estado de Conmoción Exterior, una figura excepcional prevista en la Constitución, que amplía de manera drástica los poderes del Ejecutivo, militariza sectores clave de la economía y habilita detenciones masivas contra ciudadanos acusados de apoyar la ofensiva militar de Estados Unidos.

El decreto fue publicado en la Gaceta Oficial, tiene rango de ley y establece una vigencia inicial de 90 días, con posibilidad de prórroga por un período idéntico. En la práctica, abre la puerta a hasta seis meses de estado de excepción en un país donde los controles institucionales son prácticamente inexistentes y donde el Poder Legislativo y el Judicial responden al chavismo.

La medida fue refrendada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, y marca una escalada represiva inmediata luego de la detención de Maduro por fuerzas estadounidenses.

Uno de los puntos más graves del decreto es la orden directa de búsqueda y captura. El texto instruye a los cuerpos policiales nacionales, estadales y municipales a detener en todo el territorio a cualquier persona que haya “promovido, apoyado o justificado” la operación de Estados Unidos. La redacción, amplia y deliberadamente ambigua, habilita persecuciones discrecionales y criminaliza opiniones políticas, expresiones públicas y presuntos vínculos externos.

En paralelo, el régimen dispuso la militarización de sectores estratégicos como los servicios públicos, la industria petrolera y otras industrias básicas del Estado. El personal civil que trabaja en estas áreas queda temporalmente sometido a régimen militar, consolidando el control de las Fuerzas Armadas sobre la economía y la vida cotidiana. Además, el Ejecutivo se arrogó la facultad de requisar bienes y servicios que considere necesarios para la “defensa nacional”.

En materia de derechos civiles, el decreto suspende garantías fundamentales como la reunión y la manifestación pública, y habilita al Gobierno a adoptar “cualquier otra medida” que considere necesaria para preservar el orden interno. Aunque el texto declara respetar derechos intangibles como la vida, la libertad personal y el debido proceso, la experiencia reciente del chavismo convierte esas garantías en meras formalidades retóricas.

Desde el punto de vista institucional, se trata de la primera activación del Estado de Conmoción Exterior desde la Constitución de 1999, un dato que subraya la magnitud del momento político que atraviesa Venezuela. El decreto se apoya, además, en legislación previa que castiga el apoyo a sanciones internacionales o acciones consideradas de “daño extranjero”, con penas que incluyen inhabilitación política de por vida y confiscación de bienes.

Mientras el oficialismo moviliza a sus bases bajo una narrativa de “agresión imperialista”, se registran despliegues militares en Caracas, controles reforzados y vigilancia sobre infraestructura crítica. Distintos reportes también dan cuenta de movimientos en la frontera con Colombia, en un contexto de creciente tensión regional.

En los papeles, la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia podrían revisar o revocar el decreto. En la práctica, ambos órganos responden al chavismo, lo que deja a la población sin contrapesos reales frente al avance del poder ejecutivo.

Lejos de mostrar fortaleza, la respuesta del régimen expone su debilidad estructural: ante la caída de su líder, el chavismo no ofreció apertura ni transición, sino más represión, más militarización y menos derechos. Una confirmación brutal de que en Venezuela no gobierna un sistema democrático, sino una dictadura que se atrinchera cuando pierde control.