IA en la Justicia pampeana: qué podrán hacer los jueces y qué tendrán prohibido

El protocolo rige desde el 13 de octubre y alcanza también a funcionarios, empleados y auxiliares. Exige control humano, protección de los datos e identificación del contenido elaborado con estas herramientas.

El Superior Tribunal de Justicia de La Pampa habilitó el uso de inteligencia artificial como herramienta de apoyo en el Poder Judicial, pero trazó un límite central: ningún sistema podrá reemplazar el análisis jurídico ni la decisión de jueces y funcionarios. La responsabilidad por cada actuación seguirá en manos de las personas.

La regulación fue aprobada mediante el Acuerdo Nº 25/2026 y entró en vigencia el 13 de octubre. Sus pautas alcanzan a magistrados, funcionarios, empleados y profesionales auxiliares que utilicen inteligencia artificial en tareas vinculadas con la Justicia provincial.

El protocolo permite recurrir a estas herramientas para asistir el trabajo, ordenar información o preparar contenidos. Esa ayuda no habilita a trasladarles la valoración de las pruebas, la interpretación del derecho ni la resolución de un caso. La inteligencia artificial podrá colaborar; no podrá juzgar.

Quien la utilice deberá revisar los resultados antes de incorporarlos a una actuación. El control comprende la exactitud de la información, sus antecedentes y la posible presencia de sesgos. Una respuesta convincente de una aplicación no será suficiente: el agente judicial conservará la obligación de comprobarla y responder por el contenido final.

La protección de la información constituye otro eje del protocolo. La regulación recomienda no ingresar datos personales, sensibles o confidenciales en plataformas externas y aplicar técnicas de anonimización cuando corresponda. El recaudo apunta a evitar que los expedientes y la información de las partes queden expuestos al utilizar esos sistemas.

Los documentos preparados con asistencia de inteligencia artificial deberán identificar esa intervención. Por separado, el protocolo recomienda informar la herramienta empleada y su versión, un dato que permite conocer con mayor precisión cómo fue elaborado el contenido.

La regulación contempla, además, que las partes puedan conocer y cuestionar el uso de estos sistemas cuando incida en una actuación judicial. Esa trazabilidad permite discutir el resultado y ejercer las vías de revisión correspondientes, en lugar de convertir el funcionamiento de una aplicación en una caja negra inmune al control.

El acuerdo incorpora la capacitación como parte de la implementación. Quienes utilicen estas herramientas deberán conocer sus posibilidades, sus límites y riesgos como los errores, los sesgos y la exposición de información confidencial.

La inteligencia artificial ya se utiliza para procesar grandes volúmenes de información pública: una plataforma que muestra cómo votan los legisladores recurrió a esa tecnología para ordenar actas. En la Justicia, su utilización queda sujeta a los recaudos fijados por el Superior Tribunal porque puede incidir en derechos y decisiones individuales.

El protocolo no informa todavía ahorros concretos ni resultados medibles derivados del uso de inteligencia artificial en la Justicia pampeana. La regulación se concentra en las condiciones de utilización: revisión de los resultados, identificación de la asistencia tecnológica y resguardo de la responsabilidad profesional.

La capacitación prevista deberá preparar a magistrados, funcionarios, empleados y auxiliares para reconocer los límites y riesgos de estas herramientas. Aun cuando intervenga un sistema de inteligencia artificial, la verificación del contenido y la responsabilidad por cada actuación permanecerán en manos de las personas.