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terrenos en barrios populares de Santa Rosa señalados por venta irregular
La Pampa · 3 min

La UCR denuncia ventas ilegales de terrenos en Santa Rosa: ¿negligencia municipal?

Por Redacción Pampa Liberal

La UCR denunció que en los barrios El Nuevo Salitral y Micaela García de Santa Rosa se realizaron ventas ilegales de terrenos públicos, sin fundamento legal ni control municipal.

En Santa Rosa, la reciente denuncia de la Unión Cívica Radical sobre ventas ilegales de terrenos en barrios populares como El Nuevo Salitral y Micaela García expone un problema que va mucho más allá de simples irregularidades: es la muestra clara de la falta de una gestión municipal eficiente y vigilante. Cuando un Estado se presenta como garante del bienestar social y provee tierras para sectores vulnerables, no puede permitirse dejar que estas propiedades públicas se conviertan en moneda de cambio de operaciones oscuras. La negligencia estatal en este sentido no solo mina la confianza ciudadana, sino que abre la puerta a la usurpación fraudulenta y a la degradación de una política pública que, en principio, busca corregir desigualdades.

Desde una visión liberal, la propiedad privada constituida con claridad jurídica y transparencia es piedra basal de cualquier sociedad libre y próspera. Aquí, sin embargo, nos encontramos ante “ventas non domino”: transacciones sin fundamento legal y que ponen en riesgo el patrimonio común. La causa no es la iniciativa privada, sino la ausencia de un Estado limitado pero eficiente, capaz de resguardar la legalidad, evitar abusos y asegurar que los derechos de los ciudadanos, en especial los más vulnerables, estén debidamente protegidos. Estas operaciones irregulares destruyen la seguridad jurídica, esencial para cualquier economía de mercado saludable, y socavan la verdadera libertad, que es poder confiar en que aquello que se posee es legítimo y defendible.

Más aún, el entramado legal que regula estos barrios populares en Santa Rosa, desde la obligatoriedad del Certificado Único de Vivienda Familiar hasta la inscripción en el RENABAP, debe ser respetado y aplicado con rigor. El Estado no puede permitirse el lujo de ser un rehén pasivo de estos problemas ni justificar su inacción bajo la piel de un Estado benefactor que “hace lo que puede”. Menos aún debe complicar esta realidad cuando operadores externos como el Colegio de Escribanos podrían facilitar, de modo inadvertido o negligente, la persistencia de estas irregularidades. La función municipal no es meramente asistencialista, sino proteger con eficiencia la propiedad común y garantizar que los procesos se desarrollen ordenadamente y conforme a la ley.

Esta denuncia pone en evidencia la diferencia fundamental entre la eficiencia y la improvisación estatista. Mientras algunos actores buscan extender su poder e influencia a través de clientelismos y distribución deficiente de recursos, la verdadera tarea del Estado consiste en limitar su intervención a la administración transparente y ordenada de sus bienes, asegurando que esos bienes sirvan para promover la libertad y responsabilidad ciudadana. Solo un municipio que combine vigilancia activa, promoción de la legalidad y educación ciudadana podrá evitar que estas situaciones se conviertan en una trampa para los propios vecinos que buscan mejorar sus condiciones de vida.

En última instancia, la cuestión no es solo cuánto ni cómo interviene el Estado, sino qué valores defiende en cada paso que da. Santa Rosa y toda La Pampa necesitan municipios que entiendan que proteger la propiedad y garantizar seguridad jurídica no es un trámite burocrático, sino un acto de respeto hacia la libertad individual y un requisito para el progreso genuino. Solo así se podrá evitar que la excusa del Estado benefactor se convierta en la primera justificación para la negligencia y para el abuso que tanto daño hacen a quienes más quieren ayudar. La libertad, el respeto a la ley y la eficiencia pública son el verdadero camino para un desarrollo urbano justo y próspero en nuestra provincia.

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