La nueva locura regulatoria bonaerense: edificios con pileta deberán pagar guardavidas
Desde los consorcios advierten sobre un fuerte aumento de las expensas por culpa de esta nueva obligación.
La Provincia de Buenos Aires vuelve a mostrar cómo funciona el Estado cuando regula sin mirar la realidad: una ley pensada para ordenar la actividad de los guardavidas terminó convirtiéndose en una carga económica para edificios, consorcios y vecinos que tienen una simple pileta de uso común.
La polémica surge por la aplicación de la Ley Provincial 14.798, que regula la formación y el ejercicio profesional de los guardavidas en territorio bonaerense. La norma fue publicada en 2015 y alcanza a “todo ambiente acuático” de la provincia, incluyendo natatorios, piletas y espacios utilizados para actividades recreativas, sean públicos o privados.
El problema es que la regulación no distingue con sentido común entre una pileta pública de gran concurrencia, un club, un balneario o una pequeña pileta ubicada en la terraza de un edificio. Si el espacio es de uso común, el consorcio puede quedar obligado a contratar personal habilitado, afrontar aportes, equipamiento, controles y toda la estructura burocrática que exige la normativa.
Según la ley, los guardavidas deben cumplir jornadas de seis horas diarias corridas. Además, la normativa establece obligaciones para los titulares de las instalaciones, incluyendo contratación formal, aportes previsionales, elementos de seguridad e indumentaria correspondiente.
En la práctica, esto significa un nuevo golpe al bolsillo de propietarios e inquilinos. En edificios chicos, el costo de contratar guardavidas puede impactar directamente en las expensas y volver inviable el uso de la pileta. Lo que antes era un espacio común para los vecinos, ahora puede transformarse en un lujo regulado por el Estado.
Administradores de consorcios ya advierten que muchos edificios podrían optar por cerrar las piletas antes que trasladar el costo a los vecinos. La Derecha Diario citó a representantes del sector que hablan incluso de la “pileta muerta”: espacios que existen, figuran en los planos y siguen siendo parte del edificio, pero quedan inutilizados porque cumplir la normativa se vuelve económicamente imposible.
El caso expone una discusión de fondo: nadie discute la importancia de la seguridad, pero una política pública razonable debería diferenciar riesgos reales. No es lo mismo una pileta olímpica, un club con cientos de personas o un balneario, que una pileta chica de un edificio familiar con uso limitado.
Ahí aparece el problema central del modelo regulatorio bonaerense: el Estado impone obligaciones generales, sin medir costos, sin contemplar proporcionalidad y sin preguntarse quién termina pagando. Y, como siempre, la factura cae sobre el ciudadano común.
La lógica es conocida: primero se crea una norma amplia, después se multiplican los requisitos, luego aparecen las inspecciones, las multas, los trámites y las habilitaciones. Al final, el vecino no recibe más libertad ni mejor servicio: recibe más expensas.
La Provincia debería revisar la normativa y establecer criterios razonables según tamaño, profundidad, cantidad de usuarios, tipo de inmueble y nivel de riesgo. Pero el camino elegido vuelve a ser el mismo: regular de manera uniforme realidades completamente distintas.
El resultado es absurdo: edificios que podrían cerrar sus piletas, consorcios atrapados entre el riesgo legal y el costo económico, vecinos pagando más y una burocracia que avanza sobre espacios privados de uso común.
En nombre de la seguridad, el Estado bonaerense vuelve a hacer lo que mejor sabe hacer: encarecer la vida cotidiana. Y cuando la regulación se vuelve más pesada que el beneficio que dice proteger, el resultado no es más seguridad: es menos libertad, menos uso de los espacios y más costos para todos.