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Nueve meses de prisión en suspenso por diez hurtos en comercios locales
La Pampa · 5 min

Cometió diez hurtos, fue condenado y no irá preso: la Justicia le impuso una pena en suspenso

Por Redacción Pampa Liberal

La jueza Florencia Maza homologó un juicio abreviado por diez hurtos a comercios de Santa Rosa cometidos entre enero y junio de 2026, con acuerdo entre la fiscal Susana Nemesio y el defensor Juan José Hermúa.

Un hombre de 34 años fue condenado a nueve meses de prisión en suspenso después de admitir su responsabilidad en diez hechos delictivos cometidos contra comercios de Santa Rosa entre enero y junio de 2026.

La jueza de Control Florencia Maza homologó el acuerdo de juicio abreviado firmado por la fiscal Susana Nemesio, el defensor oficial Juan José Hermúa y el imputado, Lucas Santiago Pérez.

La condena comprendió nueve delitos de hurto simple y otro en grado de tentativa, todos considerados en concurso real. Sin embargo, pese a la cantidad de hechos reconocidos, Pérez no deberá cumplir la pena dentro de una cárcel

La investigación reunió diez legajos correspondientes a episodios ocurridos entre el 24 de enero y el 6 de junio.

Según la información judicial, el condenado ingresaba a distintos establecimientos comerciales, tomaba mercadería y se retiraba sin pagar. Como no utilizaba violencia ni forzaba los accesos, los hechos fueron calificados como hurtos y no como robos.

Entre los productos sustraídos aparecen bebidas alcohólicas, alimentos, golosinas, indumentaria y perfumes. La lista incluye botellas de whisky, Gancia, Fernet, una gaseosa, una tarta, una caja de bombones, dos camperas y cuatro perfumes.

En varios de los episodios pudo ser identificado mediante las cámaras de seguridad de los comercios. El último ocurrió el 6 de junio en un minimercado de la calle Alvear, donde fue sorprendido y reducido por el propietario antes de que lograra retirarse con la mercadería.

Es decir, no fue el sistema el que consiguió detener la secuencia antes de que continuara: terminó siendo uno de los propios comerciantes afectados quien tuvo que intervenir.

Pérez recibió una pena de nueve meses de prisión de ejecución condicional. Esto significa que existe una condena, pero su cumplimiento queda suspendido y el responsable continuará en libertad mientras respete determinadas reglas.

Durante dos años deberá mantener un domicilio declarado, no ausentarse sin autorización judicial y presentarse una vez por mes ante la Unidad de Abordaje, Supervisión y Orientación de Personas en Conflicto con la Ley Penal.

Si incumple esas condiciones, el beneficio podría ser revocado y la pena podría convertirse en efectiva. Mientras eso no ocurra, no pasará un solo día en prisión.

El argumento jurídico utilizado fue que se trata de su primera condena. El artículo 26 del Código Penal permite que los tribunales suspendan el cumplimiento de penas de hasta tres años cuando no existen condenas anteriores. Pero hay una diferencia importante: la ley concede esa posibilidad, no obliga al juez a aplicarla automáticamente. La decisión debe estar debidamente fundamentada.

Formalmente, el condenado no tenía antecedentes computables. Materialmente, admitió haber cometido diez hechos en menos de cinco meses.

Esa diferencia explica buena parte del malestar social. Para el expediente puede tratarse de una persona sin condenas previas. Para los comerciantes afectados, hubo nueve hurtos consumados, una tentativa y una secuencia que solamente se detuvo cuando uno de ellos actuó.

La primera condena no equivale necesariamente al primer delito. En este caso, la propia sentencia concentra diez episodios diferentes. Por eso resulta legítimo preguntarse si la respuesta penal fue proporcional a la conducta comprobada.

También debe discutirse el acuerdo alcanzado por la Fiscalía. La pena no surgió exclusivamente de una decisión unilateral de la jueza: fue el resultado de un juicio abreviado aceptado por la acusación, la defensa y el propio imputado, y posteriormente homologado por el tribunal.

La responsabilidad institucional, por lo tanto, no puede reducirse a una sola persona. Es el funcionamiento general del sistema el que merece ser revisado.

Cada hurto tiene una víctima concreta. Detrás de cada botella, prenda o alimento sustraído existe un comerciante que paga alquiler, impuestos, salarios, servicios, seguridad y reposición de mercadería.

Además de sufrir la pérdida, debe instalar cámaras, conservar las grabaciones, hacer la denuncia, aportar pruebas y esperar una respuesta judicial. Después descubre que, incluso ante diez hechos reconocidos, el resultado puede ser una condena que no implica prisión efectiva.

Mientras el delincuente recibe una nueva oportunidad, el comerciante debe volver a abrir al día siguiente y asumir nuevamente el riesgo.

No se trata de reclamar penas desproporcionadas por productos de escaso valor. Se trata de reconocer que la repetición también importa. Diez hechos no deberían analizarse como si fueran un tropiezo aislado.

Este caso no demuestra la existencia de un “narcoestado” ni permite vincular a las autoridades con el narcotráfico. Hacer esa acusación sin pruebas debilitaría una crítica que ya tiene suficientes elementos concretos.

Lo que sí demuestra es la distancia entre la respuesta institucional y la percepción de quienes trabajan, invierten y padecen el delito.

La legislación penal de fondo es nacional, pero su aplicación depende de fiscales y jueces provinciales. La política también tiene responsabilidad: debe revisar si las normas, los acuerdos abreviados, los mecanismos de seguimiento y las sanciones existentes protegen adecuadamente a las víctimas y desalientan la reiteración delictiva.

La reinserción puede ser un objetivo legítimo. Pero no puede convertirse en una excusa automática para minimizar cada hecho y abandonar a quienes cumplen la ley.

Después de diez hurtos, la pregunta resulta inevitable: ¿cuántas veces debe delinquir una persona para que el sistema considere necesaria una pena efectiva?

Porque cuando cometer diez delitos permite regresar a casa y la víctima queda contando las pérdidas, la Justicia puede haber cerrado un expediente, pero difícilmente haya resuelto el problema.

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