Emergencia en La Adela: Moro activa el plan que la oposición quiso frenar

La sesión del Concejo Deliberante de La Adela culminó con la aprobación de la ordenanza de “Emergencia Administrativa”, impulsada por el intendente Federico Moro. La medida fue sancionada por mayoría, con el respaldo de los ediles oficialistas Silvia Amado, Natalí Rubio y Pablo Salazar, mientras que los concejales del PJ, Erminda Birge y Carlos Pereyra, votaron en contra. Apenas finalizada la sesión, Moro promulgó la norma mediante la resolución 99/25, activando su vigencia inmediata.

La decisión se enmarca en una situación económica crítica: la recaudación municipal apenas alcanza el 35% de lo proyectado, la coparticipación cayó drásticamente y la sequía prolongada paralizó la actividad ganadera, principal motor económico local. Moro advirtió que “la gente no llega a fin de mes y va a dejar de pagar los servicios”, y apuntó directamente al ajuste nacional como responsable del ahogo financiero. La ordenanza busca evitar despidos masivos y garantizar el pago de salarios, aunque sea de forma escalonada.

La medida estará vigente hasta el 10 de diciembre de 2027, o hasta que se registren doce meses consecutivos de crecimiento económico real por encima de la inflación (según OPC-Indec). El Ejecutivo quedó autorizado para cancelar deudas con entrega de bienes muebles, acceder a financiamiento y utilizar créditos fiscales, siempre con aprobación del Concejo. El pago de sueldos se realizará en tramos: una fracción se depositará según disponibilidad presupuestaria, y cada viernes se completará el monto total, priorizando a quienes están en el último tramo de la escala salarial.

Este episodio no solo revela una crisis local, sino que expone las limitaciones estructurales del modelo estatista. Cuando el Estado se vuelve ineficiente, la gestión se paraliza y la ciudadanía paga el costo. La ordenanza puede ser un alivio temporal, pero no una solución de fondo. Es momento de repensar el rol del Estado: menos burocracia, más autonomía municipal, más libertad para que cada comunidad decida cómo administrar sus recursos. Porque el liberalismo no es solo una teoría económica: es una herramienta concreta para devolverle al ciudadano el control sobre su destino.