La Secretaría General explota en cargos políticos en el Presupuesto 2026: +47 puestos sin justificar y riesgo máximo de corrupción

La revisión del Presupuesto 2026 dejó al descubierto uno de los movimientos más sensibles —y peligrosos— dentro de la estructura del Gobierno provincial: la Secretaría General de la Gobernación sumará 47 cargos nuevos, todos de tipo político, elevando su dotación total a 599 agentes, a pesar de que su planta administrativa real se mantiene estable en 552 empleados desde hace “5 o 6 años”, tal como admitió el propio secretario José Vanini en la Comisión de Hacienda.

El crecimiento de la estructura no está asociado a ninguna ampliación de funciones ni a nuevos servicios públicos. Por el contrario, la Secretaría General es un área puramente administrativa: coordina gestión interna, maneja la comunicación del Gobierno, supervisa servicios generales, administra los medios estatales y concentra la publicidad oficial. Ninguna de estas tareas requiere incorporar inspectores, técnicos, profesionales de campo o nuevas áreas operativas.

Sin embargo, el Presupuesto 2026 muestra lo contrario: se agregan casi un 9% más de cargos, todos en el nivel superior de la pirámide estatal. Autoridades, asesores y operadores políticos que no responden a concursos, no presentan funciones técnicas definidas y no cuentan con indicadores de desempeño visibles.

La pregunta que la Legislatura no logró responder es simple:
¿Para qué necesita la Secretaría General casi medio centenar de cargos políticos nuevos en un área que no creció en funciones?

El riesgo institucional es evidente. La Secretaría General es el nodo de mayor concentración de poder político del Poder Ejecutivo. Administra pauta oficial por miles de millones, controla la TV Pública Pampeana, maneja la comunicación gubernamental, accede a información interna sensible y coordina decisiones estratégicas del gabinete. Aumentar su plantilla política sin justificación técnica implica:

• Mayor opacidad en el manejo de fondos.
• Más intermediarios entre los recursos públicos y los mecanismos de control.
• Mayor posibilidad de cargos fantasma o de baja productividad.
• Multiplicación de asesores sin rol real.
• Captura burocrática por operadores partidarios.

El patrón coincide, además, con el explosivo crecimiento del gasto en comunicación y publicidad oficial durante los últimos años. En 2025, la Secretaría manejó más de 7.200 millones de pesos en pauta; para 2026 pidió 4.500 millones más, pese a no poder detallar proveedores, criterios ni campañas concretas durante su presentación en el recinto.

La suma de todos estos elementos —crecimiento político sin sustento técnico, concentración de funciones sensibles y falta de transparencia en áreas críticas— convierte a la Secretaría General en el mayor foco interno de riesgo de corrupción del Presupuesto 2026.

La planta administrativa no crece.
Las funciones no crecen.
Las necesidades técnicas no crecen.
👉 Solo crece la política.

Y en una estructura que ya controla comunicación, pauta e información institucional, esa expansión no solo es innecesaria.
Es peligrosa.