El Gobierno nacional reveló una de las irregularidades más graves detectadas hasta ahora en el sistema de asistencia estatal: cerca de 180 mil personas que ya estaban fallecidas continuaban registradas como beneficiarias activas del Certificado Único de Discapacidad (CUD). El hallazgo se produjo en el marco de una auditoría interna impulsada por la gestión de Javier Milei y encendió todas las alarmas dentro de la administración pública.
La detección surgió a partir de una revisión integral realizada en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde se identificaron 178 mil certificados activos correspondientes a personas fallecidas. La información fue confirmada tras un cruce de datos con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), dependiente del Ministerio del Interior, lo que permitió corroborar oficialmente las inconsistencias.
El proceso de auditoría comenzó luego de los cambios en la conducción del organismo. El interventor Alejandro Vilches, sanitarista designado para reemplazar al exfuncionario Diego Spagnuolo, encabezó la revisión que dejó al descubierto el volumen del descontrol. Tras validar los datos, se avanzó con la baja inmediata de los certificados que correspondían a personas ya fallecidas.
Desde el Gobierno no minimizaron la gravedad del caso. Por el contrario, admitieron que el volumen de irregularidades detectadas da cuenta de una maniobra sistemática que habría generado un perjuicio económico millonario para el Estado. En la Casa Rosada ya se evalúa la posibilidad de avanzar judicialmente, no solo contra quienes pudieron haber cobrado de manera indebida, sino también contra prestadores y actores intermedios que habrían participado de la operatoria.
Una fuente con conocimiento directo de la investigación fue categórica: “Es lisa y llanamente una estafa al Estado”. En esa línea, explicó que se están cotejando los datos de los beneficiarios fallecidos con los prestadores vinculados a los servicios asociados al CUD, con el objetivo de determinar responsabilidades y eventuales delitos.
El Certificado Único de Discapacidad es un documento público y gratuito que acredita oficialmente una condición de discapacidad y habilita el acceso a múltiples beneficios, como coberturas de salud, transporte, asignaciones y programas de asistencia. Su emisión está a cargo de una Junta Interdisciplinaria que evalúa cada caso de manera individual. Precisamente por eso, el escándalo expone fallas estructurales en los controles posteriores y en la actualización de los padrones.
Desde el Ejecutivo remarcaron que la auditoría no busca recortar derechos ni afectar a personas con discapacidad reales, sino transparentar el sistema y garantizar que los recursos públicos lleguen efectivamente a quienes los necesitan. El cruce con bases oficiales como RENAPER, que no se había aplicado de forma sistemática en años anteriores, fue clave para detectar el problema.
La revisión de los padrones de discapacidad forma parte de una política más amplia de control del gasto público y de saneamiento de registros en distintas áreas del Estado. Para el Gobierno, este caso es una muestra concreta del nivel de desorden administrativo heredado, donde la falta de controles permitió que beneficios siguieran activos incluso después del fallecimiento de sus titulares.
El escándalo vuelve a poner sobre la mesa una discusión incómoda pero necesaria: sin auditorías, sin cruces de datos y sin controles efectivos, los sistemas de asistencia terminan siendo vulnerables al abuso y al fraude. Lejos de perjudicar a los sectores más vulnerables, el ordenamiento apunta justamente a protegerlos, evitando que los recursos se diluyan en irregularidades que solo benefician a intermediarios y redes opacas.
Con esta auditoría, el Gobierno de Milei busca enviar una señal clara: el Estado deja de mirar para otro lado. La asistencia social no puede ser un agujero negro ni una caja sin control. Transparentar, auditar y corregir no es ajuste: es una condición básica para que la ayuda llegue a quien realmente la necesita.
