La ministra de Mujeres de Kicillof admitió que conocía los abusos en el Senado bonaerense: el costo de un Estado que mira para otro lado

La detención de referentes del Movimiento Ciudadano “La Capitana” volvió a exponer una zona oscura que en la Provincia de Buenos Aires se repite con demasiada frecuencia: denuncias graves, rumores persistentes, señales públicas… y un Estado que llega tarde. Según la investigación, las acusaciones por abusos sexuales se arrastraban desde al menos 2014 y durante años no encontraron una respuesta efectiva. La causa, a cargo de la fiscal Betina Lacki, empezó como un expediente aislado y derivó en la hipótesis de un presunto esquema de abuso sistemático con rasgos sectarios.

Lo más delicado no es solo lo penal —que deberá probarse en la Justicia—, sino lo político e institucional: durante años, los sospechosos habrían ganado visibilidad, mantenido cargos en la Legislatura provincial y participado en actos públicos pese a existir denuncias y medidas judiciales. En ese contexto, la ministra de Mujeres y Diversidad bonaerense, Estela Díaz, reconoció que las acusaciones “circulaban como rumor” desde su asunción en 2019, pero que el Ministerio tomó intervención formal recién en octubre de 2024.

Cinco años de “rumores” que no activaron mecanismos preventivos ni una intervención temprana. Y la pregunta que cae por su propio peso es incómoda: ¿para qué existe un ministerio si, ante señales tan graves, se limita a mirar desde la tribuna hasta que el tema explota? Cuando la burocracia se vuelve excusa y la política se vuelve blindaje, el resultado es siempre el mismo: las víctimas quedan solas y los victimarios siguen circulando con normalidad.

La causa también pone el foco en el rol de Melina Gaudino, señalada por la investigación como una pieza clave para garantizar impunidad. Según se detalla, se habría presentado falsamente como abogada, simulando gestiones judiciales y convenciendo a víctimas de que “sus causas avanzaban”. A pesar de no contar con título habilitante, habría ocupado cargos en distintas instituciones, y habría utilizado supuestos vínculos con el Poder Judicial para desalentar denuncias.

Más allá de la discusión partidaria, el caso evidencia un patrón típico del Estado sobredimensionado y mal controlado: estructuras que se multiplican, discursos que abundan, presupuestos que crecen, pero resultados que no llegan cuando importa. Desde una mirada liberal, esto no es una anécdota: es un síntoma. Un aparato que concentra poder, reparte cargos y funciona con lógicas de lealtad política termina generando incentivos perversos. Nadie quiere ser el que “hace olas”, nadie quiere exponer a los propios, y la consecuencia es la impunidad.

El debate que queda abierto es claro: si una denuncia grave “circula como rumor” durante años, el problema ya no es solo judicial; es institucional. No alcanza con sumar organismos si no hay auditorías, trazabilidad de actuaciones, protocolos obligatorios y responsabilidades reales por inacción. Un Estado serio no espera a que el escándalo sea tapa: actúa antes, protege a tiempo y rinde cuentas después.

Ahora la fiscalía solicitó unificar expedientes para abordar el caso como un esquema de abuso sistemático. La investigación avanza en dos direcciones: la responsabilidad penal de los acusados y la posible complicidad —por omisión o negligencia— que permitió que el entramado se sostuviera durante más de una década. Si eso se confirma, no será solo un caso de abuso: será, también, un caso de Estado.