Cuando el poder cree estar por encima: vecino denuncia maltrato y abusos en Ingeniero Luiggi
El reclamo por un vehículo municipal mal estacionado en Ingeniero Luiggi terminó con el vecino siendo tratado de 'maleducado' por la jueza de Faltas, según consta en un acta policial.
Ingeniero Luiggi, La Pampa, 14 de mayo de 2025 – Un simple reclamo por un vehículo mal estacionado en las cercanias de la municipalidad de Ingeniero Luiggi terminó por revelar un patrón de impunidad de funcionarios locales. El episodio, documentado a las 12:00 horas en un “Acta de Exposición” de la Comisaría Departamental, expone no solo la falta de respuesta estatal, sino incluso el maltrato verbal al que fueron sometidos los vecinos que buscan hacer cumplir las normas.
Según consta en el acta, el ciudadano se presentó ante la Policía para denunciar que “el vehículo del municipio estaba mal estacionado” ya que estaba estacionado en doble mano en un estacionamiento sin señalizar, por ende, publico. Al dirigirse primero al Juzgado de Faltas, “no me dieron ningún tipo de respuesta; no es la primera vez que el vehículo del municipio se encuentra mal estacionado, razón por la cual más de una vez he intentado estacionar en el mismo y no he podido” —se lee textualmente en el documento.
Al retirarse del Juzgado de Faltas, el reclamante fue increpado por la Jueza de Faltas municipal, “no pudiendo decir con exactitud quién era, pero debe ser la jueza”, calificándolo de “maleducado” y dejándolo sin más opción que elevar la queja formal. Las fotografías tomadas en el lugar muestran una prueba contundente.
Los materiales aportados incluyen:
- Acta policial donde consta la hora y el motivo de la denuncia.
- Imágenes que prueban la reiteración del mal estacionamiento de unidades oficiales.
- Sellos y firmas de la Comisaría y funcionario actuante, certificando la recepción de la exposición.
Este caso no es un incidente aislado: refleja cómo algunos empleados públicos se sienten con licencia para violar las normas sin consecuencias. En un municipio de apenas 6.000 habitantes, la falta de sanciones reales alimenta la desconfianza ciudadana y erosiona el principio básico de igualdad ante la ley.
Cuando el Estado pierde el miedo a rendir cuentas, deja en evidencia un trato de privilegio que deslegitima a las instituciones. Exigir transparencia y sanciones proporcionales no es un capricho: es el único camino para recomponer la confianza y garantizar que ninguna persona, sea funcionario o vecino, esté por encima de las reglas que rigen a toda la comunidad.
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