Ingeniero Luiggi: el caso que se repite en toda la provincia

Compras públicas sin licitación, proveedores fijos y baja transparencia en la gestión local desde 2023

Desde diciembre de 2023, la Municipalidad de Ingeniero Luiggi, ahora bajo la intendencia de Gustavo Salvadori, prometió ordenar las cuentas y mejorar los procesos administrativos. Sin embargo, el esquema de compras públicas no parece haber cambiado demasiado. Lo que ocurre en Luiggi es lo que ocurre —con diferentes matices— en buena parte de los municipios pampeanos: un sistema cerrado, poco competitivo y con escasa transparencia.

En lo que va de la nueva gestión, la mayoría de las adquisiciones municipales se realizaron mediante contrataciones directas o concursos de precios cerrados, sin licitaciones abiertas ni publicaciones claras en boletines oficiales. El argumento suele ser la escala del municipio o la urgencia de las compras. Pero el resultado es siempre el mismo: los proveedores habituales siguen ganando todo.

Corralones, estaciones de servicio, ferreterías, pequeños contratistas y comercios del medio local concentran prácticamente el 100% de las compras municipales desde 2023. Y si bien apoyar al comerciante local no está mal —especialmente en pueblos chicos—, el problema aparece cuando se hace sin control, sin comparación de precios y sin procesos formales.

El Estado termina comprando donde siempre, a quienes siempre, y muchas veces sin asegurarse que ese gasto sea el más eficiente. ¿Es favoritismo? ¿Es falta de alternativas reales? ¿Es costumbre? Puede ser una mezcla de todo. Pero lo que no puede ser es la ausencia total de mecanismos competitivos.

A esto se suma la falta de información pública. No hay registros sistemáticos ni publicaciones accesibles que permitan saber quiénes ganan las contrataciones, cuánto se paga, con qué criterios se elige, o cuántas veces se contrata a cada proveedor. Incluso el Tribunal de Cuentas tuvo que intervenir en años anteriores por contrataciones mal publicadas, lo que muestra que el problema no es nuevo ni exclusivo de una gestión.

El resultado es un círculo cerrado que desalienta la competencia, impide controlar el gasto real del municipio y reproduce una lógica de cercanía política o comercial más que de eficiencia pública. No hay acusaciones formales de corrupción, pero sí una cultura de informalidad enquistada, que el Estado local no parece dispuesto a cambiar.

Este caso, que ocurre en Ingeniero Luiggi, bien podría replicarse en Victorica, Catriló, General San Martín o Macachín. Cambian los nombres, los rubros y los intendentes, pero el mecanismo es el mismo: el Estado compra sin licitar, a los de siempre, sin rendir cuentas.

Desde una visión liberal, esto no es menor. Porque el Estado es el principal comprador de bienes y servicios en muchos pueblos, y si ese dinero no circula con reglas claras, lo que se pierde no es solo plata: se pierde confianza, oportunidad y libertad de competir.

Si queremos una provincia con sector privado fuerte, emprendedores reales y mejores servicios, el primer paso es que el Estado deje de proteger a sus proveedores amigos. Y empiece, de una vez, a gastar con responsabilidad, transparencia y reglas para todos.