Cooperativas en rojo: así funciona el vaciamiento financiero que amenaza el sistema eléctrico pampeano
Dieciocho cooperativas eléctricas acumulaban una deuda superior a los $9.000 millones con APE, sin contar intereses. Mientras los usuarios pagan sus facturas y la Provincia cancela la energía ante CAMMESA, una parte del dinero no completa el recorrido. Refinanciaciones, controles insuficientes y pasivos a diez años amenazan con dejar cooperativas descapitalizadas y un sistema eléctrico cada vez más frágil.
Los pampeanos pagan la factura de la luz todos los meses. La Provincia, por su parte, debe pagarle a CAMMESA la energía adquirida en el mercado mayorista. Entre ambos extremos aparecen las cooperativas eléctricas, responsables de distribuir el servicio, cobrarles a los usuarios y transferir a la Administración Provincial de Energía —APE— el importe correspondiente a la energía comprada.
El sistema parece sencillo. Sin embargo, existe un agujero financiero cada vez más difícil de ocultar.
Al 31 de diciembre de 2024, unas 18 cooperativas eléctricas de La Pampa acumulaban una deuda superior a los $9.000 millones con APE. La cifra, obtenida mediante un pedido de acceso a la información pública, ni siquiera incluía los intereses correspondientes.
No se trata solamente de facturas atrasadas. Estamos ante un proceso de vaciamiento financiero que descapitaliza a las cooperativas, reduce su capacidad de inversión y convierte obligaciones corrientes en deudas que pueden extenderse durante una década.
¿Cómo funciona el sistema eléctrico de La Pampa?
Para comprender la gravedad del problema hay que seguir el recorrido del dinero.
CAMMESA abastece de energía al sistema eléctrico provincial. La Provincia, a través de APE, compra esa energía y luego se la vende a las cooperativas eléctricas, que se encargan de distribuirla entre hogares, comercios, industrias y organismos públicos.
Las cooperativas facturan el consumo a los usuarios y deben pagarle a APE la energía recibida.
El circuito debería funcionar así:
Usuario paga a la cooperativa → cooperativa paga a APE → APE paga a CAMMESA.
Pero cuando una cooperativa cobra total o parcialmente las facturas y no cancela sus compromisos con APE, la cadena se rompe. La Provincia debe continuar pagando la energía para evitar que el sistema colapse, mientras el pasivo de las entidades sigue creciendo.
En otras palabras: la deuda queda registrada a nombre de las cooperativas, pero el agujero termina siendo sostenido, directa o indirectamente, con recursos públicos.
Una deuda superior a los $9.000 millones
La dimensión del problema quedó expuesta en abril de 2025, cuando se conoció que 18 cooperativas eléctricas adeudaban más de $9.000 millones a APE al cierre de 2024.
La diputada provincial Gisela Cuadrado reclamó entonces fiscalizaciones periódicas y auditorías integrales. También advirtió que la Provincia continuaba pagando en tiempo y forma a CAMMESA, mientras las deudas de las distribuidoras terminaban siendo cubiertas con fondos provinciales.
El dato más alarmante no fue solamente el monto. Según la información difundida, el control estatal se limitaba principalmente a declaraciones juradas mensuales sobre facturación y costos presentadas por las propias entidades.
Es decir, el Estado provincial era acreedor de una deuda multimillonaria, pero no contaba con un sistema de auditoría externa e integral que permitiera reconstruir con claridad qué había sucedido con cada peso facturado, cobrado y gastado.
¿Qué porcentaje de las facturas fue efectivamente cobrado? ¿Cuánto dinero debía transferirse a APE? ¿Cuánto se destinó a salarios, estructura, otros servicios o inversiones? ¿Qué parte corresponde a usuarios morosos? ¿Cuánto se perdió por mala administración?
Sin esas respuestas, cualquier explicación queda incompleta.
El antecedente que encendió todas las alarmas
La hipótesis de que en algunos casos el dinero destinado a APE pudo utilizarse para otros fines no es una especulación surgida de la nada.
En mayo de 2024, el Consejo de Administración de COOSPU, la cooperativa de 25 de Mayo, aseguró públicamente que su deuda histórica se había originado en “retiros indebidos de fondos” que debían destinarse al pago de la energía.
Según la conducción de la entidad, entre 2012 y 2017 no se habría pagado una sola factura a APE. También denunció vales de caja sin comprobantes, supuestas donaciones y ajustes contables presuntamente utilizados para retirar o esconder dinero.
Esas afirmaciones corresponden a una denuncia realizada por las autoridades de la cooperativa y no permiten acusar automáticamente a todas las entidades pampeanas de haber realizado las mismas maniobras. Pero sí demuestran por qué resulta indispensable auditar.
Cuando existen antecedentes de fondos que debían pagar energía y presuntamente terminaron desviados, aceptar declaraciones juradas como único control resulta claramente insuficiente.
COSEGA: de tres facturas impagas a una deuda crítica
Otro caso que mostró la velocidad con la que puede crecer el problema fue el de la Cooperativa de Servicios Públicos de General Acha.
En febrero de 2025, COSEGA mantenía una deuda cercana a los $860 millones con APE. El monto representaba aproximadamente tres facturas mensuales impagas.
El ejemplo es importante porque permite entender que el vaciamiento financiero no siempre comienza con una maniobra extraordinaria. Puede avanzar silenciosamente: se posterga una factura, después otra, se utilizan ingresos corrientes para cubrir otros gastos y finalmente la cooperativa queda atrapada en una deuda que ya no puede pagar sin refinanciar.
La energía se consume todos los meses. Por eso, una cooperativa que ingresa en un plan de pagos debe afrontar simultáneamente la factura corriente, la cuota de la deuda acumulada, los intereses, los salarios, el mantenimiento de las redes y las inversiones necesarias.
Si sus ingresos apenas alcanzaban antes de refinanciar, la pregunta es inevitable: ¿cómo hará para pagar todo después?
Deudas a diez años: la solución que puede convertirse en una trampa
En septiembre de 2025, el Gobierno provincial lanzó un nuevo plan excepcional de regularización para cooperativas eléctricas y grandes usuarios.
Las condiciones incluyeron:
- Un anticipo mínimo equivalente al 20% de la deuda actualizada.
- Hasta 120 cuotas mensuales.
- Un interés del 1,5% mensual sobre saldos mediante el sistema francés.
- IVA y percepciones cuando correspondieran.
- Obligación de pagar puntualmente la facturación corriente.
- Posibilidad de iniciar el cobro judicial ante nuevos incumplimientos.
Presentado oficialmente como una herramienta para recomponer la cadena de pagos, el plan admite indirectamente la dimensión del problema: existen cooperativas que necesitan hasta diez años para cancelar energía que ya fue consumida y, en muchos casos, facturada.
Refinanciar puede evitar una crisis inmediata, pero no corrige por sí mismo las causas del endeudamiento.
Si una cooperativa no genera recursos suficientes para pagar su consumo actual, una cuota adicional no resolverá el desequilibrio. Solamente extenderá el problema. Y si recibió el dinero de los usuarios pero lo destinó a otros gastos, la refinanciación termina premiando el desorden y trasladando sus consecuencias hacia el futuro.
¿Por qué hablamos de vaciamiento financiero?
Hablar de vaciamiento financiero no significa afirmar, sin pruebas, que todas las conducciones cooperativas robaron dinero. Esa generalización sería irresponsable.
El concepto describe un resultado concreto: entidades progresivamente descapitalizadas, cargadas de deuda, con menor capacidad para mantener las redes y obligadas a comprometer ingresos futuros para pagar obligaciones del pasado.
El mecanismo puede seguir diferentes caminos:
- La cooperativa cobra la factura, pero destina parte de los fondos a otros gastos.
- Deja de pagar total o parcialmente la energía comprada a APE.
- La deuda acumula intereses.
- La Provincia continúa pagando a CAMMESA para sostener el servicio.
- Se aprueba un nuevo plan de refinanciación.
- Los ingresos futuros quedan comprometidos durante años.
- La inversión en infraestructura se posterga.
- El usuario termina pagando tarifas más altas o recibe un servicio peor.
El vaciamiento no necesariamente ocurre de un día para otro. Puede producirse lentamente, factura tras factura, mientras los balances pierden solidez y la infraestructura envejece.
El Gobierno provincial también debe dar explicaciones
La responsabilidad no termina en los consejos de administración de las cooperativas.
APE conoce cuánto factura, cuánto cobra y qué entidades incumplen. La Subsecretaría de Cooperativas tiene facultades de fiscalización. La Secretaría de Energía debe garantizar la sustentabilidad del sistema. Y el Gobierno provincial administra los recursos utilizados para cubrir el pago a CAMMESA.
Si la deuda se acumuló durante años, hubo una decisión política de tolerarla.
Las refinanciaciones pueden ser necesarias para impedir el colapso de una cooperativa, pero no pueden convertirse en sustitutos de la transparencia. Cada plan de pagos debería estar acompañado por auditorías, publicación de balances, cronogramas verificables y explicaciones sobre el destino del dinero cobrado.
De lo contrario, se construye un sistema perverso: paga tarde recibe financiamiento; paga en término absorbe el costo del esfuerzo; y el contribuyente provincial funciona como respaldo final.
Aunque APE ofrece una bonificación del 2,5% a las cooperativas que abonan puntualmente, el incentivo parece insuficiente frente a la posibilidad recurrente de refinanciar deudas durante años.
No todas las cooperativas son iguales
También sería injusto colocar a todas las cooperativas pampeanas bajo sospecha.
Existen entidades que cumplen, administran responsablemente sus recursos y sostienen servicios esenciales en localidades donde difícilmente llegaría una empresa privada. El cooperativismo tuvo y tiene un papel central en el desarrollo de La Pampa.
Precisamente por eso hay que protegerlo de las malas administraciones.
Defender a las cooperativas no significa encubrir a sus dirigentes. Una cooperativa pertenece a sus asociados, no a los integrantes circunstanciales de su consejo de administración ni al gobierno provincial de turno.
Las entidades cumplidoras también son perjudicadas cuando el Estado evita diferenciar entre quien administra con responsabilidad y quien convierte el incumplimiento en una práctica permanente.
El riesgo no es solamente contable
Una deuda multimillonaria no queda encerrada en una planilla de cálculo.
Cuando una cooperativa pierde capital de trabajo, disminuye su capacidad para renovar transformadores, reparar líneas, modernizar instalaciones, comprar equipamiento y responder ante emergencias.
Las posibles consecuencias son concretas:
- Menor inversión en redes eléctricas.
- Más fallas y cortes del servicio.
- Equipamiento envejecido.
- Cooperativas técnicamente insolventes.
- Aumentos tarifarios para cubrir deudas anteriores.
- Nuevos aportes o rescates con fondos provinciales.
- Pérdida de autonomía de las entidades.
- Una pesada herencia para las próximas administraciones.
La energía puede seguir llegando hoy porque la Provincia mantiene el pago a CAMMESA. Pero esa continuidad no demuestra que el sistema sea financieramente saludable. Solamente demuestra que alguien está cubriendo el agujero.
La bomba que recibirán los próximos gobiernos
Una deuda refinanciada a 120 meses atraviesa más de una gestión provincial y varias conducciones cooperativas.
Quienes asumieron después pueden terminar pagando compromisos generados por administraciones anteriores, mientras deben sostener la factura corriente y realizar inversiones cada vez más urgentes.
Así se fabrica una bomba financiera: se consume hoy, se posterga el pago y se envía la cuenta hacia el futuro.
El problema no se resolverá escondiendo cifras, culpando exclusivamente al contexto nacional o anunciando otro convenio. La Provincia debe publicar la deuda actualizada de cada cooperativa, los intereses acumulados, los planes vigentes, el nivel de cumplimiento y los resultados de auditorías independientes.
También debe establecerse claramente cuánto dinero fue cobrado a los usuarios y qué destino recibió.
La pregunta que nadie puede seguir evitando
Los pampeanos tienen derecho a saber qué sucede con el dinero de sus facturas.
Si una parte de la deuda se explica por morosidad de hogares, comercios, industrias o municipios, debe informarse. Si se originó en tarifas insuficientes, debe demostrarse con balances. Si hubo gastos administrativos desproporcionados, también debe conocerse. Y si existieron fondos cobrados que fueron desviados de su destino, deben intervenir los organismos de control y la Justicia.
No alcanza con decir que las cooperativas atraviesan dificultades. Tampoco alcanza con refinanciar una y otra vez.
La deuda superior a los $9.000 millones conocida al cierre de 2024 fue una advertencia. La aparición posterior de un plan a diez años confirmó que el problema estaba lejos de resolverse.
La defensa del cooperativismo exige responsabilidad, balances abiertos y controles reales. Porque si los usuarios pagan, APE no cobra y las cooperativas quedan endeudadas, falta responder una pregunta elemental:
¿Dónde está el dinero de la luz?