Propiedad, defensa y seguridad: Milei busca salir del corset regulatorio con otro paquete de reformas

El Gobierno de Javier Milei volvió a moverse en un terreno donde ya no alcanza con ordenar cuentas: ahora quiere reformar reglas de fondo. En su conferencia del 25 de marzo, Manuel Adorni anunció que el Ejecutivo enviará al Congreso una primera tanda de proyectos enfocada en propiedad privada, seguridad, defensa, inversión, ambiente y cambios institucionales. Entre las medidas más fuertes aparecen una nueva ley de expropiaciones, un régimen de desalojo exprés contra usurpaciones, cambios en la ley de tierras rurales, una reforma a la ley de manejo del fuego y la decisión de destinar el 10% de los ingresos por privatizaciones al reequipamiento militar.

El dato político no es menor. Milei está intentando unir tres banderas en una sola narrativa: orden, propiedad y autoridad estatal. No es casual. Durante años, buena parte de la política argentina aceptó como normal que el Estado pudiera avanzar sobre contratos, trabar inversiones, multiplicar restricciones y, al mismo tiempo, mostrar debilidad frente a tomas, demoras judiciales o vaciamiento del sistema de defensa. Este paquete busca decir exactamente lo contrario: que sin propiedad protegida, sin reglas previsibles y sin capacidad coercitiva básica no hay ni inversión, ni empleo, ni crecimiento sostenido. Esa es la tesis oficial, y esta vez está explicitada sin demasiadas vueltas.

Uno de los núcleos más potentes del anuncio es la reforma sobre propiedad privada. Adorni dijo que el Gobierno enviará una ley de expropiaciones para limitar el uso del criterio de utilidad pública a circunstancias excepcionales y aumentar la indemnización al afectado. El trasfondo no es inventado: hoy rige la Ley 21.499 de expropiaciones, mientras que la Constitución admite la expropiación por utilidad pública con indemnización previa. El Gobierno quiere correr ese umbral y dificultar que el poder político convierta una herramienta extrema en un atajo discrecional. En un país con larga memoria de arbitrariedades, no es un detalle técnico: es una definición sobre hasta dónde llega el Estado y dónde empieza de verdad el derecho de propiedad.

En la misma línea aparece la propuesta de desalojo exprés. La Casa Rosada quiere que los inmuebles ocupados sean restituidos al propietario en menos de cinco días por vía sumarísima. El argumento del oficialismo es claro: la usurpación no solo daña al dueño, también eleva el riesgo del mercado y termina encareciendo alquileres y contratos. Acá hay una discusión de fondo que el progresismo suele esquivar: cuando la propiedad deja de estar protegida en serio, el perjuicio no se queda en “el propietario”, sino que se traslada a toda la economía. Menos oferta, más cautela, más costo, menos acceso. La inseguridad jurídica no la paga una abstracción: la paga la gente común.

También entra en la mira la ley de tierras rurales. El Gobierno anunció que buscará levantar las restricciones a la venta a extranjeros, hoy reguladas por la Ley 26.737, que fijó un tope del 15% a la titularidad o posesión extranjera de tierras rurales a nivel nacional y subnacional. Acá el oficialismo toca un nervio sensible: durante años se instaló que cualquier flexibilización equivalía a “entrega”. Pero la pregunta incómoda sigue en pie: ¿queremos un país que atraiga capital para minería, energía, agro e infraestructura, o uno que siga bloqueando inversiones por reflejos ideológicos del pasado? Eso no significa negar riesgos ni regalar soberanía. Significa dejar de tratar a la inversión como una amenaza automática.

Otro frente caliente es la ley de manejo del fuego. La norma vigente, modificada por la Ley 27.604, prohíbe durante 60 años cambiar el uso o vender superficies incendiadas en bosques nativos, bosques implantados, áreas protegidas y humedales, y durante 30 años en zonas agropecuarias, pastizales o matorrales. El Gobierno quiere revisar ese esquema porque considera que castiga a productores y propietarios aun cuando fueron víctimas del incendio. Ahora bien, acá conviene no caer en simplismos: no toda restricción ambiental es irracional, y no todo destrabe regulatorio está bien diseñado por definición. El punto serio no es elegir entre producción o ambiente como si fueran absolutos incompatibles. El punto serio es si la norma protege de verdad o si terminó convirtiéndose en una penalización indiscriminada sobre la propiedad y la actividad privada.

La otra mitad del paquete apunta al músculo del Estado, no para expandir burocracia, sino para recuperar capacidad. Adorni anunció que el 10% de los ingresos fiscales provenientes de privatizaciones será destinado a la compra de armamento y bienes de capital para defensa. Además, justificó la medida en el deterioro acumulado de las Fuerzas Armadas desde el retorno democrático y planteó que el sistema de defensa debe reconstruirse como política de Estado. Esto también rompe un tabú argentino: durante décadas, el debate público toleró que la Argentina hablara de soberanía con fuerzas mal equipadas, salarios bajos y capacidades mínimas. Milei busca romper esa inercia y mover la discusión hacia una idea más elemental: un país serio no romantiza la indefensión.

En seguridad, el Gobierno adelantó que trabajará con el Congreso en el endurecimiento de penas y en la incorporación de nuevos tipos penales, mientras avanza la revisión más amplia del Código Penal. Adorni mencionó delitos migratorios, estafas piramidales, trapitos, “viudas negras”, salideras, entraderas, motochorros, armas en cárceles y daño animal. Puede discutirse la técnica legislativa o la priorización, pero la señal política está clara: Milei quiere dejar atrás la idea de que el Estado solo regula al que produce y llega tarde frente al delito. Está intentando reordenar prioridades: menos hostilidad sobre el que invierte y más dureza con el que viola la ley.

Ahora bien, conviene no intoxicar la lectura con épica fácil. Por ahora esto es un anuncio político, no una reforma consumada. Los proyectos todavía tendrán que pasar por el Congreso, enfrentar objeciones técnicas, resistencias corporativas y el filtro judicial y mediático habitual. Además, meter en una sola ofensiva tierras, ambiente, expropiaciones, defensa y seguridad puede ser eficaz como relato de gobierno, pero no garantiza que todo tenga igual viabilidad ni igual calidad regulatoria. Un liberal serio no debería conformarse con aplaudir el gesto: debería exigir buena letra, buena implementación y límites claros para que la desregulación no sea apenas una consigna.

Aun con esa cautela, el movimiento tiene una lógica que merece ser tomada en serio. Milei está tratando de correr a la Argentina de un modelo donde la política se arrogó durante años el derecho de frenar, expropiar, prohibir, ocupar el centro de la economía y después sorprenderse por la falta de inversión. El corset regulatorio argentino no fue solamente jurídico: fue también cultural. Hizo natural que la propiedad privada pareciera negociable, que el capital fuera sospechoso, que la defensa fuera un tema incómodo y que el orden quedara siempre para después. Si este paquete avanza, la discusión de fondo no será solo sobre leyes. Será sobre qué tipo de país quiere dejar de castigar al que produce para empezar, por fin, a protegerlo.