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Cooperativas de servicios públicos de La Pampa durante una asamblea
La Pampa · 2 min

Las cooperativas se atrincheran: se niegan a cambiar y siguen cobrando lo que Milei prohibió

Por Redacción Pampa Liberal

En una decisión que tensiona aún más el vínculo con el Gobierno nacional, las cooperativas de servicios públicos agrupadas en Fepamco resolvieron mantener intacto su esquema de facturación, ignorando la resolución 267/24 emitida por la Secretaría de Industria y Comercio. Esta normativa busca eliminar cargos considerados abusivos, como la tasa de capitalización, el fondo cooperativo compensador, el cobro por espacio aéreo y el alumbrado público. Sin embargo, las cooperativas decidieron continuar aplicándolos, incluso después de que la Cámara Federal de Bahía Blanca revocara la cautelar que las protegía.

La postura fue ratificada en una asamblea extraordinaria con la participación de 20 entidades pampeanas, donde además se renovaron autoridades sin modificaciones. El mensaje fue contundente: no hay intención de revisar ni adaptar el modelo de cobros, pese a las señales claras del Ejecutivo. En lugar de avanzar hacia una mayor transparencia, las cooperativas optaron por judicializar el conflicto y seguir facturando como hasta ahora.

Este escenario revela una resistencia profunda al cambio. Las cooperativas, que históricamente se presentaron como organizaciones solidarias, hoy operan como estructuras cerradas que defienden privilegios heredados. Alegan que los ítems cuestionados son “costos esenciales”, pero no explican por qué deben seguir siendo cobrados por fuera de los marcos legales vigentes. ¿Qué tan esencial es el cobro por espacio aéreo? ¿Por qué el alumbrado público debe seguir facturándose a través entidades que no rinden cuentas ni al Estado ni al usuario?

La resolución del gobierno no busca eliminar a las cooperativas, sino ordenar el sistema tarifario y proteger al consumidor. Es una medida que apunta a la transparencia, a la eficiencia y a la despolitización de los servicios públicos. Pero la reacción del sector cooperativo parece más una defensa corporativa que una preocupación genuina por el bienestar de los ciudadanos.

Mientras tanto, los usuarios siguen pagando. Y no solo por el servicio, sino por una serie de cargos que no tienen justificación clara ni respaldo legal. En nombre de lo “comunitario”, se perpetúan cobros que benefician a unos pocos y castigan a muchos.

¿No es momento de revisar el rol de estas entidades en una Argentina que busca modernizarse? ¿Puede una organización que se niega a adaptarse seguir considerándose “social”?

La verdadera solidaridad no se cobra en ítems escondidos. Se construye con reglas claras, competencia justa y respeto por el contribuyente.

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