Fraude con tarjetas SUBE: el empleado que engañó al Estado y terminó condenado
Marcelo Alberto Martín, exempleado del Departamento de Transporte Urbano, emitió de forma irregular 22 tarjetas SUBE para personas con discapacidad entre 2022 y 2023, generando un perjuicio superior al millón de pesos.
Marcelo Alberto Martín, empleado del Departamento de Transporte Urbano de la Municipalidad de General Pico, fue condenado a dos años de prisión en suspenso y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, tras ser hallado culpable de fraude contra la administración pública. La sentencia fue dictada por la jueza de control Ana Laura Ruffini, en el marco de un acuerdo de juicio abreviado presentado por la fiscalía y la defensa del imputado.
Entre marzo de 2022 y junio de 2023, Martín emitió de forma irregular 22 tarjetas SUBE destinadas a personas con discapacidad, consignando en el sistema informático que los beneficiarios contaban con el Certificado Único de Discapacidad, cuando en realidad no lo tenían. Las tarjetas permitían el acceso gratuito al transporte público, generando un perjuicio económico estimado en más de un millón de pesos para el municipio.
La maniobra fue descubierta cuando una de las personas beneficiadas intentó renovar el subsidio en la Terminal de Ómnibus y fue atendida por otro empleado, lo que derivó en la denuncia formal del director de Transporte Urbano, Gustavo Bernardini. Durante el proceso judicial, Martín reconoció los hechos y asumió la responsabilidad, lo que permitió avanzar con el juicio abreviado. El fiscal Matías Juan calificó el accionar como “delictivo e inescrupuloso” y aclaró que, por el momento, las personas que utilizaron las tarjetas no están siendo investigadas, aunque podrían ser citadas si se detecta participación directa.
Además de la pena en suspenso, Martín deberá cumplir reglas de conducta durante dos años: fijar domicilio, informar cualquier cambio al juez o fiscal, y someterse a programas de orientación para personas en conflicto con la ley penal. La jueza Ruffini ordenó remitir copia de la sentencia a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de La Pampa, para que se evalúe su situación laboral en el ámbito municipal.
Este caso expone la necesidad de reforzar los controles internos en la administración pública y garantizar que los beneficios sociales lleguen exclusivamente a quienes realmente los necesitan. La transparencia institucional y la responsabilidad individual son pilares fundamentales para preservar la confianza ciudadana en los sistemas de asistencia estatal.