Universidades públicas: la plata de todos merece algo más que «confiá en mí»

Si ayudaras económicamente a un familiar con problemas de juego, querrías comprobar que la plata llega a donde hace falta. Con el presupuesto universitario, exigir cuentas también es cuidar su destino. Los mecanismos de control existen; la discusión debe ser cuánto revisan, qué encuentran y qué se corrige.

Supongamos que tenés un familiar con una adicción al juego. Te pide plata para pagar el alquiler y llenar la heladera. Querés ayudarlo, pero sabés que antes terminó apostando el dinero.

¿Le transferís y cruzás los dedos? ¿O acordás una forma de comprobar que esa ayuda se use para lo que te pidió?

Pedir comprobantes no significa que quieras dejarlo en la calle. Significa que te importa que el alquiler se pague. Porque una necesidad real puede existir al mismo tiempo que un mal manejo de la plata destinada a resolverla.

Ahí está el punto que sirve para discutir las auditorías universitarias: el valor de una causa no garantiza que sus recursos estén bien administrados. La comparación explica la necesidad de verificar; no convierte a las universidades en culpables ni a sus autoridades en jugadores compulsivos. Para señalar corrupción hacen falta pruebas.

Javier Milei volvió a cuestionar el manejo de los fondos universitarios. Sostuvo que se administran recursos «sin controles ni transparencia» y acusó a sectores políticos de escudarse en causas nobles para proteger intereses propios. Son acusaciones del Presidente: para acreditarlas hay que identificar hechos, responsables y documentación.

Hay un dato que tampoco conviene barrer debajo de la alfombra: las universidades tienen mecanismos de control y existen auditorías. El artículo 59 bis de la Ley de Educación Superior obliga a todas las instituciones universitarias estatales a generar mecanismos de auditoría interna sobre el uso de sus bienes y recursos, y pone el control administrativo externo en la Auditoría General de la Nación (AGN). La discusión no puede apoyarse en que jamás se revisa nada.

Ahora bien, decir que existe una auditoría tampoco responde todas las preguntas.

¿Qué gastos abarcó? ¿De qué años? ¿Qué observaciones hizo? ¿Se corrigieron? ¿Puede cualquier ciudadano consultar los resultados y entender qué pasó? Un control se evalúa por su alcance y por lo que consigue corregir.

Para el acceso a los números, la AGN y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) crearon el Portal de Información de las Universidades Públicas Nacionales (PIU), de consulta abierta, con ejecuciones presupuestarias, personal, compras, contrataciones y matrículas. El propio portal aclara algo decisivo: esos datos los aportan las universidades y no reemplazan una auditoría. Es la planilla que llenó el que gasta.

Volvamos al ejemplo familiar. No te alcanzaría con que alguien te dijera que una vez miró unos recibos. Querrías saber si la plata de este mes llegó al alquiler. Esa misma preocupación debería orientar el control del dinero público: revisar con suficiente oportunidad para detectar problemas y evitar que se repitan.

El contribuyente tiene derecho a saber cuánto se pagó, a quién, por qué trabajo y con qué resultado. El docente que necesita recursos para enseñar y el estudiante que espera una beca también tienen interés en que cada partida cumpla su función. Si hay un desvío, ellos están entre los perjudicados.

Por eso, ante un pedido de rendición, la respuesta debería ser documentación. Y ante una denuncia de corrupción, también. El prestigio académico no reemplaza una factura; una acusación presidencial no reemplaza una prueba. La exigencia tiene que alcanzar tanto a las autoridades universitarias como al Gobierno que las cuestiona.

Las auditorías, además, deben realizarse con independencia y por los organismos competentes. Si encuentran irregularidades, corresponde corregirlas, investigar responsabilidades y aplicar las consecuencias que correspondan. Si no las encuentran, también hay que decirlo. Un control cuyo resultado ya está decidido de antemano sirve para una campaña, no para esclarecer el uso de los fondos.

Defender la educación pública exige cuidar la plata que la sostiene. Discutir cuánto presupuesto necesita una universidad y controlar cómo lo administra son tareas compatibles. Los estudiantes no deberían quedar atrapados entre quienes reclaman recursos sin explicar su destino y quienes lanzan sospechas sin acreditarlas.

Conviene recordar, además, que la pelea por quién controla la universidad y con qué criterio tiene historia propia: así lo muestran el control ideológico sobre la universidad durante el peronismo y episodios recientes como el decano de Exactas de la UBA que blanqueó su militancia política. Y que leer bien un informe de la AGN es tan importante como pedirlo: lo vimos con la lectura del informe sobre el oro del Banco Central.

La plata sale del trabajo de millones de personas. Merece cuentas claras, controles efectivos y respuestas comprobables.

El «confiá en mí» puede servir para pedir un favor. Para administrar dinero ajeno, queda bastante corto.