Milei pone orden: más de 100.000 pensiones irregulares suspendidas por el Estado
Una auditoría de ANDIS detectó que el 70% de los expedientes revisados presentaba irregularidades, incluyendo pagos a personas fallecidas y beneficiarios sin Certificado Único de Discapacidad.
Más de 100.000 pensiones no contributivas fueron suspendidas tras una auditoría nacional que expuso irregularidades graves en el sistema de asistencia social. El operativo, impulsado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), responde a una política de depuración que busca terminar con años de descontrol, clientelismo y uso político de los recursos públicos. La medida, aunque polémica, marca un punto de inflexión en la gestión estatal: por primera vez en décadas, se revisa a fondo un sistema que había sido convertido en caja opaca por gobiernos anteriores.
El informe preliminar de ANDIS reveló que una gran parte de los beneficiarios no contaba con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), documento obligatorio para acceder a la pensión. También se detectaron casos de personas con ingresos superiores al límite permitido, lo que los excluye del beneficio por incompatibilidad económica. Pero lo más alarmante: se registraron pagos a individuos fallecidos, lo que sugiere una red de negligencia o incluso fraude institucionalizado. Según cifras oficiales, el 70% de los expedientes revisados presentaban algún tipo de irregularidad. Esta situación no solo compromete la transparencia del sistema, sino que pone en evidencia una gestión que durante años priorizó el uso político de la asistencia por sobre su función social.
Ante la suspensión masiva, el gobierno habilitó un canal de apelación para quienes consideren que su caso fue evaluado erróneamente. El trámite será digital, gratuito y revisado por profesionales médicos y administrativos. Desde ANDIS se aclaró que ningún ciudadano con discapacidad real y sin medios de subsistencia quedará desprotegido. La diferencia, explican, es que ahora se exige documentación, trazabilidad y verificación. En otras palabras: se acabó el tiempo de los beneficios automáticos sin control.
Este proceso de auditoría continuará en todo el país, revisando cada pensión no contributiva otorgada en los últimos años. El objetivo es claro: asegurar que los recursos públicos lleguen a quienes realmente los necesitan, sin intermediarios, sin favoritismos, sin corrupción. En un contexto donde se suele caricaturizar al liberalismo como indiferente o cruel, esta acción demuestra lo contrario. El ajuste no es abandono: es orden. La transparencia no es exclusión: es justicia. Y la eficiencia no es frialdad: es respeto por el contribuyente y por los verdaderos beneficiarios.
La Argentina que emerge de este proceso no será menos solidaria, sino más honesta. Porque la verdadera inclusión comienza con la verdad, y el verdadero progreso con responsabilidad. El liberalismo, lejos de ser una amenaza, puede ser la herramienta que devuelva dignidad al Estado y confianza a la sociedad.