Privilegios intactos: la Justicia ordenó volver a pagarle la pensión a Cristina Kirchner

La Justicia previsional volvió a fallar a favor de Cristina Fernández de Kirchner y ordenó que ANSES restituya, de manera provisoria, la pensión que la expresidenta percibía como viuda de Néstor Kirchner. La decisión fue tomada por la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social, que rechazó por mayoría un recurso extraordinario presentado por el organismo previsional para llevar el caso a la Corte Suprema. En los hechos, ANSES deberá volver a pagarle una prestación varias veces millonaria mientras continúa el juicio principal.

El dato político es enorme. No se trata de una jubilada común reclamando un haber mínimo, ni de una persona anónima perdida en el laberinto previsional. Se trata de una expresidenta condenada por corrupción en la causa Vialidad, hoy con prisión domiciliaria, que vuelve a quedar amparada por un régimen de privilegio mientras millones de argentinos deben demostrar hasta el último papel para cobrar prestaciones básicas.

Conviene precisar bien el punto. La medida alcanza a la pensión por viudez de Néstor Kirchner, no a la jubilación vitalicia como expresidenta, que fue tratada por separado en otras instancias. La Cámara confirmó la cautelar que ya había ordenado restablecer provisoriamente esa pensión, luego de que ANSES la suspendiera en noviembre de 2024 tras la confirmación de la condena de Cristina Kirchner en la causa Vialidad.

El fallo fue adoptado con los votos de los jueces Sebastián Russo y Juan Fantini Albarenque, mientras que ANSES quedó sin vía ordinaria ante esa Cámara para frenar el pago por ese camino. El Gobierno, sin embargo, todavía puede intentar una queja ante la Corte Suprema. Esa será la próxima batalla: si el máximo tribunal acepta revisar el caso o si la cautelar queda operativa mientras se tramita el expediente de fondo.

La discusión jurídica tiene matices. La defensa de Cristina sostiene que la prestación previsional no puede ser retirada por una decisión administrativa y que se trata de un derecho adquirido. El Gobierno, en cambio, argumentó desde el comienzo que las asignaciones especiales de expresidentes y sus derechohabientes no son una jubilación ordinaria, sino un beneficio extraordinario asociado al honor, mérito y buen desempeño en el cargo. Bajo esa lógica, una condena por corrupción destruiría la base moral del privilegio.

Ese es el corazón del debate. No estamos ante una discusión previsional común. Estamos ante el choque entre el formalismo de un beneficio especial y el sentido común de una sociedad cansada de ver cómo la política conserva ventajas incluso después de condenas, escándalos y años de deterioro institucional. La pregunta no es solamente si Cristina tiene una herramienta jurídica para reclamar. La pregunta es si corresponde que el Estado siga pagando pensiones de privilegio a dirigentes condenados por corrupción mientras al ciudadano común se le exige austeridad, cumplimiento y paciencia.

El problema para el sistema político es que estos casos rompen cualquier discurso de igualdad. La Argentina que le pide sacrificios al contribuyente, que ajusta partidas, que revisa pensiones, que audita beneficios y que promete terminar con los privilegios, aparece obligada por la Justicia a restituir una pensión millonaria a una de las figuras más poderosas de los últimos 20 años. El contraste es brutal. Para muchos argentinos, no se trata de técnica previsional: se trata de privilegios intactos.

También hay un dato institucional que no debería pasar desapercibido. El Gobierno de Milei hizo de la pelea contra los privilegios políticos una bandera central. La baja de las prestaciones a Cristina fue presentada como parte de esa lógica. La Justicia, ahora, le pone un límite provisorio y vuelve a mostrar que la batalla contra los privilegios no se resuelve solo con voluntad política. También se juega en tribunales, en interpretaciones legales y en un sistema que muchas veces parece diseñado para proteger mejor a los poderosos que a los ciudadanos comunes.

Eso no significa que haya que ignorar el debido proceso ni convertir cada fallo adverso al Gobierno en una conspiración. Sería una lectura demasiado cómoda. La Cámara resolvió en el marco de una causa cautelar y el expediente de fondo sigue abierto. Pero tampoco corresponde esconder el costado político del caso. Cuando una expresidenta condenada por corrupción logra que se reactive una pensión de privilegio, el mensaje social que queda es pésimo: la ley puede ser dura con los débiles, pero extremadamente cuidadosa con los que acumularon poder.

Cristina Kirchner volverá a cobrar, al menos provisoriamente, una prestación que el Gobierno había intentado dar de baja como consecuencia de su condena. ANSES perdió esta instancia, aunque todavía podría buscar que la Corte intervenga. Mientras tanto, el caso vuelve a exponer una de las fracturas más profundas de la Argentina: la distancia entre el país real, donde cualquier trámite previsional puede ser una odisea, y el país de la política, donde los privilegios siempre encuentran algún camino para sobrevivir.

La discusión de fondo no debería quedar enterrada en tecnicismos. Un sistema republicano sano no puede naturalizar que quienes fueron condenados por administrar mal o corruptamente el Estado sigan recibiendo beneficios excepcionales del mismo Estado. La igualdad ante la ley no se declama: se prueba en estos casos. Y hoy, con este fallo, la sensación que vuelve a instalarse es que para algunos la Argentina siempre tiene una ventanilla abierta.

El Gobierno promete llevar la pelea hasta la Corte. Cristina consiguió otro alivio judicial. Y en el medio queda una pregunta que ningún tecnicismo logra apagar: ¿cuántos privilegios más va a seguir pagando la Argentina antes de animarse a cortar de verdad con la casta que dice haber dejado atrás?