Ejecución de garantías: Sturzenegger anticipa un proyecto que recorta el monopolio bancario

El ministro de Desregulación y Transformación adelantó los lineamientos de una reforma del mercado de capitales que el Gobierno enviará al Congreso en los próximos días. El paquete ampliaría los bienes que un productor o un comercio puede dejar como garantía y les sacaría a los bancos la exclusividad en dos terrenos: la ejecución de garantías y el financiamiento de ventas con tarjeta. Nada de eso rige hasta que haya ley sancionada.

Un productor que hoy quiere financiarse tiene una lista corta de bienes para ofrecer como garantía. Si el proyecto que anticipó el Gobierno nacional llega a convertirse en ley, esa lista se amplía: entre los bienes prendables entrarían las cosechas futuras.

El ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, adelantó los lineamientos de una reforma del mercado de capitales que, según anunció, se enviará al Congreso en los próximos días. Lo hizo en la inauguración de la “Semana del Inversor”, en la Cámara de Comercio, según informó el diario La Gaceta.

El texto, dijo, se elaboró junto con la Comisión Nacional de Valores (CNV) y el Banco Central. Del encuentro participaron el presidente de la CNV, Roberto Silva, directores del BCRA y representantes del sistema financiero.

“Es un proyecto de mercado de capitales que tiene dos grandes ejes: el eje de la simplificación, de la desregulación, de la mayor libertad en los bienes que podés prendar, en los instrumentos que podés usar y cómo armás los contratos”, explicó Sturzenegger, en declaraciones consignadas por el diario Ámbito.

El corazón del anuncio está en las garantías, la parte menos glamorosa y más decisiva del crédito. Una garantía es el bien que respalda un préstamo: cuanto más limitada es la lista de bienes aceptados y más engorroso el trámite, más caro y más escaso resulta el financiamiento para el que produce.

Los cambios anticipados en ese terreno son cuatro:

• Warrants: el seguro dejaría de ser obligatorio y se ampliaría el universo de bienes que pueden usarse como garantía. El warrant es el certificado que permite tomar crédito dejando mercadería depositada como respaldo.
• Prendas: se podrían constituir segundas o terceras prendas sin autorización del primer acreedor, y se sumarían bienes hoy excluidos, entre ellos las cosechas futuras.
• Registro Federal de Garantías: un sistema centralizado, administrado por el BCRA, para consultar qué bienes están afectados a prendas y otras garantías.
• Ejecución: se eliminaría el monopolio que hoy tienen los bancos sobre determinados mecanismos de ejecución de garantías.

Ese último punto marca el carácter del proyecto. No se reparte un subsidio ni se crea una línea especial: se saca un privilegio legal. Si un acreedor no bancario puede ejecutar una garantía con las mismas herramientas que un banco, el que presta deja de ser un club cerrado.

La misma lógica aparece en las tarjetas de crédito. Hoy el financiamiento de esas ventas queda canalizado a través de entidades financieras. Con la reforma, los comercios podrían financiar créditos originados en operaciones con tarjeta sin que esa actividad pase exclusivamente por los bancos.

Para las pymes hay otro punto concreto: la Factura de Crédito Electrónica MiPyme, el instrumento que permite a una empresa chica cobrar antes una factura emitida a un cliente grande. El proyecto buscaría eliminar intermediarios para facilitar su uso y el acceso al financiamiento. Menos manos en el camino, menos costo para el que necesita la plata hoy y no en noventa días.

El paquete incluye además la baja de regímenes regulatorios enteros. El de crowdfunding desaparecería porque, según Sturzenegger, perdió funcionalidad. El de planes de ahorro y capitalización también: esos contratos pasarían a regirse por el Código Civil y Comercial y por las normas de Defensa del Consumidor, con menor intervención de la Inspección General de Justicia. Se incorporarían a la ley las autorizaciones automáticas que la CNV ya aplica —emitir sin aprobación previa, con fiscalización posterior— y se habilitaría la emisión de Obligaciones Negociables en UVA, la unidad que se actualiza por inflación.

Conviene marcar el límite que el entusiasmo suele saltear: esto es un anuncio. No hay texto presentado, no hay dictamen y no hay votación. Hasta que el Congreso sancione la ley, ningún productor puede prendar una cosecha futura ni ningún comercio financiar por fuera de un banco. Y ahí se verá quién defiende cada exclusividad que el proyecto propone eliminar.

Sturzenegger sumó afirmaciones propias que conviene leer como tales. Estimó en U$S300.000 millones el ahorro argentino en el exterior que, en condiciones normales, podría volcarse al mercado local; sostuvo que el país ya resolvió las restricciones fiscal y externa; y definió el proyecto como el “broche de oro” de la transformación regulatoria. Sobre el escenario político dijo: “El próximo año, con la reelección del presidente Javier Milei, solucionaremos la restricción política”. Son pronósticos y balances suyos, no resultados medidos.

Silva, por su parte, puso números a la gestión de la CNV: aseguró que ya se avanzó sobre el 80 % de las normativas del organismo y que se emitieron 181 resoluciones generales, frente a un promedio histórico de 16 por año. Dijo también que el mercado de capitales más que duplicó su valor en términos corrientes y que todavía representa entre el 7 % y el 8 % del PBI. Ese porcentaje muestra el tamaño del problema que el proyecto dice querer resolver: un mercado chico ofrece pocas alternativas de financiamiento.

“Nuestro objetivo es que sea todo más fácil, serio y transparente”, afirmó el titular de la CNV.

No todo en esa gestión va en la misma dirección. La Resolución General 1166/2026 estableció que la transferencia es la única modalidad habilitada para recibir y entregar fondos entre las Alycs —los agentes de liquidación y compensación, las sociedades por las que un ahorrista opera en el mercado— y sus clientes, lo que obliga a pasar por una cuenta bancaria. La norma generó cuestionamientos en el sector.

Silva la defendió. Dijo que escuchó “disparates” en algunos cuestionamientos, que existe una norma según la cual no se puede eludir un sistema de pagos salteando la cuenta bancaria y que la patente de Alyc no está para evadir controles sino para el crecimiento del mercado. Sobre el reclamo impositivo fue tajante: “La CNV no crea impuestos, no tiene la capacidad de subirlos ni de bajarlos, los impuestos los crea el Congreso. ARCA es el que se ocupa de la recaudación y fiscalización”.

La discusión sigue abierta y sirve de vara: desregular en serio implica revisar también las normas propias cuando agregan un paso obligatorio. Sturzenegger tiene antecedentes en esa dirección, como la eliminación de 973 trabas en la actividad vitivinícola y la Ley Hojarasca, que apunta contra entes, privilegios y regulaciones inútiles.

El contraste con lo que se discute acá es difícil de ignorar. Mientras a nivel nacional se propone ampliar las garantías para que el crédito llegue por su cuenta, en La Pampa la receta del Gobierno provincial pasa por crédito subsidiado, impuesto cero para algunos sectores y más articulación estatal. Dos respuestas distintas al mismo problema.

Para el productor, el comerciante o la pyme pampeana la pregunta práctica es corta: qué puede ofrecer como garantía y a quién puede pedirle plata. El proyecto apunta ahí.

Ahora falta escribirlo, presentarlo y votarlo.