Para la tribuna, derechos; para los violadores, beneficios penitenciarios.
La Cámara aprobó el Protocolo de Detección de Abuso Sexual infantil con apoyo unánime pero sin el voto de la diputada del FIT.
La izquierda argentina tiene una habilidad notable: puede marchar con lágrimas en los ojos, levantar carteles, gritar consignas, dar cátedra moral y acusar al resto de la sociedad de no defender a las víctimas.
Pero cuando llega la hora de votar leyes concretas, el archivo aparece.
Y el archivo no milita.
Myriam Bregman, una de las principales referentes del Frente de Izquierda, quedó nuevamente en el centro de la polémica por su historial legislativo en temas vinculados al abuso sexual, la protección de menores y los beneficios penitenciarios para condenados por delitos graves.
En 2023, la diputada estuvo ausente en una votación para crear un Protocolo de Protección y Detección de Abuso Sexual contra niñas, niños y adolescentes. Una herramienta destinada a establecer mecanismos de prevención, detección y actuación frente a posibles casos de abuso en ámbitos donde concurren menores.
No se trataba de un debate menor. No era una discusión abstracta. No era una batalla cultural inventada por Twitter.
Era una votación concreta sobre abuso sexual infantil.
Y Bregman no estuvo.
El episodio se suma a otro antecedente todavía más incómodo: en 2016 votó en contra de una modificación a la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, una reforma que buscaba restringir beneficios penitenciarios para condenados por delitos graves, entre ellos delitos contra la integridad sexual.
Traducido al lenguaje que entiende la gente común: cuando se discutió limitar beneficios para violadores y abusadores condenados, Bregman votó en contra.
Después, por supuesto, vienen las explicaciones técnicas. Que la ley tenía otros puntos. Que el enfoque penal no resuelve todo. Que la cárcel no alcanza. Que el sistema penitenciario. Que los derechos humanos. Que la reinserción.
Todo muy prolijo.
Pero hay una pregunta que la izquierda nunca responde con claridad:
¿y la víctima?
Porque en la teoría siempre hablan de víctimas. En la marcha siempre hablan de víctimas. En el discurso siempre hablan de mujeres, niños, vulnerables y derechos.
Pero cuando el debate pasa del cartel a la cárcel, de la consigna al Código Penal y de la pancarta a la condena efectiva, de golpe aparecen los matices.
Para la víctima, empatía discursiva.
Para el violador, beneficios penitenciarios.
Ahí es donde se rompe el relato.
La sociedad no está pidiendo poesía penal. Está pidiendo algo bastante más simple: que quien viola, abusa o destruye la vida de una persona no vuelva a tener la oportunidad de hacerlo.
Violador preso.
Condena efectiva.
Sin privilegios.
Sin puerta giratoria.
Sin otra víctima.
Eso no es odio. Eso no es fascismo. Eso no es “mano dura” como insulto progresista.
Eso es justicia básica.
Mano dura contra violadores no es una consigna autoritaria. Es ponerse del lado de la víctima. Es entender que la libertad individual termina donde empieza la agresión brutal contra la vida, la integridad y la dignidad de otro ser humano.
El liberalismo defiende la libertad, sí. Pero justamente por eso no puede ser neutral frente a quienes destruyen la libertad de los demás mediante violencia, abuso o sometimiento.
La libertad de una mujer a caminar tranquila.
La libertad de un niño a crecer sin ser abusado.
La libertad de una familia a no ser destruida por un delincuente sexual.
La libertad de una víctima a no vivir con miedo de cruzarse otra vez con su agresor.
Eso también es libertad.
Y ahí la izquierda queda incómoda, porque durante años intentó apropiarse de la defensa de las mujeres y de las víctimas, mientras al mismo tiempo sostuvo una mirada penal blanda, garantista y muchas veces más preocupada por el condenado que por quien sufrió el delito.
Entonces sí: cuando uno mira el archivo, parece que a cierta izquierda le preocupa más que el violador tenga beneficios que garantizar que no vuelva a violar.
Parece que el problema no es el abuso.
El problema es que alguien se anime a pedir cárcel efectiva.
Parece que el escándalo no es que un violador pueda salir antes.
El escándalo es que la sociedad diga basta.
Después marchan. Después se indignan. Después suben fotos. Después gritan “Ni una menos”. Después se presentan como los únicos defensores de las mujeres.
Pero cuando hay que elegir entre la víctima y el delincuente, el voto cuenta otra historia.
Y en política, el archivo vale más que el discurso.
Porque cualquiera puede marchar. Cualquiera puede ponerse un pañuelo. Cualquiera puede escribir una consigna. Cualquiera puede posar para la tribuna.
Lo difícil es votar del lado correcto cuando se discute si un abusador condenado debe tener beneficios o no.
Ahí no alcanza con declararse feminista.
Hay que demostrarlo.
Y defender a las mujeres, a los chicos y a las víctimas no es justificar al delincuente con lenguaje académico. No es esconderse detrás de tecnicismos. No es relativizar penas. No es tratar al violador como una víctima más del sistema.
Defender a las víctimas es decir con claridad que el que viola debe estar preso.
Y en los casos más aberrantes, perpetua.
Porque el que destruye una vida no puede volver a caminar libre como si nada.
Porque la sociedad tiene derecho a protegerse.
Porque la víctima tiene derecho a no vivir con miedo.
Porque ningún discurso progresista vale más que la seguridad de una mujer, de un niño o de cualquier persona que pueda ser atacada por un delincuente sexual reincidente.
La izquierda podrá seguir marchando.
Podrá seguir dando clases de moral.
Podrá seguir acusando al resto de insensible.
Pero el archivo está ahí.
Y el archivo muestra una contradicción brutal: mucha sensibilidad para la pancarta, muchos argumentos para el condenado y demasiada poca firmeza para proteger a la víctima.
Al final, el feminista voy a terminar siendo yo.
Porque para algunos, la prioridad parece ser que el violador no pierda beneficios.
Para nosotros, la prioridad es que no viole a nadie más.