Chau retenciones en 36 meses: Ardohain impulsa reducción automática a 0%

Martín Ardohain, presidente de la Comisión de Agricultura e impulsor del ala productivista del PRO, presentó un proyecto que pone las retenciones en una pendiente automática hacia 0% en 36 meses y devuelve al Congreso la llave tributaria, con un guiño explícito al acuerdo Mercosur–Unión Europea que ya rige.

El punto de partida es político e institucional antes que contable: la iniciativa alinea la política comercial argentina con la entrada en vigor del acuerdo birregional del 1 de mayo de 2026 y, al mismo tiempo, consagra previsibilidad bajo los principios de legalidad y reserva de ley. La promesa es simple de entender y exigente de cumplir: reglas claras, horizonte cierto y menos discrecionalidad.

El núcleo técnico es una eliminación gradual de retenciones para manufacturas industriales y agroindustriales, y para productos de economías regionales, con una fórmula lineal y automática: la alícuota vigente al 1 de mayo de 2026 se divide por 36 y ese resultado se descuenta todos los meses hasta llegar a cero. Si un bien parte de 12%, caerá en torno de 0,33 puntos por mes; si ya está en 0%, se ratifica ese nivel sin cambios. Sin ventanillas discrecionales, sin parches.

El complejo soja recibe un trato diferencial con metrónomo propio: baja automática de 0,5 puntos porcentuales por mes hasta alícuota cero. La senda no depende de porcentajes relativos sino de un recorte fijo mes a mes, lo que permite proyectar cash flow y decisiones de almacenaje y venta con un calendario objetivo, mientras el resto del agro y la agroindustria siguen la rampa de 36 escalones iguales.

El componente institucional es el segundo pilar del proyecto. Se derogan los incisos a) y c) del artículo 755 del Código Aduanero para impedir aumentos por decisión administrativa y se preserva el inciso b), que habilita al Poder Ejecutivo a profundizar alivios pero no a subir cargas. Qué cambia en la práctica: la potestad de crear o elevar derechos de exportación vuelve a ser exclusiva del Congreso, y toda modificación al alza necesita ley, debate y mayorías; los recortes, en cambio, pueden acelerarse si hay margen y necesidad.

La operativa busca quitar incertidumbre en la línea de producción a puerto. La alícuota aplicable será la vigente al momento del registro de la DJVE para los productos alcanzados por ese régimen, y, para el resto, la que rija al registrar la destinación de exportación definitiva para consumo. No se tocan plazos de liquidación de divisas ni obligaciones de embarque, lo que significa que la ingeniería financiera y logística del exportador no se reescribe, solo se despeja la trayectoria del impuesto.

Para el productor y para la fábrica de alimentos, la señal es de inversión y escala. Una senda conocida de costos impositivos permite planificar rotaciones, financiar riego suplementario para estabilizar rindes frente a sequías intermitentes, modernizar maquinaria con crédito atado a productividad y reponer nutrientes sin licuar márgenes con sorpresas fiscales. Esa misma claridad mejora el precio de referencia en contratos forward y reduce el riesgo de basis, porque el descuento esperado en retenciones se vuelve parte explícita de la ecuación comercial.

Habrá una discusión ineludible sobre el fisco. En el corto plazo, la caja nacional resigna ingresos por derechos de exportación, y eso tensará la conversación presupuestaria. La apuesta de fondo es que mayor producción, más empleo y más inversión expandan la recaudación por impuestos directos y preciosos eslabones del interior —metalmecánica, transporte, servicios—, al tiempo que la competitividad externa se acerca a la de los vecinos que exportan con menor castigo tributario. La clave está en el timing: la senda es gradual para que el ajuste de cuentas públicas conviva con el despegue productivo.

Lectura de poder: el proyecto fortalece al Congreso en materia tributaria y posiciona al PRO como promotor de previsibilidad para el agro, con un beneficio visible para economías regionales y la agroindustria que ganan margen y horizonte de inversión. El Ejecutivo conserva una válvula para acelerar alivios sin posibilidad de subir alícuotas por decreto. El Tesoro pierde una fuente rápida de recursos, lo que abre tensiones con sectores que ven en las retenciones un ancla fiscal. El desenlace dependerá de acuerdos en comisiones, del humor de gobernadores del interior y del voto de bloques que priorizan el equilibrio de las cuentas.

El trámite legislativo exigirá musculatura y números finos. Agricultura abrirá el juego técnico, Presupuesto pondrá la lupa fiscal y Comercio o Legislación General deberán armonizar plazos y articulados con el Código Aduanero. Hay aliados potenciales en provincias exportadoras que necesitan oxígeno para sus cadenas de valor, y hay resistencias previsibles en quienes temen un bache transitorio de ingresos. La coincidencia con el cronograma Mercosur–UE agrega un anclaje externo que le da fuerza política a la hoja de ruta y, al mismo tiempo, eleva el costo de desandar el camino.

Este es un cambio de reglas que prueba carácter: o se gobierna con impuestos fáciles y resultados mediocres, o se apuesta por inversión, productividad y apertura con una baja ordenada y previsible. En 36 meses, el campo será otro.