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Pasillo municipal con oficinas cerradas, aludiendo a nepotismo, sueldos fantasma y falta de transparencia en la gestión local
Nacionales · 4 min

La casta municipal: entran por apellido, cobran por mes y trabajan en misterio

Por Redacción Pampa Liberal

La Municipalidad abona un salario mensual superior a $1 millón a una empleada sin tareas asignadas ni registro de asistencia.

Un nuevo escándalo volvió a exponer el funcionamiento más oscuro de la política municipal: cargos públicos repartidos por vínculos, sueldos pagados con plata de los contribuyentes y funciones que nadie logra explicar con claridad.

El caso tiene como protagonista a Paula “Puli” Moreno, hija del exconcejal Ricardo Moreno, quien figuraba como empleada de la Municipalidad de Córdoba desde 2021 y percibía un salario cercano al millón de pesos mensual. Según la información difundida por medios cordobeses, en mayo cobró $924.000 más un adicional de $92.400, superando así el millón de pesos.

El dato más grave no es solamente el monto. Lo verdaderamente escandaloso es que, ante las consultas por su rol dentro del municipio, no aparecieron respuestas claras sobre qué tarea concreta cumplía. En otras palabras: el Estado pagaba, el contribuyente financiaba y la función seguía siendo un misterio.

La situación tomó mayor relevancia en medio del escándalo político desatado tras el femicidio de Agostina Vega, caso por el cual fue detenido Claudio Barrelier, también vinculado al municipio y señalado como una persona que habría ingresado al Estado por gestión política de Ricardo Moreno.

La aparición de Puli Moreno en la nómina municipal abrió otra pregunta incómoda: ¿cuántos casos similares existen dentro del Estado, sostenidos por el silencio, la falta de auditorías y el acomodo político?

Puli Moreno se presenta públicamente como actriz y cantante. Según trascendió, su vínculo laboral con la Municipalidad venía desde 2021, el mismo año en el que también habría ingresado Claudio Barrelier. La coincidencia no pasó desapercibida y volvió a poner bajo la lupa el sistema de contrataciones políticas dentro del municipio.

Desde el oficialismo municipal se confirmó luego su desvinculación, tras conocerse públicamente el caso. Pero la salida, lejos de cerrar el debate, deja planteada una cuestión de fondo: si no había una tarea clara, ¿por qué estuvo cobrando durante años?

El problema no empieza ni termina en una persona. El problema es un modelo. Un Estado que se convierte en refugio de familiares, militantes, amigos y recomendados de la política termina funcionando como una maquinaria de privilegios, no como una administración al servicio del ciudadano.

Mientras un trabajador privado debe cumplir horarios, justificar resultados y sostener su empleo con productividad, parte de la estructura pública parece moverse con otra lógica: entrar por contacto, cobrar todos los meses y recién dar explicaciones cuando el escándalo se hace público.

Cada sueldo estatal sin función clara no lo paga “la Municipalidad” en abstracto. Lo paga el comerciante que no llega a fin de mes, el monotributista que carga impuestos, el vecino que paga tasas cada vez más caras y el trabajador que ve cómo su esfuerzo termina financiando privilegios ajenos.

Ese es el punto que la política tradicional intenta esconder. El gasto público improductivo no es un número perdido en una planilla: es dinero que se le quita a la sociedad productiva para sostener estructuras que muchas veces no devuelven nada.

Cuando el Estado paga salarios sin control, no está siendo “inclusivo” ni “solidario”. Está usando recursos de todos para sostener beneficios particulares. Y cuando esos beneficios aparecen ligados a apellidos políticos, el caso deja de ser una simple irregularidad administrativa para convertirse en una muestra clara de clientelismo.

La desvinculación de Puli Moreno puede ser una reacción ante la presión pública, pero no alcanza. Si el municipio quiere dar una señal seria, debería transparentar cuántos contratos similares existen, qué funciones cumple cada persona, qué área los solicitó y bajo qué criterios fueron incorporados.

El Estado no puede seguir funcionando como una bolsa de trabajo de la política. Cada empleado público debe tener una tarea verificable, una responsabilidad concreta y una contraprestación real. Todo lo demás es privilegio financiado por el contribuyente.

La Argentina que quiere salir adelante necesita terminar con esta cultura del acomodo. No alcanza con cambiar nombres: hay que cambiar reglas. Concursos, auditorías, control de asistencia, evaluación de desempeño y publicación clara de contrataciones deberían ser condiciones mínimas en cualquier administración seria.

Porque cuando la política mete familiares y amigos en el Estado, no está creando empleo genuino. Está repartiendo el esfuerzo de los demás.

Y mientras unos entran por apellido, cobran por mes y trabajan en misterio, millones de argentinos tienen que producir, competir y pagar impuestos para sostener una casta que todavía se resiste a perder sus privilegios.

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