Fin de Vialidad Nacional: el Estado se achica y las rutas cambian de manos
El Gobierno nacional se prepara para oficializar una profunda reestructuración del sistema de movilidad y transporte mediante un decreto que contempla la disolución de cuatro organismos clave: la Dirección Nacional de Vialidad, la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). La medida, impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, se publicaría antes del 8 de julio, fecha en que vencen las facultades delegadas otorgadas al Ejecutivo por el Congreso.
El argumento central detrás de esta decisión es la superposición de funciones entre los organismos eliminados y otras dependencias como la Secretaría de Transporte. Por ejemplo, tanto la Comisión Nacional del Tránsito como la ANSV coordinan programas de prevención de accidentes, mientras que la CNRT fiscaliza el transporte de carga y pasajeros, tareas que también recaen parcialmente en otras áreas. Esta duplicidad, según fuentes oficiales, ha generado ineficiencias operativas y administrativas que se busca corregir con una estructura más compacta y funcional.
Uno de los cambios más significativos será el traspaso del control del tránsito nacional a la Gendarmería Nacional. Esta fuerza de seguridad asumirá tareas de fiscalización, prevención y control en rutas de jurisdicción nacional, pasos internacionales y áreas de control integrado. La Gendarmería también se encargará de verificar infracciones, gestionar operativos viales y coordinar acciones con autoridades provinciales. Por su parte, el Ministerio de Economía tomará el control de las concesiones de obras viales y servicios públicos de transporte terrestre, además de absorber los activos financieros y patrimoniales de Vialidad Nacional, que cuenta actualmente con más de 5300 empleados, de los cuales 1500 ocupan cargos jerárquicos.
En reemplazo de las estructuras eliminadas, se creará la Agencia de Control de Concesiones de Transporte, que tendrá a su cargo la fiscalización de contratos de concesión de obras viales, líneas ferroviarias y servicios de transporte público. También se transformará la Junta de Seguridad en el Transporte, que pasará a llamarse Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, enfocándose exclusivamente en la aviación civil.
Este rediseño institucional busca consolidar un modelo de gestión más ágil, con menos burocracia y mayor capacidad operativa. Sin embargo, el alcance de los cambios genera interrogantes sobre la articulación con gobiernos provinciales y municipales, la continuidad de los controles en rutas y la preservación de estándares de seguridad vial. En un contexto de transformación estatal, el desafío será equilibrar eficiencia con responsabilidad pública.