“Tiempo de Mujeres”: Cuando el Estado decide quién merece visibilidad (y quién no)
La Municipalidad de General Pico lanzó un concurso de reels por el 8M bajo el lema “Tiempo de Mujeres”. La propuesta, organizada por la Dirección de Políticas de Género, invita a producir contenido audiovisual para “visibilizar luchas y derechos”.
Hasta ahí, suena correcto. El problema empieza cuando el Estado deja de garantizar igualdad ante la ley y pasa a administrar reconocimiento.
Porque esto no es solo un concurso. Es el poder político definiendo quién merece visibilidad institucional… y quién no.
El certamen es segmentado. Si no encajás en la categoría definida por la agenda oficial, quedás afuera. Punto. Y eso no solo excluye a hombres. También deja afuera a miles de mujeres reales que no se sienten representadas por el molde ideológico que hoy monopoliza el discurso de género.
La productora rural que pelea contra la presión impositiva.
La comerciante que sostiene su pyme.
La madre que trabaja doble turno sin pedir subsidios ni relato.
La empleada que no quiere ser etiquetada como víctima permanente.
¿Esas mujeres entran en la narrativa que el municipio busca premiar? ¿O el reconocimiento es selectivo?
Porque sí, hay premios. Con plata pública. Con recursos que salen del esfuerzo de toda la comunidad. Mientras el discurso habla de igualdad, la práctica divide.
Cuando el Estado clasifica ciudadanos por identidad para otorgar visibilidad, está institucionalizando una nueva desigualdad. No es neutral. No es espontáneo. Es poder cultural administrado desde una oficina.
La igualdad real no necesita concursos segmentados. Necesita reglas iguales para todos. Necesita que el Estado no distinga, no etiquete, no premie según identidad. La Constitución habla de igualdad ante la ley, no de igualdad administrada por comisiones ideológicas.
El mensaje implícito es peligroso: el municipio decide qué relatos valen y cuáles no. Decide qué historias representan a “las mujeres” y cuáles quedan invisibles. Eso no es inclusión. Es construcción política.
En una comunidad que necesita empleo, infraestructura y orden fiscal, la prioridad parece ser financiar agenda simbólica. Y cuando el Estado se dedica a moldear cultura en lugar de garantizar servicios esenciales, el problema no es el concurso. Es la concepción de poder.
Porque cuando la igualdad depende de una convocatoria oficial, deja de ser un derecho y pasa a ser un beneficio selectivo.
Y cuando el Estado reparte visibilidad según identidad, ya no está combatiendo desigualdades.
Está creando nuevas.